NUESTRA PALABRA No 3

8 de mayo de 2020, fecha en la que el gobierno transitorio de Jeanine Añez desenmascara la verdadera intención de tomar por asalto la administración del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta fecha, no solamente fue posesionado Oscar Ortíz Antelo como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, sino que, minutos más tarde, amparados por la cortinade la emergencia sanitaria del coronavirus, se decreta la importación de semillas transgénicas supuestamente para garantizar la “reactivación económica”.

La sociedad en su conjunto rechaza esta nueva normativa por vulnerar a la Constitución Política del Estado (Art. 255. Parágrafo II. Núm. 8: Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.), pero principalmente por atentar contra la economía y la salud de la población.

La CPE ordena que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”, consecuente con este mandato, el año 2011, el gobierno legítimo de Evo Morales, aprueba y promulga la Ley N° 144, De Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria que en su Art. 15°, parágrafo I, núm. determina que “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificados de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”, normativa que en su momento generó críticas a la gestión del presidente Morales, pero que fueron el amparo legal para que la introducción de semillas transgénicas sean importadas con el fin único de sustitución de importaciones de combustibles como el diésel o la gasolina, hasta ahora subvencionados por el estado en su costo al consumidor final.

Los Artículos 16 y 381 de la CPE son claros al señalar, que el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria sana, diversa y suficiente y, sobre todo, la protección de nuestra biodiversidad y especies nativas.

La presión de los empresarios agropecuarios del oriente fue constante, bajo el argumento de generar “mayores ingresos al estado” a través de divisas y generación de empleo, así lo asegura el Pronunciamiento de la Cámara Agropecuaria del Oriente, publicado el 9 de mayo, un día después de la promulgación del Decreto Supremo 4232, cuestionado por la población boliviana a través de innumerables manifestaciones públicas. En su párrafo introductorio, el referido Pronunciamiento dice: “Los Productores Agropecuarios, organizados en instituciones de trayectoria y legalmente constituidas, manifestamos nuestro total apoyo a la valiente determinación del Gobierno Nacional, al permitir que accedamos a tecnologías de última generación que venimos reclamando por décadas.”

El argumento de mayores ingresos al país, no es otra cosa que el incremento de las ganancias de la oligarquía agroindustrial cruceña, que por años buscó la liberalización de exportaciones y la introducción de semillas modificadas genéticamente, en total desmedro de las nacientes organizaciones económicas comunitarias del campo y las ciudades, impulsando la deforestación masiva y descontrolada de grandes extensiones de bosques, acción que a su vez conlleva una enorme pérdida de la biodiversidad en flora y fauna además de los daños irreversibles a los suelos y el medio ambiente. Esta práctica lo único que logra es favorecer a grandes terratenientes del agronegocio y los monocultivos.

El irresponsable decreto del gobierno transitorio al empleo de semillas genéticamente modificadas y su paquete tecnológico añadido por las grandes potencias tecnológicas de la agroindustria, no hará otra cosa que colocar el primer gran eslabón de una nueva dependencia de nuestro país hacia las transnacionales, deteriorando la diversidad biológica de los cultivos nacionales, la soberanía alimentaria y una afectación directa a la estructura económica y productiva de nuestros campesinos, indígenas y pequeños productores que llevan mucho tiempo luchando por sobrevivir a la competencia destructiva de la importación autorizada o por contrabando de productos genéticamente modificados como la papa, maíz, cebolla, trigo y sus derivados entre otros, desde países vecinos para el consumo nacional.

Por último y no menos importante, el cuidado de la salud. Por muchos años, instituciones especializadas en la salud pública han alertado que el uso indiscriminado de semillas transgénicas (con su paquete de agroquímicos añadido) en alimentos primarios y sus derivados, pueden ocasionar daños severos a la salud de la población; a pesar de ello, los intereses empresariales transnacionales imponen de manera sistemática la comercialización de las mismas. Bolivia es un Estado que se distingue por su diversidad cultural, donde se respetan y reproducen valores y procedimientos ancestrales en los que la vida es no sólo un derecho, sino el fin máximo de protección. Nuestros pueblos indígenas, de oriente, chaco y occidente así nos enseñan el Vivir Bien en armonía entre todos nosotros y con la naturaleza, en una relación espiritual entre el humano y el fruto de la tierra. Es por eso, que la comercialización y producción de alimentos a partir de semillas genéticamente modificadas y producidas por grandes empresas transnacionales se convierte en un directo atentado contra la salud pública, y contra los saberes milenarios ancestrales que sostienen la vida de nuestros pueblos.

Por estas razones, y amparados en nuestro derecho a una vida digna, soberana, donde se priorice la salud del pueblo, es que rechazamos rotundamente la aprobación y vigencia del Decreto Supremo N° 4232 y exigimos al gobierno transitorio de Añez su inmediata abrogación.

Mayo 11, de 2020.