Desde su mismo inicio, el actual gobierno de facto (denominado “de transición”) hizo evidente su voluntad de ir contra la libertad de expresión. Recordamos las reiteradas amenazas de la que entonces era ministra de comunicación, utilizando y aplicando indiscriminadamente la figura de sedición, en particular contra periodistas y comunicadores/as nacionales y extranjeros, que se vieron obligados a dejar de informar.

Transcurridos cinco meses de la nueva administración estatal, dicha tendencia al control de la libre expresión no se atenuó, sino que por el contrario se ha tornado sistemática, ampliando su campo de acción contra individuos, organizaciones políticas legalmente establecidas, e incluso territorios completos, que son criminalizados e insultados en forma pertinaz y pública, alentando el odio y la discriminación entre sectores sociales.

La aparición del Covid-19, que abre un capítulo particularmente sensible y agrega nuevas tensiones, parece haber servido al gobierno para potenciar y multiplicar estrategias de represión, militarización y obligación a la obediencia ciega sobre la ciudadanía, que se ve excluida de participar activamente en la difícil situación sanitaria. Un dato revelador muestra que, de diez decretos supremos emitidos por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, únicamente dos hacen referencia a la emergencia, y todos presentan un planteo que se apoya en la acción de las fuerzas de seguridad.

A medida que transcurren los días se hace más palpable el desconcierto gubernamental ante la situación sanitaria, incluyendo contradicciones entre diversos niveles de gobierno, entre distintas instancias de salud, o reclamos de trabajadores/as de ese ramo por las pésimas condiciones laborales, que se suman a las muy escasas explicaciones de los funcionarios a cargo. Y si lo anterior fuera poco, se agregan las incertidumbres de una economía en recesión, sin claridad con respecto a políticas de mediano y largo plazo que garanticen no ya el bienestar, sino la simple supervivencia de las mayorías.

Ante ese panorama, es natural que la suma de inquietudes y desasosiego lleve a la ciudadanía a buscar y expresar ideas, opiniones e interrogantes utilizando las denominadas redes sociales. Pero aquí también se manifiesta la voluntad de vigilar mediante el llamado “ciberpatrullaje”, amedrentar e incluso encarcelar personas por medio de acusaciones vagas y difusas, que contradicen expresamente lo que indica la Constitución Política del Estado con relación a la expresión y difusión libre de pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación (ver C.P.E. Art.215), lo que señala el Art.19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos referido al derecho a no ser molestado a causa de opiniones, y lo que afirma el Art.13 del Pacto de San José de Costa Rica con respecto a la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole. En ese sentido debemos recordar que varias instancias internacionales defensoras de los DD.HH. han manifestado claramente su alarma y objeciones a las acciones del gobierno de facto.

Ante las circunstancias que vive el país, en particular los sectores más vulnerables, y en vista de las crecientes dificultades que se avizoran en muchos ámbitos, consideramos que ni la represión ni la persecución ni la criminalización aportan soluciones, y sólo agravan la situación, forzándola a escenarios y situaciones que repudiamos por el enorme daño que ocasionan al tejido social.

Plataforma de Derechos Humanos (Santa Cruz – BOLIVIA)
24 de abril 2020