No es novedad para nadie que consolidar a la agroindustria cruceña como su principal factor de apoyo, fue para la dictadura de Banzer su primer objetivo de transformación de la estructura social y económica boliviana.

La apertura sin control de la frontera agrícola, la superposición de nuevas haciendas sobre millones de hectáreas de tierras pertenecientes a comunidades originarias fue una realidad. El empatronamiento de millares de hermanos indígenas que trabajaban al interior de las nuevas haciendas en una suerte de esclavismo moderno, fue un hecho deplorado por organismos internacionales hasta entrado el siglo XXI.

Desde entonces, todos los ministros relacionados con la agroindustria, fueron impuestos por la CAO y la CAINCO, que esta demás expresar el poder político que tuvieron tanto en democracias como dictaduras.

La oligarquía agroindustrial cruceña, que además de manera inconstitucional e ilegal por estar a menos de 50 kilómetros de frontera, vendió tierras a empresas extranjeras, tenía como su primer objetivo vender el 70 u 80 de su producción industrial soyera al mercado externo, cosa que lo logró con productos como el azúcar y el algodón. Entre el 20 y 30 por ciento, estaría destinado a las industrias aceiteras y las fabricas de alimentos balanceados para animales.

Su segundo objetivo era la legalización de producción de transgénicos para el consumo humano.

¿Cuales fueron sus acciones de incidencia y durante que periodos de gobierno?

El 5 de abril del 2005, en el gobierno de Carlos Mesa luego un “dictamen técnico”(14/05) del Comité Nacional de Bioseguridad, es utilizado por el SENASAG para aprobar la resolución administrativa SENASAG 44/2005. Esta autoriza la utilización de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) para la elaboración de alimentos y bebidas de consumo humano. El 7 de abril del mismo año, o sea 2 días más tarde, se autoriza la producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de la soya transgénica que había sido aprobada por el SENASAG, mediante la Resolución Multiministerial No 1, firmada por varios ministros del gabinete de Mesa.

Durante el gobierno de Eduardo Rodriguez Veltzé, el 1 de Julio del 2005, se aprueba el Decreto Supremo 28225, elevando el rango normativo de la Resolución Multiministerial No 1 referida en el párrafo anterior a Decreto Supremo.

Ya en el gobierno de Evo Morales, en la nueva Constitución Política del Estado se incorporan 2 artículos, el 255 en el que se establece que “la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá bajo varios principios, entre ellos el de seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente” y el artículo 409, que ordena que los transgénicos serán regulados por ley.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, Ley de Leyes, dejaba por consiguiente sin efecto la Resolución Multiministerial No1, de Mesa y el Decreto Supremo 28225 del gobierno de Rodriguez Veltze.

El 2010 mediante la promulgación de la Ley 071 (Ley de derechos de la madre tierra), se empieza la reglamentación de los transgénicos estableciendo en su artículo 7, “el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro”.

Hasta el año 2011 en que se promulga la ley 144 denominada Ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria, se reglamenta de manera directa la importación producción y comercialización de transgénicos.

La ley 144, en su artículo 15, numeral 2, expresa: “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud delos sistemas de vida y la salud humana.”

En el año 2012 se aprueba la Ley 300 denominada Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien. En ella se refuerza la reglamentación en contra de los transgénicos, a través del artículo 24, numerales 7 “Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”, y 9“Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación”.

Hasta este momento, las presiones de la agroindustria cruceña no habían logrado imponer su deseo de legalizar el uso de semillas transgénicas para consumo humano, y cambiaron de táctica, en complicidad con los sectores conservadores y de derecha del MAS.

Negociaron incorporar el ingreso de dos nuevas variedades de soya transgénica (evento HB4 y evento Intacta), para ser utilizados exclusivamente en la producción de biocombustible. Dicho de otra manera, negociaron sumar dos variedades más, aparte de la variedad que introdujo Carlos Mesa en su gobierno.

Resultado de este acuerdo reaccionario producto de las estrategias electorales del MAS en Santa Cruz, se promulga el Decreto Supremo 3874, por el que “De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal –Biodiesel”.

Si bien es cierto que mediante este Decreto no se autoriza explícitamente la introducción de ningún cultivo transgénico, es evidente que se deja la puerta abierta para “ acelar la evaluación de estos organismos genéticamente modificados”, ver si son “seguros” para el medio ambiente y a partir de ello aprobar o no la producción y venta de estas variedades de soyas.

Entonces ahora podemos entender porque uno de los primeros resultados del recién posesionado ministro de Desarrollo Productivo Oscar Ortiz (que además es presidente de la Fundación Nueva Democracia, financiada por la NED norteamericana), autoriza de “ manera excepcional y con procedimientos abreviados ” que se investigue en maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados , para el consumo interno y la exportación.

Utilizando normativa hoy anticonstitucional generada en los gobiernos de Mesa y Rodriguez Veltzé e interpretando de manera interesada articulados del DS3874 de Evo Morales, el gobierno de Añez repone políticas agropecuarias en beneficio de la oligarquía agroindustrial y los intereses transnacionales.

Queda clara la continuidad de acción y coordinación entre la derecha reaccionaria del MAS y sus actuales socios reaccionarios ejerciendo poder en el gobierno de Añez, evidenciando que fueron parte de la conspiración y la traición para la restauración del modelo neoliberal, en beneficio de la agroindustria cruceña y las transnacionales de los alimentos, semillas e insumos para la producción de productos transgénicos.