Recientemente se hizo público un documento sobre la situación de Bolivia, elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard¹. Es el resultado de seis meses de investigaciones, e incluye testimonios y entrevistas a más de doscientas personas. Señala que bajo el actual gobierno “…la violencia promovida o respaldada por el Estado, la limitación de la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias, han contribuido a un clima de terror y desinformación que ha socavado el Estado de derecho y la perspectiva de unas elecciones justas y abiertas…”. Identifica además cuatro áreas en las cuales las actuales autoridades han violado derechos humanos:

1) Violencia de Estado contra manifestantes

2) Falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia

3) Persecución de disidentes

4) Violencia ciudadana y paraestatal.

Desde la Plataforma por los Derechos Humanos-Santa Cruz señalamos que el tenebroso panorama descrito se agrava con la sistemática difamación a determinados sectores de la población por parte de diferentes autoridades, lo que ha exacerbado un clima de odio, confrontación, discriminación y racismo explícito.

Nos parece necesario observar que en ocho meses el gobierno de facto ha demostrado una única y notable eficiencia en todo lo relacionado con políticas de represión, amedrentamiento, amenazas y persecución, sea por parte de ministros de Estado, medios de comunicación aliados o fuerzas policiales y militares. Dicha efectividad contrasta de forma llamativa con la improvisación, negligencia e incapacidad de gestión demostradas en ámbitos vitales para el bienestar de un país como los de la salud, educación, seguridad social y empleo, a lo que se suma el aparente errático rumbo económico y financiero, con publicitadas danzas de millones, oscuras administraciones de empresas nacionales, y endeudamientos con destino dudoso.

El cuadro que sintetizamos, que expone un escenario de múltiples y sostenidos atropellos a derechos humanos elementales, no puede dar otro resultado que un país quebrado e inviable, sin soberanía real y con inmensas porciones de su población a la intemperie, pero a la vez como presa fácil de grupos de poder locales y extranjeros. Estas condiciones son las que hoy movilizan a organizaciones y pueblos para encontrar de forma responsable una salida pacífica a la crisis de violencias estatales sistemáticas. En ese sentido, la demanda de elecciones es legítima, legal e impostergable.

Plataforma de Derechos Humanos Santa Cruz

1 http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf