Las formidables movilizaciones populares que se han dado este martes 28 de julio en las principales ciudades del país, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana, han puesto en evidencia –esta vez en las calles– el clamor popular por la realización, a la brevedad posible, de elecciones libres y democráticas para contar con un gobierno legítimo, fuerte y con amplia base social, capaz de encarar la crisis generalizada a la que nos ha conducido el gobierno de facto.

A despecho de las expectativas del gobierno, cuyo ministro de Gobierno apostó a que el temor a la represión y el impacto de una campaña mediática amedrentaría a la ciudadanía con el sambenito de los contagios por corona virus, el pueblo organizado en sus diferentes estamentos, decidió dar una lección a los golpistas. De nada valieron los “sensatos” llamados de cierta prensa y el desánimo de algunos militantes populares, que no confiaban en la capacidad del pueblo para auto convocarse.

Un primer balance da cuenta de la magnitud del movimiento telúrico que sacude a Bolivia para que se respete la fecha fijada por ley para las elecciones: el 6 de septiembre de este año. Inicialmente previstas para enero de 2020 –así lo habían prometido los golpistas al momento de hacerse del gobierno masacres de por medio–, fueron postergadas para mayo, aduciendo sinrazones. Luego, la burla continuó, afirmando que se realizarían en junio, pero las eficientes pitonisas del régimen adivinaron que justo, justito en esas fechas, el corona virus alcanzaría su apogeo y que convocar a las urnas equivalía a convocar a una carnicería en la que la gente moriría como moscas.

El Tribunal Supremo Electoral acordó, entonces y para recuperar algo de la credibilidad perdida, un encuentro con todas las fuerzas políticas que terciarían en los comicios, para hacer un pacto de caballeros, postergando una vez más la fecha prevista, aduciendo las mismas sinrazones. Se trataba, en realidad, de una reunión que tenía como propósito convencer al MAS IPSP, que día que pasa aumenta su ventaja electoral sobre el segundo, de que no era conveniente esa fecha. Para entonces, tenían plan a), consistente en persuadir a la dirigencia masista de lo sensato de ese propósito y; plan b), en caso de negativa, de promover una intensa campaña al estilo del bocón Murillo, para mostrar al instrumento como una cáfila de irresponsables que, por intereses mezquinos y ambición de poder, estaba dispuesta a sacrificar la seguridad y la salud pública.

El MAS IPSP dio muestras de una gran madurez y no se prestó al juego de la derecha. Aceptó la nueva fecha del 6 de septiembre, con la convicción de que, tratándose de un acuerdo público, en el que se ponía en juego la fe de uno de los poderes del Estado, se cumpliría con lo pactado. Pero han podido más las presiones de la embajada norteamericana que los buenos deseos. El TSE ha declarado que no necesita ahora consultar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que tiene la potestad de fijar la fecha de las elecciones.

Ésa es una de las razones de la ira popular. Ése es el motivo por el cual, cientos de miles de bolivianas y bolivianos, desafiando las amenazas del gobierno y las mentiras de la prensa sumisa y amordazada, decidieron retomar las calles. En una muestra de gran madurez, no han caído en ninguna provocación, conservando la distancia social entre marchistas y protegiéndose con barbijos para eventuales contagios. En la ciudad de El Alto –que ha sido el punto de concentración más numeroso del país– el cabildo ha evitado todo tipo de confrontación y sólo se ha registrado un ataque a una ambulancia, acción de elementos infiltrados por el Ministerio de Gobierno, pero que fue repudiado inmediatamente por los marchistas. A pesar de la imponencia de tanta multitud, no se ha caído en la tentación de bajar a la ciudad de La Paz, para evitar pretextos represivos y excesos de la Policía, que nuevamente iban a ser achacados al MAS y a Evo Morales, como lo vino haciendo en días precedentes el bocón de Arturo Murillo.

La mejor constatación de la contundencia popular es, sin duda, las tristes declaraciones que han hecho la autoproclamada presidenta y su corifeo; la primera afirmando que la movilización fue “irresponsable y canallesca” y el segundo, el tal Núñez, amenazando con el “law fare” correspondiente, bajo las consabidas acusaciones de atentado contra la salud, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y destrucción de bienes del Estado.

Indicios suficientes de que el plazo se les acaba y el pánico cunde.