Somos organizaciones de la sociedad, ciudadanas y ciudadanos conscientes, a quienes nos duele los miles de fallecidos, el desamparo y la incertidumbre de las familias ecuatorianas. Nos preocupan el hambre que ya padecen comunidades del campo y la ciudad. Nos indigna el abandono de las personas contagiadas y fallecidas por el COVID-19, y la inseguridad de los servidores de la salud, policía, militares y otros que luchan en primera línea contra la pandemia.

Tenemos un gobierno incapaz de priorizar la vida y la salud de nuestro pueblo. Desde 2018 se disminuyó la inversión en salud y educación por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se implementaron políticas neoliberales que desmantelaron el Estado, agravando la situación socioeconómica de la población. El gobierno favorece los intereses de las élites económicas, mientras despide a miles de médicos, enfermeras y otros empleados públicos. La persecución política a sus opositores es el signo de su estilo de gobernar.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó a todos los Estados, el gobierno de Lenin Moreno Garcés fue incapaz de tener un plan de contingencia y emergencia ante la pandemia. Sus decisiones son erráticas y negligentes, no apegadas a la técnica ni a los protocolos internacionales de salud, carece de un equipo científico-técnico de gobierno que enfrente la pandemia, y lamentamos que en estas condiciones sus representantes pretendan promover su imagen como si estuvieran en campaña política.

Guayaquil se convirtió en un referente de muerte y tragedia en el ámbito mundial, afectando la imagen internacional del país. “El modelo exitoso de ciudad” instaurado por las clases dirigentes durante varias décadas de ejercicio del poder político, colapsó porque el gobierno y la municipalidad privilegian un modelo económico neoliberal que no está al servicio de la población. Estas situaciones se extienden a otras provincias del país, especialmente de la costa ecuatoriana. Las medidas de aislamiento fueron tardías, llegando a autorizar un partido de futbol y otros espectáculos públicos y privados cuando ya se conocían los primeros casos, lo que desencadenó la expansión de la pandemia.

Vivimos una catástrofe humanitaria, social y económica en la que el gobierno privilegió el pago de USD. 326 millones a los tenedores de bonos de la deuda externa, en lugar de utilizarlos en la emergencia sanitaria. Ahora, con sus proyectos de ley, quiere que pobres, trabajadores y clases medias paguen el costo de la crisis, cuando antes desfinanció el presupuesto fiscal condonando y perdonando impuestos por USD. 4.295 millones a bancos y grandes empresas.

El país requiere un baño de verdad por lo que se debe transparentar la asignación de recursos, el número de personas contagiadas y fallecidas por el COVID-19, el número total de pruebas de diagnóstico aplicadas e informar la identidad y ubicación exacta de las personas fallecidas.

Estamos en un momento trágico e inédito en todo el país. Ha llegado el momento de reescribir las reglas del juego entre el Estado, la economía y la política, con los mandantes, el pueblo. Frente a este abismal escenario de grave crisis institucional, económica y política, es hora de levantar nuestras voces, articular propuestas y acciones y exigir las siguientes soluciones inmediatas:

1. Declaratoria de crisis humanitaria en todo el territorio nacional ecuatoriano.
2. Suspensión del pago de la deuda externa y se recauden impuestos de quienes tuvieron ganancias extraordinarias el año anterior, para financiar la política sanitaria y garantizar de forma emergente los derechos constitucionales a la salud, la vida y la alimentación, y demandamos que no se tomen decisiones improvisadas sobre la crisis, como el levantamiento del confinamiento sin sustento técnico.
3. Rechazamos todo intento de eliminar subsidios, despedir o bajar el sueldo a los trabajadores y privatizar hidroeléctricas, refinerías o minerías, porque con estas medidas no se solucionan los problemas, sino que se agravan en contra del pueblo, y ello ocasionaría una explosión social más grave aún, y por supuesto reprimida con mayor violencia, que la rebelión indígena-popular de octubre de 2019.
4. Exigimos la plena vigencia y garantía de los derechos constitucionales a la vida (Art, 66 numerales 1 y 2), a la salud (Art. 32), a la seguridad y soberanía alimentaria (Art. 281), a la libertad de expresión (Art. 66 numeral 6) y la resistencia pacífica (Art. 98).
5. Rechazamos los proyectos enviados por el Ejecutivo: ‘Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria’ y ‘Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas’, por ser lesivos a los grandes intereses nacionales,

y exigimos propuestas alternativas en defensa de los intereses de toda la población.

6. Demandamos que todo el gobierno de Lenin Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner, renuncien y que la Asamblea Nacional, conforme el marco de la Constitución de la República y el sentir de la nación, integre un gobierno de salvación nacional, para que resuelva los problemas vigentes y dé salida a la crisis humanitaria, sanitaria, social, económica y política existente. Este nuevo gobierno terminará el mandato constitucional actual y garantizará los procesos democráticos del 2021.

¡Constituimos este ACUERDO DE UNIDAD POR LA VIDA y convocamos a todos los sectores de la sociedad a unirnos para evitar la debacle nacional por el bien de todos, garantizar los derechos y salvar la Patria!

El 1 de mayo día de los derechos de los trabajadores, CONVOCAMOS para que sea el inicio de las acciones de RESISTENCIA de la sociedad civil, y LLAMAMOS a conformar una Comisión por la Verdad y la Vida para transparentar las cifras, controlar el uso de recursos públicos y devolver la dignidad de las víctimas y personas fallecidas.