El desgobierno de facto encabezado por la autoproclamada Jeaninne Añez acaba de dar un nuevo golpe artero al pueblo boliviano: ha decretado la clausura del año escolar, so pretexto de precautelar la salud pública (¿?). De esta manera, millones de estudiantes escolares de todos los confines de la patria ven postergados sus derechos a la educación.

Ni siquiera las formas mínimas que un gobierno debiera guardar han sido respetadas; no ha sido el ministro de Educación el encargado de dar la infausta noticia. No. Para que no queden dudas de quiénes son los hombres fuerte del gobierno actual, ha sido Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, quien actuó de vocero comedido, haciendo el ridículo en el que ya incurriera el ministro de Obras Públicas dándose de sabihondo acerca de la pandemia actual.

Por supuesto, detrás de esta otra desatinada medida que afecta gravemente la formación y capacitación de la juventud boliviana, no podía dejar de estar la excusa que ya suena a broma de muy mal gusto: la culpa la tiene el gobierno de Evo Morales, acusado esta vez de ser culpable del «lamentable retraso tecnológico producto de las últimas décadas, este período será dedicado a la ampliación de la red de fibra óptica, señal satelital y de internet, dotación de equipos tecnológicos y suscripción de acuerdos entre los gobiernos nacional, departamental y municipal para asegurar el acceso a internet», de acuerdo a las declaraciones del portavoz.

Hipócritas y mentirosos hasta no más, los personajillos que hoy detentan el poder sin ninguna legitimidad, son los mismos que en su momento criticaron e hicieron escarnio del esfuerzo del gobierno constitucional y democrático de Evo Morales por dotar al país de un satélite que permitió un espectacular crecimiento en el acceso a los servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), particularmente en las áreas rurales. Prestidigitadores de la palabra, echan tierra a la sorna despectiva con la que criticaron los esfuerzos por producir equipos de computación en el país, para entregar las Quipus a escuelas de áreas rurales y barrios periféricos, como herramienta de formación de los educandos de todo el país. ¡Imagínense la ocurrencia del indio! ¡Tener un satélite y armar computadoras! ¡Dónde se ha visto eso!

Para ocultar el sol con el dedo, nada dicen del pasado neoliberal en el que las huelgas de maestros y estudiantes estaban a la orden del día, afectando dramáticamente el porcentaje de los doscientos días de clases que jamás se cumplían, en contraste con la virtual normalidad que caracterizó a la educación primaria y secundaria en el país en los catorce años que tanto le duelen a una derecha incapaz de emular uno solo de los indicadores que hicieron del gobierno de Evo Morales un modelo para el continente.

¿Qué se esconde detrás de esta medida? El ventrílocuo que hace hablar al limitado portavoz ocasional del gobierno devela sin mayor rubor la verdadera razón de este nuevo crimen de la dictadura: que el magisterio tanto urbano como rural –al igual que la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales y movimientos sociales del país–, en defensa de la democracia, mantiene una “actitud radical y partidista de la dirigencia sindical del magisterio, que mediante marchas, huelgas de hambre, movilizaciones, toma de instituciones y otras acciones de hecho”, para expresarlo en palabras de Yerko Núñez.

Desmovilizar al pueblo a cualquier costo, esa es la consigna de los amos del Norte, desvelados porque la situación se les escapa de las manos y el clamor popular ha pasado a ganar las calles para pedir respeto al elemental derecho a la salud, a la vida, a elegir libremente su propio gobierno, a pedir educación para jóvenes que hoy, con esta medida, son las inocentes víctimas de la barbarie fascista encaramada en el poder.

Equivocados en tiempo y espacio, los retrógrados que hoy le niegan educación al pueblo caerán en cuenta del error cometido, porque la gran marcha hacia la reconquista de la democracia ya no podrá ser detenida.