NUESTRA PALABRA No 13

Las organizaciones sociales, urbanas y sectores profesionales de todo el país, estamos cansados e indignados del irrespeto a los derechos humanos de parte del gobierno transitorio, razón por la cual denunciamos a nivel nacional e internacional que en Bolivia después del golpe violento de Jeanine Añez, hace aproximadamente seis meses atrás, un grupo de ex autoridades del gobierno de Evo Morales, tuvieron que pedir asilo político en la residencia de la Embajada de México en Bolivia, obligados por las condiciones de hostigamiento, por parte de grupos para-policiales y para-militares y también por la persecución política y judicial que inmediatamente iniciaron los personeros del gobierno de facto, con amenazas, que hablaban de “ir de cacería” tras ellos, además del cerco mediático, que oculta y desinforma.

En estas condiciones y sin ningún proceso abierto en su contra, han quedado asilados en la embajada mexicana, a partir del 10 de noviembre (algunos, uno o dos días posteriormente), las siguientes personas: Wilma Alanoca Mamani, Juan Ramón Quintana Taborga, Javier Eduardo Zavaleta López, Víctor Hugo Vásquez, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Nicolás Laguna y José Hugo Moldiz Mercado.

Se les acusa de varios supuestos delitos, pero en ningún caso se presume su inocencia, ya que no existen pruebas en su contra y está claro que no podrán defenderse en condiciones justas, al tiempo que se incumplen los tratados y convenios internacionales sobre asilo.

A esto se suma la constante violencia psicológica que se usa en su contra, no solamente con operativos policiales alrededor de la Embajada de México, con un contingente de 40 efectivos apostados en la cercanía, sino con la presencia de grupos violentos para-policiales y para-militares que se apostan en la puerta de la Residencia Mexicana, ejerciendo un acoso permanente.

De esta manera, el actual Gobierno de Bolivia, viola el Derecho Internacional de los siete asilados, al no brindarles salvoconductos para asumir su asilo, sin ningún sustento y atentando a la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de donde Bolivia es parte y que en su artículo 22.7 establece el derecho de buscar y recibir asilo, como se señala textualmente: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes, conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.”

Como es parte de los antecedentes al respecto, “la tradición latinoamericana del asilo” está plenamente vigente y se encuentra refrendada en varios tratados concernientes al asilo diplomático y territorial, por motivos políticos. Por ello, el abuso judicial en contra de los asilados es totalmente político y ha sido rebatido formalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su primer informe preliminar del 10 de diciembre del 2019, observó al Estado Plurinacional de Bolivia, de forma tajante, lo siguiente: “Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no fragmenten sus núcleos familiares”.

Es en este sentido, desde nuestro espacio, que convocamos a que los derechos humanos, los convenios internacionales y los derechos consagrados en nuestra Constitución Política del Estado, se respeten, que los llamados a dar justicia, cumplan con su deber y que finalmente, a solicitud de los 7, se les brinde de forma inmediata el salvoconducto correspondiente.

También exigimos que, mediante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la defensoría del pueblo, se realice una denuncia formal, ante la Corte interamericana de Derechos Humanos, por violación de derechos humanos de los 7 asilados, para que nuevamente se manifieste.

SALVOCONDUCTO A LOS 7 ¡YA!
¡RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA!
Cochabamba 24 de junio de 2020