En 1974, luego de la llamada “Masacre del Valle”, el dictador Hugo Banzer Suárez autorizo “matar a comunistas”.

En 1980, el Ministro del Interior de la dictadura, Luis Arce Gómez, amenazó al pueblo con caminar “con el testamento bajo el brazo”, hoy en pleno siglo XXI, este 2020, el Ministro de Defensa amenazó a un ciudadano con hacerlo “desaparecer en 10 segundos”.

En los años 60 durante el gobierno de René Barrientos, Domitila Barrios, perdió a su hijo en la cárcel; en 2020, Patricia Hermosa, ex jefa de gabinete de Evo Morales, es víctima de la represión y también pierde su hijo en la cárcel. Este es el retrato de una sociedad que siempre ha vivido con una espada de Damocles, que en América Latina se llama dictadura.

Se ha escrito bastante acerca de la psicología de los militares y policías, de los complejos que acumulan en su proceso de condicionamiento, “el soldado no piensa, obedece”, es la máxima central del funcionamiento de la lógica militar, por eso le molesta (como cuerpo colectivo) la acción civil que no obedece órdenes.

La dictadura tiene ese mismo concepto de la población y el ejercicio del poder tiene que ser evidente, por eso la persecución, detenciones arbitrarias, torturas y finalmente las masacres. Estamos en un evidente proceso dictatorial, comprobable a cada momento, cada día y a toda hora, el pretexto para estas acciones es, paradójicamente, “el cuidado de la salud”.

Como toda actitud dictatorial no se cuidan las formas se obra según las órdenes recibidas, así se designan cónsules, se nombran directores a personas que minutos antes se encontraban encarcelados por delitos contra el Estado, se utilizan los bienes públicos en traslados privados y particulares, se regalan los dineros públicos a “fraternidades” carnavaleras, se desfalcan las arcas estatales, todo esto para demostrar quién tiene el poder y quién manda en el país.

El retorno a la normalidad democrática, se alarga cada vez con las justificaciones basadas, otra vez, en preservar la salud, se olvidan estos voceros del prorroguismo que la salud mental es una variable que condiciona la salud del cuerpo humano y social.

Por eso la urgencia de volver a la normalidad democrática como forma de vida que fue interrumpida por un engaño masivo a un sector de la población sobre la base de dos discursos, el primero, un discurso racista que no soportaba el protagonismo de los pueblos originarios, y el segundo, el discurso de “fraude electoral” cuyo exponente máximo es Carlos Mesa apoyado luego por la OEA, que debe rendir cuentas a los estudios actuales que han demostrado las debilidades del informe de “irregularidades” en el proceso electoral de octubre del pasado año.

Bolivia precisa terminar lo más pronto posible con el régimen dictatorial, porque está destruyendo un futuro de seguridad económica social y política de nuestro país. Sabemos por nuestra experiencia, que los asaltantes del poder disfrutan de los dineros mal habidos, y luego de fugar del país retornan con la protección jurídica-política que han comprado.

La resistencia activa emprendida por maestros, federaciones, juntas vecinales, Alcaldes y Concejales, autoconvocados, grupos de jóvenes, artistas, etc., no tiene una dirección política que logre unificar estos esfuerzos para que se vuelva real la afirmación que “un puño es más fuerte que cinco dedos”.

El débil compromiso electoral tiene activistas dirigidos desde el gobierno para impedir las elecciones, un Ministro ha hecho evidente esta intensión, señalando en resumen, que los médicos deberían definir si existe o no elecciones, todo un pensamiento ideológico encaminado al prorrogismo.

¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

*Camilo Katari, es escritor e historiador potosino