De acuerdo a las normativas vigentes, para ser ascendidos, los militares deben cumplir varios requisitos, entre ellos no estar inmiscuidos en temas penales, al no haber analizado esos requisitos, el Gobierno interino incumple las leyes vigentes.

El Decreto Supremo N° 4291, promulgado el 15 de julio de 2020, benefició a varios militares investigados en la justicia por delitos que van desde uso indebido de bienes y servicios públicos, compra irregular de diésel, ultraje a símbolos patrios, importación anormal de vehículos Hummer, e incluso trata y tráfico de personas.

La última semana de abril, el abogado #OttoRitter denunció la compra millonaria de diésel por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a un precio de 124 dólares cada barril cuando el precio del petróleo se había desplomado debido a la pandemia mundial, y oscilaba los 40 dólares americanos. Por esta causa el ministerio Público instruyó la investigación de las autoridades que viabilizaron la compra de diésel con sobreprecio.

Entre los funcionarios investigados están el actual director de la ANH, General Iván Alcalá Crespo, y el expresidente de YPFB Herland Soliz. El analista en hidrocarburos Hugo del Granado señaló que el director de la ANH, General Iván Alcalá Crespo, tiene la tuición de aprobar las importaciones o exportaciones que realiza YPFB y que para dar el visto bueno debe tener conocimiento del concurso de precios que debe realizarse previa contratación, incluso en contrataciones directas. Sin embargo, Alcalá fue ascendido. En su expediente también figura el uso indebido de bienes y servicios públicos.

De acuerdo a documentación a la que tuvo acceso este diario, el 22 de enero de 2002, el (entonces) Capitán Jaime Arias de la Riva, comandó el accidentado aterrizaje del avión Fokker F-27, en la ciudad de Guayaramerín ocasionando la pérdida total de la aeronave. La junta de investigación de accidentes de la FAB (JIA), determinó una falla operacional, sancionando al piloto Capitán Jaime Arias, con la suspensión definitiva de vuelos, sanción que lo inhabilitaba al ascenso al grado de mayor. La pérdida de la aeronave provocó un daño al Estado de 2 millones de dólares. Entre los años 2004 y 2007, el entonces Mayor Jaime Arias de la Riva fungía como agregado adjunto aeronáutico en la República Argentina, y estuvo involucrado “junto a once diplomáticos” bolivianos en la internación irregular de vehículos Hummer mod H3 con un valor de 34.300 dólares cada uno.

El General José Luis Salazar Escobar y el Coronel Carlos Salinas Águila (ambos del Ejército), cometieron el delito de ultraje a los símbolos patrios, previsto en el artículo 129 del Código Penal que sobre el particular expresa, “quien o quienes injurien ofendan, desprecien ultrajen públicamente los símbolos del Estado serán pasibles a la sanción de seis a dos años de cárcel”. El Artículo N° 6 de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce a la wiphala como símbolo patrio: “Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú”. El Coronel Luis Alberto Pacheco Montaño, la mayor parte de su carrera profesional estuvo en el exterior, por lo que no cumplió con el requisito de servir dos años en guarnición de frontera, condición indispensable para postularse al ascenso de oficial superior.

El Coronel Herbert Butrón Vera no cumplió con el requisito imprescindible de “cargos y destinos” en el grado de coronel, de acuerdo al reglamento de ascenso, capítulo IV artículo 66. Sin haber cumplido con esta exigencia el Coronel Butrón debería ocupar el puesto 29; sin embargo, se encuentra en la lista de ascensos en el puesto número 10, dando un brinco de 19 puestos por encima de oficiales de su promoción. En agosto de 2018, se presentó denuncia ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos “por trata de personas y otros” contra el Coronel Alberto Saavedra Nogales (Fuerza Aérea), cuando este oficial era comandante de la Quinta Brigada Aérea en Trinidad, denuncia de la cual tiene conocimiento el Comando en Fefe de las FF.AA. y el ministerio de Defensa; sin embargo, no recibió ninguna sanción.