El drama de los robos, atracos y desfalcos al erario nacional es que siempre se los hace de manera legal, al amparo de la mañudería de funcionarios venales que, echa la ley, hacen la trampa. Los casos de corrupción que ya se cuentan por decenas en el gobierno de la autoproclamada Jeaninne Añez, debían ser prontamente tratados mediante las atribuciones y competencias legales que tiene la Contraloría del Estado, y resueltos muy rápidamente por el ministerio público. Nada de ello ocurre.

Es por ello que la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha visto en el extremo de poner varios candados más a esa arca abierta en la que pecan los seguidores y familiares de la presidenta de marras. La nueva ley dictamina la obligatoriedad de informar cada tres meses, al menos, acerca del uso de los fondos obtenidos por créditos contratados, cuyo procedimiento establece la emisión de títulos valores en mercados externos; pero tiene alcance también con los fondos producto de las donaciones que han llegado y continuaran llegando al país para combatir la pandemia, principalmente.

Tan importante como aquellas disposiciones es ese complemento que faculta revisar las condiciones financieras para evitar que nos sigan dando gato por liebre. De esa manera, la ALP se pone las pilas y se pertrecha de mejor manera para cumplir con una tarea de fiscalización que otras reparticiones públicas debieran hacerlo de oficio.

Los ladrones de turno interpretan esta nueva norma como un impedimento para el financiamiento que requiere nuestra economía para recuperarse parcial o totalmente. Pero, en rigor, el gimoteo es porque la nueva disposición legislativa le pone una valla más al latrocinio escandaloso que caracteriza a la gestión actual. No es precisamente un blindaje contra la corrupción, pero –al menos– es otra cerradura que los ladrones c. Algo es algo, en tiempos de dictadura.

Promulgada la ley que convoca a elecciones generales el 6 de septiembre, queda asegurado el desalojo de la autoproclamada del Palacio de Gobierno; del que tendrá que marcharse, probablemente, con su biblia bajo el brazo, que bien la necesitará para enfrentar un juicio de responsabilidades por todas las fechorías cometidas. La norma aprobada por la ALP podrá atenuar otra forma también legal de apropiación indebida de los recursos del Estado, que fue ingeniosamente aprovechada en tiempos neoliberales.

Cuando se avizoraba el cambio de guardia de cada cuatro años –sabido es que los programas de gobierno eran exactamente iguales en lo fundamental, por la sencilla razón de que todos eran redactados en las oficinas de la embajada norteamericana y sus organismos de “cooperación”– el gobierno saliente instruía a sus acólitos a apresurar la ejecución presupuestaria de la gestión en curso. Entonces la imaginación era pasmosa y se contrataba y pagaba todo aquello que sirviera para el propósito de dejar sin recursos al gobierno entrante. Habrá que recordar que, en esos tiempos republicanos, el cambio de guardia se hacía en agosto, de manera que el nuevo Ejecutivo acataba la estricta dieta de la iliquidez hasta el siguiente año, cuando podía ejecutar un nuevo presupuesto.

Seguro que esas mañas no han sido olvidadas por los secuaces de la Añez, pues sus ministros y altas autoridades son los mismos privatizadores de aquella noche negra del neoliberalismo. Con toda certeza, aprovecharán los últimos días que les queda, para tratar de llevarse a saco cuanto recurso estatal puedan; por supuesto, cumpliendo las apariencias legales y apelando a la emergencia del Covid 19.

De ahí que la ley aprobada por la ALP sea, al menos, un estate quieto a los elegantes ladrones que nos gobiernan.