En menos de un mes se difundieron dos pronunciamientos notablemente críticos hacia el gobierno de facto por parte de autoridades de la Iglesia católica. Resultan señales indudables del grado de descomposición y degradación de la actual administración de gobierno, en particular si tomamos en consideración el silencio de los obispos en los primeros meses del año, y sus simpatías para con el golpe de Estado.

El primero en hablar fue Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). Señaló los peligros de la anunciada incorporación de semillas transgénicas a la producción nacional, los numerosos casos de avionetas descubiertas con importantes cargamentos de cocaína, el nepotismo desvergonzado que se practica en diferentes ministerios y la propia presidencia del país, y por último el palpable desinterés, ineptitud e inoperancia de las actuales autoridades con relación a la gestión de políticas y estrategias sanitarias de cara al Covid-19.

A los pocos días la propia CEB emitió un breve documento en el que aborda con talante crítico otras cuestiones. Por una parte, llaman a las autoridades “a no actuar con cálculos políticos, y crear espacios de diálogo y concertación”; una referencia clara a las sistemáticas prácticas denigratorias y de persecución y amedrentamiento por parte del gobierno contra toda persona que ejerza la libertad de expresión. Debemos recordar que una de las consignas de los golpistas fue la de alentar un “proceso de pacificación”, mientras en los hechos se esmeraron en hacer exactamente lo contrario.

Los obispos señalan además un sistema judicial que funciona “con temor, oscuridad y servilismo político”. A propósito del tema, incluso un medio de prensa afín a los golpistas ha señalado que existen no menos de diez acciones conocidas y comprobables de injerencia en la Justicia en procesos relevantes, en particular por parte del Ministerio de Gobierno, que se arroga el poder de señalar, amenazar, descalificar, enjuiciar y condenar públicamente a los que considera enemigos.

En una infrecuente referencia a casos concretos, los prelados apuntan a “la evidente corrupción tan irresponsable e inmoral en la adquisición de ventiladores para salvar la vida de los enfermos”. Se trata aquí de uno de los más de treinta importantes incidentes de malversación de fondos públicos en seis meses de gestión golpista. Una operación donde estuvieron involucrados altos funcionarios de varios ministerios, en particular Salud y Cancillería, y que acabó con la breve gestión del propio ministro de Salud (un auténtico adalid de la mercantilización de la medicina, que ya había sido procesado penalmente y condenado por estafa y falsificación en el año 2013).

El ambiente vigente de incertidumbre y desesperación producido por la pandemia, agregó dramatismo al asunto, en tanto visibilizó la falta de escrúpulos de altas autoridades de gobierno, dispuestas a malversar fondos y hacer negocios turbios en medio de una tragedia nacional, exhibiendo un absoluto desprecio por la vida de las mayorías.

De esa forma, en menos de medio año de gestión se exhibe con total crudeza el proyecto de “reposición oligárquico-señorial”, de acuerdo a la clásica definición de René Zavaleta, que se funda en varios principios estructurantes: racismo y discriminación, saqueo de recursos naturales, apropiación de la renta nacional y los bienes comunes por parte de minúsculos grupos de poder, genuflexión ante los mandatos del Departamento de Estado de los EEUU, e implementación de mecanismos de propaganda y represión que garanticen todo lo anterior.

Incluso la desgracia del pueblo es concebida como oportunidad para el gobierno de facto y, tal como explica el filósofo boliviano Rafael Bautista, “…No les importa que el mundo se venga abajo sino cuánto dinero podrían hacer cuando el mundo se venga abajo”. Por ello, no es aventurado suponer que la constante y prolongada improvisación gubernamental con relación al Covid-19 se debe no tanto a la ineptitud sino a su sintonía con estrategias de quiebre y desintegración social que terminen colocando al país en la categoría de inviable, y a modo de escarmiento contra las políticas soberanas, autónomas y latinoamericanistas de la gestión de Evo Morales.