Lawfare es un término en ingles que significa el uso abusivo de la justicia con finalidades políticas de eliminación y/o neutralización de un adversario del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Su aplicación en el continente sudamericano tiene una larga data; por razones de espacio, en esta nota se hará referencia a unos cuantos casos, célebres por los resultados que beneficiaron al imperialismo yanqui en su tarea de deshacerse de quienes ejercieron el derecho a oponerse a los dictámenes de Washington.

En Paraguay, Fernando Lugo, en el 2008, era elegido por el voto democrático de su pueblo como presidente de la Republica, poniendo fin a más de sesenta años de una dictadura travestida de democracia, que la ejerció con mano dura y un sinfín de asesinatos y abusos el tristemente célebre Alfredo Stroessner. Dictador lacayo del imperialismo yanqui, fue uno de los gestores del Plan Cóndor para eliminar a izquierdistas y revolucionarios en el continente. El imperio no se resignó nunca a esa derrota electoral y, en el 2012, la embajada yanqui instruyó a parlamentarios sumisos y venales, el inicio de un juicio político, acusando a Lugo de ser responsable de un enfrentamiento entre campesinos y policías en el departamento de Canindeyú. Resultado final: el electo presidente fue destituido sin más ni más; Bolivia, junto a otros gobiernos de la región, se opuso a ese golpe de Estado disfrazado.

En el 2014, el ex presidente Ignacio Lula da Silva gozaba de la más amplia popularidad y todas las encuestas lo colocaban como favorito para las siguientes elecciones. La embajada norteamericana instruyó a la “Justicia” brasilera la instauración de un juicio por corrupción que derivó en las confesiones del empresario Marcelo Odebrecht, famoso por haber sobornado a numerosos gobiernos del continente para hacerse acreedor de millonarios contratos de construcción de obras civiles. El 25 de noviembre de 2014, se implicó en la acusación a la presidenta democráticamente elegida, Dilma Russef; año y medio más tarde, se la destituía como presidenta, poniendo en su lugar a un derechista corrupto que terminó la faena inhabilitando a Lula da Silva como candidato y facilitando, de ese modo, el triunfo de Bolsonaro.

En el 2017, en Ecuador, culminado su mandato con amplia popularidad, Rafael Correa apoyó la designación de Lenin Moreno como candidato de la Alianza PAIS con la que gobernó por casi diez años. La Revolución Ciudadana encabezada por Correa transformó radicalmente a la patria del Gral. Alfaro, revirtiendo en gran medida la pobreza extrema y enjuiciando a banqueros usureros que se enriquecieron estafando al pueblo ecuatoriano. También puso en el banquillo de los acusados a las petroleras que cometieron gravísimos crímenes ecológicos y se enfrentó resueltamente a las politicas de dominación del imperialismo yanqui. La embajada norteamericana instruyó la iniciación de un juicio por corrupción, con la finalidad de inhabilitarlo para las próximas elecciones del 2021, para la que era ampliamente favorito. Resultado: hace unas pocas semanas salió la sentencia condenatoria que lo proscribe de la política. El pueblo de Ecuador castigó a Moreno –conocido como el Judas de América– en las pasadas elecciones, votando por opciones que, a última hora, pudieron habilitarse luego de que Moreno le arrebatara –también por vía judicial y por encargo de la famosa embajada– la sigla victoriosa que organizara desde sus cimientos Rafael Correa.

Hace unos días, por encargo de la embajada norteamericana, la “Justicia” boliviana ha iniciado formalmente una acusación contra Evo Morales, por sedición, poniendo como evidencia una grabación trucha en la que supuestamente Evo instruye cercar ciudades como forma de resistencia al golpe de Estado. Intenta incluir también en una demanda paralela a Luis Arce Catacora, el candidato del MAS IPSP para las elecciones previstas para el 6 de septiembre próximo, a sabiendas de que todas, absolutamente todas las encuestas, lo señalan junto a David Choquehuanca como el virtual ganador en las urnas.

La “Justicia” ya ha dado varias señales de sumisión al amo extranjero, actuando con pasmosa rapidez para enjuiciar y encarcelar a pacíficos ciudadanos que se oponen a esta dictadura, pero desviando la vista cuando se trata de investigar los asquerosos negociados, el narcotráfico y otros delitos mayores para los que, sencillamente, no tiene tiempo. ¿Podrá el imperialismo yanqui imponer su voluntad contra la de la inmensa mayoría del pueblo boliviano?

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