NUESTRA PALABRA No 15

Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de Cochabamba y el país, manifestamos nuestra preocupación por la violenta y pésima gestión del Gobierno de facto, al respecto denunciamos lo siguiente:

Desde los luctuosos sucesos de Senkata y Huayllani, donde se han perpetrado crímenes de lesa humanidad que han cobrado la vida de 37 bolivianos y han dejado más de 800 heridos y cerca de 1.400 encarcelados, el régimen de Jeanine Añez ejerce una brutal persecución política, y utiliza la emergencia sanitaria para penalizar la divergencia, la solidaridad y la libertad de expresión.

La estrategia del mal gobierno incluye el despliegue de montajes de diversa naturaleza, que luego sus mismos operadores tipifican como “sedición”, “terrorismo” o “atentado contra la salud”, aunque los únicos que atentan contra la salud son ellos con su probada incapacidad y corrupción. Un ejemplo de estas acciones es la intervención militar a la represa de Misicuni con el pretexto de un falso atentado, para de esta manera buscar un enfrentamiento con los comunarios y después acusarlos. Otra muestra son los extraños ataques a torres de telecomunicación que luego se endilgan sin pruebas a sectores sociales.

A lo anterior se suma la criminalización de la solidaridad. Entendiendo que, ante la negligencia y el latrocinio gubernamental solo el pueblo salvará al pueblo, los hermanos campesinos del Trópico emprendieron la distribución gratuita de alimentos entre las personas de escasos recursos económicos de Cochabamba y el país. En tal acción fueron hostigados y hasta apresados temporalmente por uniformados bajo órdenes superiores.

Por otro lado, practicando nuestras costumbres ancestrales del ayni y la reciprocidad, vecinos de la zona sur recolectaron víveres, insumos de bioseguridad y medicamentos para enviar a los compañeros del Trópico. En esta acción fueron apresados tres impulsores de la iniciativa, entre ellos Sara Lucy Escobar, joven candidata a senadora suplente, sin otra “evidencia” de “terrorismo” que videos de cadenas de Whatsapp hallados en sus celulares. La acción ilegal estuvo, como en tiempos de dictadura, a cargo de agentes de civil, y la Defensoría del Pueblo dio a conocer la aparición de expedientes fantasma y gestiones fuera de todo orden formal.

Al abuso se sumó, como también acaecía en tiempos de bota militar, el traslado de los acusados hasta prisiones de otra ciudad, en este caso de La Paz, lo que pone en evidencia de igual modo cómo el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de un desbocado Arturo Murillo, presiona y persigue a jueces y fiscales para que cometan violación de los derechos humanos, al seguir apresando a nuestros compañeros con acusaciones fantasiosas, sin contar con elementos de convicción, y en claro síntoma de terrorismo de Estado.

Otros hechos no aclarados en absoluto y que vemos como falsos positivos son el supuesto hallazgo de dinero al interior de un vehículo en la vía a Oruro y el supuesto robo de material de sanidad en Bulo Bulo, raros ilícitos que en el mundo imaginario en el que viven Murillo y sus colaboradores corresponden a “narcoterrorismo” y afanes de “golpe de Estado”, siendo además irónico que los propios golpistas alerten otro derrocamiento.

El régimen utiliza medios de comunicación domesticados por favores financieros de la propaganda pagada con recursos públicos (más de 26 millones de bolivianos en seis meses), para tener una caja de resonancia a su merced y dispuesta a seguir callando y encubriendo. De ese modo, a título de un inexistente cuidado de salud, que en realidad es solo cuidado de sobreprecios en compras del Estado, se persigue, detiene, estigmatiza y judicializa toda disidencia que exige con desesperación soluciones a la pandemia y la crisis económica que comenzó ya antes de la enfermedad.

Como ciudadanos de un país que reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos vigente aun en nuestra propia Constitución, no permitiremos que se criminalice el derecho a la libre expresión, a la solidaridad, a la protesta pacífica y a la elección de un Gobierno legal, legítimo y capaz de enfrentar las crisis que atravesamos.

¡POR LA DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y LA VIDA!

Cochabamba 29 de junio de 2020