Una de las armas que ha venido empleando con renovado éxito el imperialismo norteamericano y los gobiernos dóciles y serviles de los que se vale en Latinoamérica, ha sido la judicialización de la política, consistente en validar legalmente una serie de atropellos y violaciones a los derechos humanos de las personas. Uno de los últimos casos conocidos, es la acusación por presunta usurpación de funciones, a la actual Defensora del Pueblo, bajo el alegato de que su mandato habría fenecido hace algunos meses.

Curioso, pero cierto, la dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez, que supuestamente debería haberse dedicado únicamente a la convocatoria de nuevas elecciones, se prorroga indefinidamente, una y otra vez, bajo el pretexto de combatir la pandemia y velar por la salud de la ciudadanía. Los resultados desmienten con la tozudez de los hechos, tal pretensión. Suman y siguen los desaciertos en todos los ámbitos del acontecer nacional, pero fundamentalmente en el plano económico y en los manotazos improvisados que se dan en la lucha contra el COVID 19.

Pero ello no es obstáculo para que el burro hable de orejas. La Defensora, dizque, gozaría de un mandato ya fenecido y estaría usurpando funciones. Tan burdo pretexto esconde, en realidad, la verdadera intención de un gobierno nacido de un golpe de Estado, carente de legitimidad. Lo que busca, en realidad, es amedrentar a todas las instancias legítimas encargadas de velar por el respeto a los derechos consagrados por la Constitución Política del Estado… en nombre de la CPE.

Nada nuevo bajo el sol. Esta modalidad fue ensayada de manera exitosa desde hace muchísimos años en Paraguay, cuyo pueblo sufre los rigores de la dictadura instaurada por Alfredo Stroesnner, de triste recuerdo en la historia del continente. Allí se empleó la técnica para derrocar al presidente Fernando Lugo de manera “legal”, como legales son los incontables juicios del Estado represor contra los dirigentes sociales guaraníes –particularmente campesinos– para reprimir todo acto de resistencia.

Nada al margen de la ley; por el contrario, es la ley la que cae sobre los pobres y explotados que no tienen derecho alguno, porque por encima de ellos se encuentra una norma que considera poco menos que traición a la patria, todo acto de rebeldía.

Con ese antecedente, el imperialismo ha generalizado el uso de la ley contra el pueblo. Estas acciones ahora han sido bautizadas en la jerga periodística y política con el denominativo de “law fare”. Dilma Russef y Lula Da Silva en Brasil; Rafael Correa en Ecuador; la misma Cristina Fernández en Argentina –a quien no pudieron condenar por falta de pruebas– por citar sólo algunos ejemplos emblemáticos, muestran su uso selectivo para anular a nuestros pueblos.

Hoy ensayan su aplicación en Bolivia a la espera de buenos resultados. Tienen de su lado a un contingente de jueces venales y corruptos que se apresuran a encarcelar, juzgar y condenar de manera extraordinariamente veloz a los opositores masistas, en tanto hacen de la vista gorda a los vergonzosos negociados con que nos insulta la dictadura. Fijan fianzas exorbitantes cuando resulta insostenible la prisión preventiva de los inocentes, pero la rebajan a sumas ridículas para que los autores de los negociados puedan actuar con total impunidad, como es el caso del ex ministro de Salud, cómplice de la compra con escandaloso sobreprecio de los famosos respiradores que no eran respiradores y que poco sirven para la emergencia nacional.

Por ello, la actual acción judicial contra la Defensora del Pueblo sólo puede entenderse como uno más de los coletazos de la dictadura por acallar toda forma de defensa de los derechos humanos; evitar que se acopien pruebas de esos ilícitos porque saben que más temprano que tarde, un juicio de responsabilidades pondrá en el banquillo de la historia, a los émulos y discípulos de los San Román y Arce Gómez. Podrán postergar un tiempo corto las elecciones, pero no detendrán la inevitable marcha de la historia.