A casi 90 días de la suspensión de actividades educativas en toda Bolivia; niñas, niños, adolescentes, maestros, maestras, padres y madres de familia siguen en la espera de que el gobierno de facto pueda asumir medidas concretas para continuar el ejercicio de este derecho.

El 12 de julio el Ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas ha declarado que todos los estudiantes aprobarán el año escolar, no se ha referido a la brecha digital que existe entre zona rural y urbana, ni al plan de contingencia de corto ni de mediano plazo que nunca presentó, tampoco habló de las soluciones o medidas asumidas para los casos de zonas rurales donde no existen condiciones de lograr una enseñanza virtual, además, durante todo este tiempo existió una clara falta de coordinación entre las direcciones departamentales y el ministerio de educación, lo que causa zozobra y preocupación en padres y madres de familia, que se ven obligados a gestionar un equipo celular entre sus dos o tres hijos para la asistencia a sus clases virtuales que se han estado llevando a cabo sin control de ninguna autoridad, y en el caso de ser maestros de asumir gastos para cubrir capacitaciones en nuevas tecnologías o herramientas como plataformas de encuentros virtuales. Y a pesar de que todos ellos han sabido sobrellevar estas desigualdades el Gobierno no logra enfocarse en la educación, pues durante este tiempo se ha sabido de casos de corrupción por uso de influencias dentro del ministerio de educación, de los recursos donados por otros países y organizaciones internacionales ni un centavo se ha visto invertido en este rubro.

El 6 de junio se decretó la reglamentación de la ley de cuarentena nacional con respecto a la educación como regalo a los maestros en su día, el cual atenta claramente contra la educación fiscal y gratuita. Los maestros y maestras del área rural salieron a las calles a protestar, en defensa de sus fuentes laborales, pero también del derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes.

Hasta el día de hoy el ministerio no ha coordinado ninguna de las acciones estipuladas en el decreto supremo con los actores de la educación en Bolivia, el ministerio se ha reducido a pedir aportes y sugerencias a los colegios para llevar a cabo la transición de una educación presencial a virtual y aun así todas las decisiones que se tomen en torno al cómo evaluar el aprendizaje en las aulas virtuales, las herramientas a usar, las plataformas, y los materiales, deben ser revisadas y decretadas nuevamente. Así presenciamos hoy cómo se vulneran nuevamente los derechos de las niñas, niños, adolescentes y trabajadores en Bolivia.

* Especial para Latinoamérica Rompe el Cerco