En Bolivia se vive con sorprendentes noticias diarias provenientes del gobierno de facto, que muestran la improvisación, la ausencia de profesionalismo sectorial y el manejo politizado de la administración de un Estado. Asimismo, se vive en tensión permanente, bajo amenaza y acciones de represión a dirigentes de organizaciones populares y sociales y también a personas voluntarias que resuelven ser solidarias con otros frente a la difícil situación económica que atraviesa la mayoría de la población boliviana.

En nuestro país no sólo está penalizada la solidaridad, sino también la mitigación de los males que aquejan a la salud de la mayoría de los bolivianos. Con el uso de manidos pretextos en sentido de que la falta de infraestructura, de insumos, etc., se debía a la herencia de la gestión de Evo Morales, se intentó encubrir la falta de planes de contención epidemiológica y se supuso que, con una cuarentena militarizada, habrían de resolver todo. Lastimosamente, después de cuatro meses de declarada la emergencia sanitaria, aún no llegan los 500 respiradores prometidos, los reactivos para el diagnóstico del COVID19 han tenido que ser adquiridos por gobernaciones y municipios, incluyendo la compra de medicamentos, equipos de laboratorios, entre otros.

A esto se suma las bajas del personal sanitario contagiado por insuficientes medios de protección en la mayoría de los casos. Por otra parte la entrega ministerial de ítems para cargos médicos, al parecer, aún se encuentra en incógnita porque se discute quien se hará cargo de pagar los sueldos de los mismos. Otro dato que evidencia la negligencia gubernamental es el hecho de que, al menos, cuatro ministros se encuentran con COVID 19, junto a varios viceministros, directores, autoridades de instituciones estatales e inclusive la presidenta de facto, mostrando que este grupo de personas tampoco cumple con los protocolos de autocuidado.

Para colmo de males, hoy tenemos como ministro interino de Salud a un personaje absolutamente inapropiado por su procedencia y falta de experiencia. Se trata de un ex militar que se desempeña como ministro de defensa. La ciudadanía se pregunta: ¿será el indicado para asumir una política sanitaria? Esta designación es una señal inequívoca que, para el gobierno actual, la salud de la población no tiene importancia; excepto para la corruptela y el uso de la fuerza militar y policial para el control militarizado de la cuarentena, como mecanismo para inmovilizar a la población. La ciudadanía está cansada de tanto abuso y desacierto; por ello, ha decidido iniciar una serie de movilizaciones exigiendo la derogatoria del Decreto Supremo 4252, las disposiciones sobre Educación, la reestructuración del Ministerio de Salud, la reactivación económica y la realización de las elecciones.