NUESTRA PALABRA No 14

Acorralada por distintos frentes sociales e institucionales, repudiada hasta por los suyos por su deslealtad y ruptura del mandato de transición, la presidenta de facto y candidata Jeanine Añez no tuvo más remedio que promulgar la Ley N° 1304, el pasado 21 de junio. Esta Ley formulada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en función a sus atribuciones constitucionales, da curso a la realización de las elecciones generales el día 6 de septiembre de 2020, tal como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo propuso y lo consensuó con las distintas tiendas electorales. Con esta certeza, nuestro país ahora se prepara para ejercer su derecho a la democracia plena que, en las actuales circunstancias, equivale directamente a defender la vida.

La democracia es la soberanía del pueblo para decidir su propio destino, así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE), en su Artículo 7, señalando que: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”, de modo que nadie puede arrogarse el derecho a proscribirla como hoy lo hace y pretende extremar el régimen de Añez.

Este régimen ha instalado en Bolivia un Estado de persecución y terror, al viejo estilo de las dictaduras nefastas de Barrientos, Banzer y García Mesa que han asaltado a Bolivia en otras épocas, sembrando luto, miseria y temor en los sectores más populares, la clase media y quien se oponía a sus intereses mezquinos. Las ínfulas regresivas de Añez y sus secuaces hoy quieren pisotear la actual CPE, para eliminar el modelo de Estado Plurinacional surgido de un pacto social profundamente democrático, y restituir en su lugar el Estado neoliberal oligárquico, de las élites minoritarias, controladas por el poder externo transnacional.

Esta miopía histórica de las élites, su desprecio por la Bolivia pluricultural y su incapacidad, constituyen un peligro para la vida y la integridad del país. Una prueba de ello es el desastroso desempeño del gobierno de facto ante la crisis sanitaria por el COVID-19, con una acción centralista, dictatorial e improvisada, terminando hundida en el nepotismo y la corrupción. La población en general ha quedado abandonada ante la amenaza de la pandemia, con un sistema público de salud vulnerado y expuesto por el incumplimiento de los requerimientos de bioseguridad y equipamiento médico.

Frente a esta realidad solo un gobierno legal y legítimamente elegido por el voto popular podrá ser capaz de reencausar la institucionalidad democrática y dar una respuesta efectiva a la crisis sanitaria, política, económica, educativa, alimentaria y moral que se ha desatado. Bolivia requiere una estrategia integral, transparente y responsable, impulsada por amplios consensos de la población, recuperando el ejercicio de su democracia: representativa, participativa y comunitaria; con equivalencia entre mujeres y hombres.

Hoy más que nunca la salud de las bolivianas y bolivianos está íntimamente ligada a la salud institucional del Estado y su economía, a la cabeza de un gobierno con legitimidad, que posea la capacidad y voluntad real de articular esa sociedad plural y esa democracia intercultural y paritaria. En ese sentido, es extremadamente falaz la disyuntiva de “salud o elecciones” que el gobierno de Añez busca imponernos en su siniestra maniobra prorroguista a nombre de la salud. En este intento, Añez cuenta únicamente con las fuerzas represivas, los sectores sociales más conservadores y racistas y la ayuda no gratuita de muchos periodistas y medios de comunicación, así como de sus propios agentes que operan en las redes sociales y en otros ámbitos de la opinión pública.

Todos estos hoy se concentran en menoscabar la credibilidad de TSE y de la ALP con el objeto de evitar las elecciones nacionales, de manera similar a octubre y noviembre del pasado año, cuando propalaron el embuste de fraude electoral, contribuyendo al golpe de Estado, de la mano de un informe falaz de la OEA que ha sido invalidado por distintos estudios especializados e independientes, del ámbito internacional, que concluyen que en las elecciones del 20 de octubre de 2019 no hubo fraude.

Por todo lo expuesto, es inexcusable el deber de elegir en las urnas, el día 06 de septiembre de 2020, un gobierno del pueblo y para pueblo, soberano, plural y participativo. Pero también es una obligación del Gobierno Transitorio y el TSE de crear todas las condiciones para una campaña electoral sin represión y todas las condiciones sanitarias para disminuir los riesgos de un mayor contagio, tal como ocurrió en otros procesos electorales del mundo.