El martes 23 de junio, a eso de las nueve de la mañana, el canal alternativo Radio Kausachun Coca difundió la entrega de medicinas naturales por parte de los autoconvocados y la Coordinadora popular del Sur para la población del trópico que ahora vive su momento más difícil -como todo Bolivia- en relación a la pandemia. Sin embargo, a la media hora se supo que tres de los miembros de la Coordinadora popular del Sur habían sido detenidos. La imagen fue alarmante: arrestados por agentes encubiertos vestidos de civiles, en vehículos sin placa y sin ser de oficio policial.

Pasaron algunas horas y al medio día ya se sabía que estaban acusados por terrorismo y atentar contra la salud pública pero además que se tenía la intensión de llevárselos a La Paz. La gente de la zona sur afligida por no entender las razones del traslado y la aprehensión anunciaron bloqueos para el medio día. Un acercamiento a los comunicados recientes de la zona sur señala una profunda desconfianza en la justicia y el temor a la arbitrariedad dada la actuación que demostrado el gobierno de Añez desde noviembre del año pasado frente a sus rivales políticos y sociales.

Tan solo en Cochabamba hemos experimentado en los últimos días el frío de la amenaza y el calor de la impotencia: un joven dirigente del Alto que venía a reunirse a Cochabamba con diferentes distritos de la zona sur y comunarios de Potosí fue arrestado el 16 de junio mientras iba al baño del mercado en el que almorzaba. Fue detenido, golpeado, y como denunció la Defensoría del Pueblo, con toda arbitrariedad se intentó obligarlo a tomar una flota directo a La Paz, alegando que no era de Cochabamba, como si un boliviano por ser paceño renuncie a sus derechos políticos al estar en otro departamento de su territorio. Días después, el domingo 21 seis jóvenes fueron detenidos en una casa de Quillacollo, también activistas que se habían declarado en “estado de emergencia” por la reticencia de de Jeanine Añez de promulgar la Ley de Postergación de Elecciones. Más de 10 civiles activistas detenidos en tan solo una semana, golpeados e intimidados, mediante operativos dirigidos por inteligencia policial, la mayoría liberados después de 8 horas gracias a la protesta de los ciudadanos y la oportuna intervención del defensor de pueblo Nelson Cox. Al tiempo que se escriben estas lineas ya se sabe que los tres detenidos transportados a La Paz tendrán que lidiar con detención preventiva, de uno a seis meses, lejos de sus redes de apoyo y que uno de ellos, Remi Jhader Cañiz, fue golpeado el primer día de su arribo a La Paz hasta el punto de no poder hablar.

Los tres detenidos y las acusaciones que pesan sobre ellos están relacionado a su supuesto rol en las protestas de mayo en K´ara k´ara, a pesar de que el conflicto haya encontrado resolución el 20 de mayo sin mayores consecuencias. En el “Requerimiento Fundamento de Aprehensión” además de terrorismo y atentar contra la salud, también se los acusa de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. Tales cargos pueden suponerles cárcel de 10 a 20 años. Sin embargo, son llamativas las razones por las cuales se les atribuye cargos de tal peso. Están siendo acusados por bloquear avenidas, pedir la renuncia de Añez por los casos de corrupción, falta de pruebas de COVID19, que se esté subastando el tren metropolitano y por falta de trabajo. Por supuesto se aduce que las protestas desacataron la cuarentena y se menciona financiamientos dirigidos a los protestantes, pero esta información se atribuye a un entrevistado anónimo. Hablando particularmente de Rhemi, entre los “hechos” se menciona que usaba un megáfono y que “siempre estaba reuniendo gente en diferentes lugares, para realizar bloqueos e instigar a la violencia”, sin especificar cual violencia era la que se instigaba. Interroguemos, pues, las razones y desenlaces de la protesta de K´ara k´ara en plena pandemia para entender sobre qué nos está alertado.

En primer lugar es necesario reconocer que si estos “fundamentos” permitirían presumir que estamos lidiando con terroristas, cualquier “pitita” hubiera tenido que pasar por lo menos uno a seis meses “preventivos” tras las rejas. No solo por los 21 días que separaron las elecciones del 20 de octubre del 2019 con la renuncia de Morales, sino por la serie de bloqueos celebrados cada día 21 desde el 2016. Huelga decir que la demanda de renuncia del presidente, bloquear las calles, organizar las “plataformas ciudadanas” como medios de presión política, fueron prácticas habituales de los llamados en aquel momento “21F”. Por supuesto, entre aquellos años no fue habitual entre la población y el gobierno llamar a que estas personas sean encarceladas. Existía ese reconocimiento tácito y afortunado de que la protesta social era un derecho compartido y, en el caso particular de Bolivia, con un fuerte arraigo en la tradición que tiene a la protesta como parte del diálogo político. Sin embargo, hoy en día vemos que dicho derecho se ve cuartado constantemente bajo las amenazas del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que alega no estar jugando a la hora de amenazar con cárcel incluso a jueces y periodistas. Pensar el derecho a la protesta como universal entre ciudadanos, dígase los pititas y la población de K´ara k´ara, da una muestra clara que de un año atrás a hoy en Bolivia la facultad de disentir ha sido reducida.

Pero sumado a este hecho, ni las circunstancias, ni los “21F” en relación a la población de K´ara k´ara, son iguales. Las diferencias, en realidad, siempre son más expresivas. Las protestas del 21F jamás se concentraron en demandas relacionadas a la vida material, sino que se enmarcaron en las demandas políticas de “respetar la constitución”, mientras que la población de K´ara k´ara tiene un largo antecedente luchando por las condiciones de su población.

K´ara k´ara y el Distrito 15 de la zona sur de Cochabamba pertenecen a una de las regiones más vulnerables de todo el departamento en relación a sus condiciones sociales y por lo tanto en salud. En un estudio realizado el 2013 se señala que un 43% de los niños padecen de anemia y que las niñas de entre 5 a 12 años que participaron del estudio padecen de desnutrición crónica; que si bien el índice de escolaridad ha mostrado mejoras puesto que los jóvenes tienen mayor escolaridad que los mayores, para el 2013 todavía se tenía un índice alto de abandono escolar. La mayor parte de la población vive de jornales diarios y en la región se padece de falta de agua, lo cual obliga a que la población dependa de cisternas privadas.

Pero a parte de estas condiciones que son compartidas con otros barrios de la zona sur, K´ara k´ara además carga por todo el municipio con el gran botadero. Este gigantezco basurero es tan precario que el Foro Económico Mundial lo incluyó el 2016 como uno de los 11 vertederos peor administrados del mundo y por eso mismo ha supuesto, desde el 2000, una pulseta constante entre la población del lugar con los gobiernos municipales en turno para su transferencia o solución de sus consecuencias. Bastaría con recordar, si de entender lo que supone cargar con la basura de la ciudad se trata, el megaincendio en abril del 2016 cuando se quemaron toneladas de llantas acumuladas por 10 años en el basurero y que tendieron sobre el cielo de cercado y municipios aledaños una humareda negra durante días. Para la población de la ciudad sin duda fue una catástrofe, pero para al rededor de 20 mil personas del Distrito 15 supuso hasta un año después males cutáneos, respiratorios y digestivos. Ni que decir la contaminación ambiental producida por las 350 toneladas de basura diarias que arriban al lugar desde hace tres décadas. Viendo las cosas desde una posible empatía que nos puede heredar la experiencia del COVID-19, resulta irónico que para el 2016 los especialistas médicos ya les recomendaban a los kara kareños utilizar barbijos, cerrar sus casas y proteger sus alimentos por las consecuencias del incendio.

Son estas condiciones las que han llevado a que los lugareños protesten, bloqueen y exijan el traslado del botadero o medidas de mitigación de daños año tras año. Sin embargo, este hecho no suponía su criminalización hasta el abismo de “terroristas”; los voceros de los poderes públicos no los amenazaban continuamente ni exponían sus fotografías, con un eco homogéneo entre los principales medios de comunicación; mucho menos se daban esos arrestos orquestados por operativos encubiertos y transportes hasta La Paz para procesos abreviados. El terrorismo en nuestro país es ciertamente nuevo, de eso no queda duda. Pero este no proviene de las protestas sociales, que por cierto a juzgar por el precedente de K´ara K´ara tienen una larga tradición de soluciones mediante el diálogo; el terrorismo proviene del nuevo gobierno que utiliza el terror para alcanzar sus metas políticas.

Volviendo a la pandemia del 2020 y la protesta, en marzo con el inicio de la cuarentena en Bolivia no hacía falta demasiada sensibilidad social para darse cuenta que las desigualdades estructurales y sus derivadas contradicciones solo habrían de empeorar con una pandemia global si no se las atendía. Aquella retórica simplona de que los conflictos desencadenados por el Golpe de Estado del 2019 se irían reduciendo por la “unificación nacional” que supondría la pandemia fue un burdo error. En realidad, las diferencias culturales, sociales y étnicas exigían un trato particular. Corregir las desigualdades de cualquier índole pasa por reconocerlas y nombrarlas, hacerlas existir en las ideas y preocupaciones sociales, para de este modo cambiarlas. En relación a una pandemia, la cuestión pasaba por reconocer el vínculo entre la salud de una persona con sus condiciones de vida, factor determinante en la mortalidad de las enfermedades por encima de la biología humana, el medio ambiente y los sistemas de salud. Lo contrario en consecuencia, decretar la igualdad y la unión en abstracto, tuvo y tiene el efecto adverso de ocultar la desigualdad y por lo tanto de promoverla y profundizarla.

Esto último fue precisamente lo que hizo el gobierno de Añez al apuntalar para su campaña contra el corona virus un rancio nacionalismo de “todos los bolivianos unidos contra la pandemia”, que en el fondo no fue otra cosa que ignorar la realidad desigual y diversa del país. De allí devendría una serie de graves errores administrativos, políticos y corruptelas que por supuesto derivaron en protestas sociales; solo por citar dos claros ejemplos, el uso irracional de los recursos del Tesoro General de la Nación que en vez de ayudar a los que más necesitaban creó un bono universal de 500 Bs que tomó por iguales a un joven que puede trabajar desde casa con internet, que a un joven que trabaja de jornal y se encuentra desocupado hace meses. O el anuncio de pagar 50% del agua de la población, pero de la que tiene en efecto el servicio, dejando por fuera del subsidio a las personas que padecen por la carencia de su distribución. Al final los que más agua tienen fueron subsidiados y los que menos tienen tuvieron que pagar por las cisternas en plena cuarentena. Para un acercamiento mas tangible sobre esto hechos los invito a escuchar esta entrevista a un dirigente de la zona sur del Distrito 14 en el podcast La Pulga, en el cual ya se denunciaba la falta de agua y que los bonos iban a ser insuficientes para la gente más necesitada.

Frente al insuficiente apoyo del gobierno y su negativa de dialogar con las organizaciones sociales, se tejerían redes solidarias entre sindicatos, colectivos y organizaciones barriales que incluyeron ollas comunes y transporte de insumos. Sin embargo, el gobierno de Añez respondería con la irracional detención de activistas que formaban parte de esta red de solidaridad, como los jóvenes del trópico que hicieron llegar frutos a diferentes regiones del país.

Y sobre la precarización de las condiciones sociales, también se sumaría al descontento social los reiterados escándalos de corrupción que tuvieron como cúspide el caso de los respiradores inservibles y con sobreprecio para tratar casos de graves de COVID 19 y que involucraban al yerno de la presidenta, pocos días después que se supiera que ministros utilizaban la Fuerza Aérea Boliviana como transporte privado. Cuando la población optó por protestar desde la sana distancia, dentro de casa mediante los cacerolazos para exigir que se celebren elecciones, el canal de televisión con mayor financiamiento gubernamental, UNITEL, faltó a toda ética periodística al burlarse de la protesta al atribuirle que se trataba de una petición para que se cancele la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo.

La combinación de descontentos sociales y políticos derivaron en la decisión de la población de la zona sur de radicalizar sus protestas. La exigencia se concentró en la demanda de poder retornar a su trabajo cuando ya no era secreto que cadenas de alimentos de la zona norte, deliverys y no pocos negocios en el centro habían retornado a sus actividades porque también ya sentían el costo de la falta de ingresos. Si un negocio de las zonas más acomodadas ya sentían la soga de la crisis ¡imagínese una persona que vive las difíciles condiciones descritas más arriba pero que además lidiaba con la falta de trabajo casi dos meses! ¡Y a sabiendas que el sacrificio de la cuarentena había sido en vano dado que no solo no se equiparon los hospitales, sino que se robó en el proceso!

Fue así que estallaron los bloqueos el 11 de mayo en los cuales se vieron involucrados los tres detenidos de hace una semana. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno central? Casi como un reflejo animal, ese mismo día anunciaron los preparativos de una intervención violenta para desbloquear, lo cual derivó en los inútiles enfrentamientos de la noche del 11 entre la policía y los pobladores del sur. Quedará como un hecho emblemático de la naturaleza del gobierno de Murillo y Añez que al día siguiente, el 12 de mayo, hayan sido la policía y los militares quienes les recuerden que el diálogo era una alternativa, sobretodo cuando se registraban un crecimiento exponencial de los bloqueos tras la represión. Lamentablemente el Ministro de Gobierno viene de otra escuela y continuó criminalizando la protesta, atribuyéndole como motor “buscar réditos políticos”, tener simpatía por el MAS y de carecer -imagínense- de algún motivo real para protestar. De este modo nuestro poder ejecutivo hacía gala de su ignorancia sobre el trasfondo social, antecedente y por supuesto derecho a la protesta. El 14 de mayo Arturo Murillo amenazó con consecuencias por las protestas sociales y que actuaria con “todas las herramientas legales”, porque la población de Cochabamba -nótese la oscura ironía- tenía que lidiar con la basura en sus barrios.

El colmo del terrorismo de Estado vendría un día antes de que se levanten los bloqueos con la simultanea amenaza del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala que, queriendo reflectores después de ser repudiados por la población, dio 24 horas a los manifestantes para desbloquear porque de lo contrario serían ellos quienes tomarían cartas sobre el asunto -desacatando la cuarentena-, y el Viceministro de Interior, Javier Issa, que durante la noche amenazó a los manifestantes de K´ara K´ara con el ingreso del ejército recurriendo a un supuesto reporte de “inteligencia” en el cual se sabría de un plan subversivo en la zona para reproducir una masacre como Huayllani y Senkata, donde supuestos infiltrados dispararían con munición letal a la misma población en protesta. De este modo, en horario estelar, se mostraba en la pantalla chica munición letal supuestamente recolectada por inteligencia y que iba a parar en el cuerpo de la gente del sur de Cochabamba. Esto es algo que precisamente podemos llamar de política mediática del terror.

La ausencia de conflictos sociales no caracteriza a una democracia. Es precisamente la existencia de conflictos y la capacidad de canalizarlos por medios institucionales los que en teoría debería caracterizarla. Hoy observamos que estamos lejos de este horizonte y que nos dirigimos en dirección contraria cuando el diálogo y coordinación con las organizaciones sociales está descartado de entrada pero también después de su resolución. Como era de esperarse, de la mesa de diálogo entre el gobierno departamental y los autoconvocados que mantenían los protestas en K´ara k´ara se llegaron a acuerdos que levantaron los bloqueos. Véase en el documento de los acuerdos firmados entre las partes como los reclamos de los tres detenidos se inscribían en la demanda de una demanda colectiva, social, acorde a una largo problema que aqueja a Cochabamba y con viabilidad para ser resuelta sin violencia; agua para su población, flexibilidad para trabajar, suspensión de pagos bancarios, elecciones dentro de los plazos establecidos en las leyes, informe sobre contagios de COVID-19 en la zona sur, rechazo a las clases virtuales por falta de acceso a internet, recuperación del tren metropolitano y -como si se tratase de una solicitud al resto de la población más que a las autoridades- reconocer que también tienen derechos. Pero también nótese con gravedad que el gobierno nacional traicionó estos acuerdo desde el primer punto: “1. – LAS AUTORIDADES SUSCRIBIENTES SE COMPROMETEN A EXIGIR Y DARLES LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE SE CRIMINALICE EL DERECHO A LA PROTESTA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN A TODOS LOS CIUDADANOS DE LA ZONA SUD, EVITANDO QUE NO SEAN PERSEGUIDAS NI DETENIDAS”.

Que hoy los tres compañeros de la zona sur estén detenidos en una celda de La Paz y que sus vecinos de barrio estén nuevamente bloqueando para exigir por los medios que les quedan la liberad y sus derechos, después de traicionados los acuerdos, nos debería alertar sobre con qué tipo de gobierno estamos lidiando y hacia qué dirección va Bolivia.

Andres Huanca Rodrigues es antropólogo y miembro de Hemisferio Izquierdo

Adjunto en PDF acuerdos firmados con K’ara K’ara