NUESTRA PALABRA No 19

Las organizaciones sociales urbanas y rurales de Cochabamba y del país, nos manifestamos ante aprestos personales, políticos e institucionales con el único fin de postergar las Elecciones Generales, rechazando cualquier intento descabellado de desconocer el derecho político del pueblo de elegir y ser elegido el domingo 6 de septiembre del 2020.

En el país, los últimos informes sanitarios se hacen por miles de contagios y decenas de decesos, una pandemia explosiva fuera de control, agravada por la temporada de invierno y por la cruda realidad de muertes en viviendas y calles, de familias conviviendo por varios días con sus fallecidos y velorios públicos en las calles. La deficiente planificación estatal de la prevención, preparación y enfrentamiento del COVID-19, ha generado una duda entre la incapacidad y la premeditación del Gobierno, para fomentar el desarrollo del sector privado de la salud, exagerando costos que sobrepasan los 10.000 Bs por día, a pacientes positivos; por otro lado, la ineficiencia de este gobierno para enfrentar al COVID-19, se demuestra en la falta de un plan de trazabilidad para detener el virus, los test rápidos y rastrillajes están fuera de tiempo desde su inicio el 10 de marzo del presente año.

Habiendo pasado 4 meses entre cuarentenas rígidas y moderadas, no se cuenta con los respiradores, no se tienen pruebas de contagio masivo y no funcionan los laboratorios, estas fallas en la atención son el verdadero motivo de la crisis sanitaria en Bolivia. La Comisión de Prevención y el Comité Científico Asesor del COVID-19 se limitan a reportar cifras de contagiados, sospechosos, recuperados y decesos; consideramos, que por su irresponsabilidad, no son idóneos para modificar la fecha de las elecciones. En esta coyuntura, el TSE en uso de sus atribuciones ha definido el 6 de Septiembre como fecha de Elecciones Generales, sus facultades y responsabilidades le obligan a llevar adelante las Elecciones Generales con todas las medidas de bioseguridad, de acuerdo a los protocolos internacionales, experiencias, recomendaciones y medidas comparadas.

Bajo la aparente democracia, los decretos del gobierno de facto, son licencias para que las fuerzas públicas persigan y masacren a personas, organizaciones y movimientos sociales por supuestos atentados contra el orden público. Cuando las elecciones ya tienen una fecha definida, el gobierno dictatorial declara enemigo público al MAS-IPSP, sus candidatos y militancia, acusando de fraude, sedición y terrorismo para proscribirlos, cercándoles con nuevas demandas penales, con presión institucional de los Ministerios, Contraloría y Procuraduría ante él TSE, con grupos organizados de paramilitares, con grupos civiles y partidos de extrema derecha, con las Iglesias y el respaldo externo de los Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, la realidad para proscribir es diferente, porque más del 50% de personas que apoyan al MAS-IPSP representan la unidad de las clases progresistas, obreras, campesinas, indígenas y pueblos originarios que el Gobierno de Facto considera como una verdadero peligro; porque la política nacionalizadora y cuidado de los recursos naturales y estratégicos favorecen al Estado Plurinacional y atentan a las políticas neoliberales; finalmente, porque el Estado Plurinacional, es un modelo de dignidad, soberanía y desarrollo interno, y fuera del país, es la voz de la lucha antiimperialista que pone frenos a la visión neoliberal de las alianza civiles, políticas, militares, paramilitares, empresariales y policiales.

El Gobierno de Facto, a nombre de la democracia impone sus ambiciones personales, realiza ataques políticos, fomenta políticas foráneas, permite la organización y ataque de los defensores de la democracia (pequeños grupos de poder económico, político y social violentos) a la estructura del Estado, la población, partidos políticos y candidatos que piensan diferente. A nombre de la salud, bajo el rótulo de “primero la vida y la salud”, de una subida exponencial e incontrolable de casos positivos de COVID-19 y siendo los responsables de la crisis sanitaria, pretenden suspender las Elecciones Generales para prorrogar la actual estructura de gobierno, facilitar el retorno del modelo neoliberal, aplicar políticas de saqueo de nuestras riquezas, anular derechos sociales alcanzados y destruir nuestro aparato productivo y económico nacional.

A los intentos de postergar, proscribir y suspender las Elecciones Generales, crecen las sospechas de un Golpe de Estado para suprimir las instituciones constitucionales como la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral principalmente, con la finalidad de anular el calendario y suspender la fecha electoral, el Gobierno de Facto siembra públicamente las figuras de una escalada de violencia, la existencia de grupos irregulares, de grupos subversivos, la presencia de grupos narcoterroristas, actos de sedición, terrorismo y la existencia de delincuencia armada para justificar una intervención militar, por este motivo, hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas para apoyar el retorno a la institucionalidad, apoyando las elecciones convocadas para el 6 de septiembre del 2020.

POR EL RETORNO A LA INSTITUCIONALIDAD, CONTRA EL APARATO GOLPISTA

Cochabamba 14 julio de 2020