NUESTRA PALABRA No 5

Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de todo el país,
preocupadas por la pésima gestión gubernamental de presidenta de facto Jeanine Añez, excediendo sus atribuciones como gobierno transitorio, expresamos nuestro malestar y desacuerdo pleno con las
acciones y medidas que implementa, dirigidas a destruir el modelo económico plurinacional y las
conquistas sociales logradas durante muchos años de lucha incansable por el pueblo boliviano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó al Gobierno de facto que las medidas para controlar el brote del COVID-19 guarden equilibrio entre proteger la salud, minimizar el impacto económico-social y respetar los derechos humanos. Si bien la cuarentena era necesaria para preservar la vida y la salud de los bolivianos, no obstante, ellas no estuvieron acompañadas con una estrategia para paliar el hambre de los más empobrecidos y tampoco de una estrategia para proteger el aparato productivo formal e informal, sin ningún plan de contención y menos de recuperación económica. Desde su inicio, el manejo gubernamental de Añez en lo económico fue y es absolutamente irresponsable y arbitrario, con tendencia clara a destruir el modelo económico plural con el que Bolivia gozaba de estabilidad y podía enfrentar a los embates de la economía global en crisis.

Ni bien consolidado el gobierno de facto, las empresas estatales comenzaron a sufrir el desmantelamiento, corrupción y saqueo de sus recursos. Esta restauración neoliberal se traduce en la inexplicable paralización de la inversión pública y privada. Se ha detenido la producción en las empresas estratégicas, como la planta de Urea de Bulo Bulo o la del Mutún. Se ha paralizado y dejado impagos los proyectos de desarrollo nacional y regional, como el Tren Metropolitano en Cochabamba. El sabotaje interno y corrupción en la administración de BOA, ENTEL y YPFB es tan agudo que las ha generado grandes pérdidas o las ha puesto al borde de la iliquidez. Es de este modo que la presidenta – candidata Añez encaminan al país una crisis y recesión inminente cuya reactivación opte por el camino peligroso de la privatización de las empresas de los bolivianos.

Simultáneamente, las medidas de compensación económica asumidas, para que la población afronte la cuarentena y sus repercusiones, no responden a ningún plan, son una serie de acciones improvisadas que margina a sectores de la población más vulnerables. A más de 60 días de crisis sanitaria, el aislamiento forzado sin actividad laboral y el sometimiento al hambre, son un atentado contra la economía boliviana en general, pero principalmente la economía informal que, según datos del FMI (2018), ésta representa el 62% al 80% de los empleos. Con todo, hasta aquí la cuarentena fue acatada con disciplina también por este sector, sin embargo, ya es insostenible y el malestar social se incrementa, pues, ninguna medida de alivio, como los bonos actuales, reemplaza los ingresos diarios que se tenían para la subsistencia familiar y mucho más si las familias tienen deudas (bancarias) que cubrir.

Otros sectores afectados por la crisis económica son los Gobiernos Departamentales, Gobiernos
Municipales y Universidades Públicas. Estos se ven afectados en su disponibilidad presupuestaria
poniendo en riesgo su funcionamiento y la prestación de sus servicios. Los municipios han tenido una
reducción del 67 % de sus ingresos, y desde agosto sufrirán recorte del IDH. Estas limitaciones y la
inexistencia de un Sistema de Salud reforzado para encarar la pandemia, ponen en vilo a la
administración pública del nivel subnacional, no solo en el momento actual sino también en el futuro
inmediato, afectando a la población en general.

Creemos firmemente en la necesidad de una administración transparente, el reinicio y fortalecimiento del aparato económico para la subsistencia de las familias, así como la urgente implementación de medidas orientadas a frenar la inminente crisis económica en consenso con la población, encarando la pandemia con responsabilidad individual, comunitaria y gubernamental. Demandamos el cumplimiento del principio de transición de la presidencia de Añez y su Gobierno, mantener la paz y garantizar la realización de las elecciones generales en los plazos previstos. Consideramos que las medidas de corte estructural (como cambio de modelo económico, ingreso de transgénicos, endeudamiento innecesario con el FMI, contratos y convenios internacionales y otros) deben ser asumidas por un nuevo gobierno democrático y constitucional, producto de una elección transparente y con todas las medidas sanitarias recomendadas por organismos de salud internacional.

NO A LA CORRUPCIÓN E IMPROVISACIÓN, SALVEMOS NUESTRA ECONOMÍA
¡¡¡Elecciones YA!!!
Cochabamba, 20 de mayo de 2020