Un decreto para restaurar plenamente el neoliberalismo.

El “neoliberalismo en acción” es un libro de Pablo Ramos Sánchez que desnuda las políticas económicas sustentadas en el año 1985. Como entonces afirmó este brillante intelectual y militante revolucionario del DS 21060, nosotros podemos parafrasear que el DS N° 4272 denominado “Programa Nacional de Reactivación del Empleo”, pone en vigencia el neoliberalismo en sus lineamientos más puros, con una pretensión de largo alcance que no corresponde a un gobierno transitorio.

El DS N° 4277, que complementa al anterior, es el acta de defunción de la soberanía en materia económica porque acepta las recetas tradicionales del FMI como directriz de la política económica del gobierno cuando dispone la transferencia de los recursos otorgados por esta institución “para cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos” con el pretexto del COVID 19. Además, vulnera la CPE al disponer recursos de un préstamo sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Su propósito es enterrar el modelo económico que estaba inspirado en las necesidades del pueblo, su carácter redistributivo de la riqueza, y un rol del Estado como planificador de la economía y con participación directa en el proceso productivo y las políticas sociales. Ambos decretos muestran la esencia de la democracia liberal en materia económica, aseguran la más absoluta libertad y protección a la oligarquía financiera, comercial, agropecuaria y minera (sector empresarial vinculado a las transnacionales) otorgándoles miles de millones de dólares para socorrerlos en perjuicio de la gran mayoría de la población. No sólo se trata de reestructurar la economía, sino también el Estado; para ellos, el “mejor Estado” reduce su actividad a las funciones de justicia, defensa, policía (órganos represivos) y relaciones exteriores. No cuentan salud, educación, trabajo y otras necesidades del pueblo. Lo más importante son los negocios de sus empresas.

La fábula del programa de empleo.

Bolivia, en los años del gobierno de Evo Morales redujo drásticamente el desempleo, cuya tasa era 4,27% la más baja de la Región. Sin embargo, esta tasa de desempleo subió en el primer trimestre de 2020 a 7,3% (INE), esto quiere decir que antes de ingresar a la crisis del coronavirus, el desempleo había crecido 3 puntos en tan sólo 5 meses del gobierno de facto, resultado de la paralización productiva iniciado en noviembre de 2019 que sumado a los efectos de la pandemia, estamos frente a una problemática social colosal.

El DS 4272, crea la fábula del “Programa Nacional de Reactivación del Empleo”, bajo un marco fondomonetarista, la disciplina fiscal y ajustes administrativos en el sector público. En esta línea se aprobó un decreto supremo anterior de supresión de tres ministerios, es el achicamiento del Estado.

Para encarar el tema del empleo propiamente, se crea el “Programa Intensivo de Empleo” a cargo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) para la ejecución de proyectos de infraestructura pública que se consideran intensivos en mano de obra en pequeña escala y corta duración, destinando 100 millones de bolivianos, equivalente a 14 millones 368 mil dólares; una suma ridícula que no alcanzará a paliar el desempleo en sectores deprimidos de la población; además se pretende invertir 100 millones de bolivianos para más de 339 municipios, obviamente los recursos se concentraran en pocos municipios, pero la gran mayoría quedará con las manos vacías.

La otra leyenda relativo al desempleo son los servicios de intermediación laboral que tiene el Estado, pero que no recibirán ningún apoyo económico extraordinario, deberán funcionar con su presupuesto habitual. Estos servicios generalmente están dirigidos a los jóvenes que buscan trabajo por primera vez y no tienen calificación técnica y personas mayores que tienen dificultades para volverse a ubicar en el mercado laboral. Es decir, se deja a los jóvenes como principales víctimas del desempleo.

En síntesis, en materia de políticas de empleo propiamente dicho, no existe respuesta alguna que vaya a solucionar el gran problema del desempleo, no hay ni siquiera una política paliativa. Se deja en el mayor desamparo a lo que suelen llamar “poblaciones vulnerables”, o sea a los más pobres. El tema de 600.000 empleos resultó ser una quimera que ya quedó en el olvido, reemplazado por la fábula de “preservar tres millones de empleo”.

El Estado en auxilio de los más ricos, que los pobres paguen la crisis.

El DS N° 4272, toma un rumbo en contra de la historia, escoge un camino por el cual los costes de la crisis recaiga sobre los de abajo, en los del pueblo; pero, no sólo que se descarga el fardo de la crisis en las espaldas del pueblo, sino que un grupo poderoso que es la base social de este gobierno, pretende concentrar las riquezas en pocas manos; además pretende flexibilizar las relaciones laborales para despedir y precarizar aún más el mercado laboral. Para todo esto la manipulación del coronavirus les sirve, para desatar la persecución y negar la democracia popular. Cuando el coronavirus ha demostrado descarnadamente que la catástrofe que vive el mundo es responsabilidad del neoliberalismo.

Cuando el gobierno golpista señala que estás medidas son para reactivar la economía nacional, puede surgir la engañosa sensación de que este plan va a beneficiar a todos los bolivianos. En toda medida económica unos salen más beneficiados y otros más perjudicados, por ello, es bueno preguntase ¿Quiénes son los beneficiados? La respuesta surge de la propia norma.

El DS crea el “Fideicomiso del Fondo de Reactivación” (FORE), que tendrá recursos por 12.000 millones de bolivianos, equivalente a 1.724 millones de dólares, a los cuáles podrán acceder las entidades de intermediación financiera bancarias y no bancarias. Es decir, quienes recibirán directamente el apoyo del Estado serán los bancos, que al empezar la cuarentena ya recibieron otros 550 millones de dólares. En pocas palabras, los más ricos (los banqueros) recibirán en total 2.274 Millones de dólares en nombre del corona virus, mientras a los sectores más pobres sólo se destina 14 millones de dólares, que no servirán para crear empleos, sino para la manipulación electoral.

Los banqueros son los privilegiados y real beneficiarios de las medidas del gobierno, relegando al sector productivo, que son los que realmente dinamizan la economía; otra vez los pobres y los que viven al día son condenados al olvido y a pagar las consecuencias de la crisis.

Las entidades financieras podrán reprogramar los créditos a empresas de los sectores de Turismo, Hoteles y restaurantes, Industria Manufacturera, Construcción, Agropecuario y Silvicultura, Comercio, Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Es decir, un segundo nivel de beneficiarios son los grandes empresarios que todos estos años obtuvieron ganancias extraordinarias, estableciendo garantías de tipo financiero para que los bancos puedan recuperar sus préstamos sin ningún riesgo. Amaszonas ya solicitó un crédito de 100 millones de dólares para salvar su empresa, ¿será que alguna vez invirtió tal cantidad de dinero? O ¿será quiere aprovechar el coronavirus y su influencia en el gobierno para obtener un crédito preferencial?

En contraste, no existe ninguna cláusula que establezca que los empresarios no podrán cerrar sus empresas, declararse en quiebra, despedir trabajadores ni directa ni indirectamente, afectar la situación laboral de los trabajadores, etc. Existe la más amplia libertad para los patrones y el desconocimiento de derechos para los trabajadores. Se establece a través de estos decretos la más amplia libertad, la vigencia de la filosofía liberal “dejar hacer, dejar pasar”, que para los trabajadores significa el desconocimiento de sus derechos, despidos, reducción de salario, “la flexibilización laboral” que restaura los principios del 21060. Por todo esto, es una promesa engañosa decir que se van a proteger 3 millones de empleos, cuando cada día existen filas interminables de trabajadores despedidos en el Ministerio de Trabajo.

Para seguir beneficiando a la oligarquía financiera se crea el Fideicomiso del Fondo de Garantía Sectorial (FOGASEC) con recursos de 1.100 millones de bolivianos, que equivalen a 158 millones de dólares, que irán en beneficio del sistema bancario y las Agencias de Bolsas de valores, incrementándose los recursos del Estado para ser transferidos al sector privado bajo el argumento de la pandemia.

Las MYPES, cenicientas abandonadas.

La micro y pequeña empresa es la que genera el mayor número de empleos en el país, alrededor del 70%, es decir cerca de dos millones de empleos. Pero para este sector que es clave, se ha destinado 120 millones de bolivianos, tan sólo 17 millones 241 mil dólares a través del Fondo de Afianzamiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; aunque el activo real con el que cuenta es tan solo de 45 millones de bolivianos (6 millones de dólares). Con esto queda desmentido que quieran preservar el empleo de millones de bolivianos. La anterior promesa de disponer 1.500 millones de bolivianos, quedo en el limbo.

Burlescos son los recursos destinados a respaldar a las micro, pequeña y mediana empresas, pese a que la Confederación de Empresarios Privados cada vez que solicita respaldo y facilidades del gobierno, utiliza las necesidades de este sector, pero al momento de recibir la ayuda quedan al margen. Son “empresarios” en el momento de la petición, pero en el momento de recibir la ayuda no son “nada”, solo los peces gordos son alimentados.

Modificaciones del sistema de vivienda social con criterio mercantilista.

Se crea el Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria – FOGAVISS, en base a los recursos que habitualmente se recaudan del 2% de aporte patronal en favor de la vivienda social. Estos fondos, en teoría pertenecen y deberían favorecer a los trabajadores asalariados, pero nuevamente son recursos económicos que dispondrá el sistema financiero. El fondo arrancará con 500 millones de bolivianos, equivalen a 71 millones de dólares.

Su objetivo es otorgar créditos para la construcción de vivienda, los montos de los préstamos se redujeron a 150.000 Bs. (21.551 $USA) y 70.000 Bs. (10.000 $USA). Para acceder los trabajadores deben demostrar que ganan 3 salarios mínimos (6.366 Bs) y deben cubrir anticipadamente el 15% del total. Los trabajadores que ganan salarios mínimos y con las rebajas de salario que hoy imponen los patrones, se vuelve una ilusión tener vivienda propia.

Todo para el sector privado, nada para el sector estatal, o destrucción de la economía nacional.

El gobierno de facto pretende, bajo argumento de reducción de gasto y evaluación de factibilidad de las empresas públicas, el cierre de las Empresas Estatales, dando un plazo de 30 días para que estas demuestren que pueden sostenerse. Al no demostrar factibilidad se prevé su cierre, con el consiguiente costo social, proveyéndose masacres blancas en las empresas estatales e instituciones del Estado.

Mientras este programa transfiere miles de millones de dólares del Estado al sector privado, se prohíbe a las empresas estatales considerar la erogación de nuevos recursos de parte del Estado. La premisa es clara, salvar empresas privadas y destruir empresas estatales. Olvidando que las empresas públicas en un 100% pertenecen a todas y todos los bolivianos.

Las consecuencias no sólo son la pérdida de miles de empleos, la destrucción de la soberanía económica, también pone en riesgo la desaparición de beneficios sociales que llegan a la población más desprotegida, como la Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Bono para personas con discapacidad. Es la paulatina eliminación de la función social del Estado.

Con la premisa de que no hay ni salvación ni reactivación de las empresas estatales, el DS 4272 prevé dispositivos de su privatización o liquidación. En el artículo 79, bajo el argumento de “promover la inversión privada en proyectos de desarrollo económico y social” plantea dos mecanismos para ello: Las concesiones y las alianzas estratégicas. Estos dos mecanismos ya fueron utilizados por el neoliberalismo en la década del 90 para privatizar el aparato productivo y los servicios; los bolivianos de entonces recordamos que hasta los Baños Públicos de la Pérez Velasco de La Paz fue concesionada a una empresa transnacional. Mientras “las alianzas estratégicas” es la caricatura acicalada de la “capitalización gonista” que permitió el asalto de nuestras empresas por transnacionales, piratas y bucaneros de la economía. En realidad, el objetivo es entregar los recursos naturales estratégicos a las transnacionales, en el marco de la estrategia imperialista de garantizar el control de recursos vitales para su hegemonía, como el litio, las tierras raras, gas y petróleo, además de fuentes hídricas.

En síntesis, en el DS 4272 y otros anexos a este, no pretenden “preservar empleos” con este pretexto buscan transferir recursos del Estado a los sectores más poderosos de la economía para su enriquecimiento; no existe “recuperación del aparato productivo” porque el grueso de los recursos es para los banqueros, al extremo que para los diseñadores del decreto no existe la economía comunitaria ni siquiera para mencionarlas de manera formal, como se hace con otros sectores que tampoco recibirán ayuda del Estado. En realidad es un plan de retorno del neoliberalismo en su pura esencia.

Conclusiones

No se trata de una política de emergencia, sino una política de largo plazo que compromete sus consecuencias al próximo gobierno, si acaso se realizan las elecciones.

Es un plan de reestructuración del Estado y de la economía poniendo en plena vigencia los principios de una economía de mercado (neoliberalismo) y el retorno del FMI en la dirección de las políticas económicas.

Antes que un plan para enfrentar la crisis económica y social que sufre el pueblo boliviano, es un plan de apoyo y respaldo que otorga el Estado al sistema financiero (bancos) y a las grandes empresas vinculadas a capital transnacional). La crisis la pagaran los pobres y el conjunto del pueblo.

Los recursos económicos dirigidos a programas que generan empleos son irrisorios, frente al respaldo multimillonario que recibirá la oligarquía.

Igual de irrisorio son los fondos destinados a respaldar a las micro, pequeña y mediana empresas.

Es un plan para cerrar o privatizar las empresas estatales y convertir a los principales agentes de la economía al sector privado.

No existe un apoyo real al sector productivo.

No existe mención alguna de la economía comunitaria, menos apoyo del Estado.

Desafíos Denunciar este plan de retorno del neoliberalismo, que está más allá de las elecciones.

Un plan de resistencia efectivo solo será posible con la unidad y movilización de las organizaciones sociales.

Debe estructurarse un plan para enfrentar la crisis y para que los ricos sean los que la paguen:

No pago de la deuda externa por un lapso de 3 a 5 años.

Crear impuestos a la riqueza y un sistema impositivo progresivo.

Modificar el presupuesto general, disminuyendo las partidas del sector represivo (Ministerio de Gobierno, Defensa, FF.AA y Policía) e incrementado las partidas de salud y educación.

Destinar fondos de manera inmediata para atender la crisis de salud: bioseguridad, equipamiento y nuevos ítems permanentes para especialistas y personal.

Defensa de las empresas del Estado.

Elaborar un programa para salvar a las micro, pequeña y mediana empresa con créditos 0% de interés, asistencia técnica, promoción para el consumo de sus productos y apertura de mercados.

Planteamiento similar para los pequeños productores agrícolas y para las diversas formas de la economía comunitaria.

Frente al cierre de empresas, poner en vigencia la Ley de empresas sociales para defender las fuentes de trabajo.

La Paz, 29 de junio de 2020

COLECTIVO REVOLUCIONARIO PLURINACIONAL