Como en las viejas épocas feudales, no del todo superadas en Bolivia, se ha consumado un matrimonio sin pedirle consentimiento a la novia. El Senado, el Tribunal Nacional Electoral y el Poder Ejecutivo, a comedida convocatoria de representantes de la Iglesia, de la Unión Europea y de Naciones Unidas, han concertado una nueva ley de convocatoria a elecciones, “hasta el 18 de octubre de 2020”, “impostergablemente”, dice el texto.

Luego, quien preside el órgano electoral, conferencia de prensa de por medio, ha conmovido a la opinión pública, dando detalles de sus esfuerzos por concertar con todos, menos con los directos interesados. Los movimientos sociales que protagonizan un masivo bloqueo de caminos que ha sido deliberadamente devaluado por la información de prensa y sus comentaristas disfrazados de analistas, han sido invitados de piedra, para que escuchen y sean informados, no vaya a ser que luego se diga que no se les tomó en cuenta.

La norma no dice absolutamente nada nuevo en materia de calendario electoral que no haya sido conocido por la ciudadanía; es decir, no hay nueva fecha para las elecciones, fijadas arbitrariamente por el TSE para el 18 de octubre y no el 6 de septiembre, postergación que dio pie a la movilización popular. Pero añade algo sumamente grave, a título de blindar la fecha. Dice que toda acción de cualquier persona orientada a impedir su realización, será penada con el rigor correspondiente.

De esta forma, el gobierno de facto se ha liberado de la necesidad de dictar el Estado de Excepción para suspender las garantías constitucionales –entre ellas, el justo derecho a la protesta– porque podrá reprimir a su antojo, amparado por la ley que ha sido aprobada entre muy sensatos y demócratas representantes, al margen de las “bestias”, como denominó el presidente del Comité Cívico cruceño a sus compatriotas que no tienen ese pedigree del que tanto se ufana una élite racista.

¿Quiénes hablaron en nombre de los movilizados? Que se sepa, apenas un encuentro para guardar las formalidades, en el que los dirigentes campesinos en representación del Pacto de Unidad y el ejecutivo de la Central Obrera boliviana tuvieron que escuchar lo que ya estaba resuelto y decidido. Así, el relato del presidente del TSE adquiere verosimilitud: más o menos que todos estamos de acuerdo, matices más y matices menos. La prensa sumisa se encarga del resto.

Pero lo cierto es que la realidad es completamente diferente. Por lo menos, la realidad de esos bloqueos que se llevan a cabo con el concurso de cientos de miles de movilizados, mayoritariamente ciudadanos de segunda categoría, indios, campesinos, indígenas, que nutren las filas de los cada vez más cansados de tanta mentira organizada. Las redes sociales traen las imágenes de su protesta a cada instante, mostrando su decisión y, por sobre todo, las convicciones e ideales que los mueven.

Los muy salvajes están cansados de un gobierno que maneja millonarios recursos de la cooperación internacional, de créditos internos y externos, de ayuda de todo tipo, pero que no da pie en bola para combatir la pandemia, aprovechando, por el contrario, la emergencia nacional para llenarse a manos llenas los bolsillos con vergonzosos negociados. Por otro lado, hunde más aún la economía nacional, mediante desatinos que nadie entiende; con planes que se limitan a promesas electoralistas porque la presidenta es a la vez candidata y jefe de campaña; porque en vez de velar por la educación de niños y niñas, procede a clausurar el año escolar por la mezquina sinrazón del cálculo represivo de cuántos maestros quedarían al margen de las movilizaciones con esa medida; con acciones represivas impunes que tienen en la cárcel a cientos de compatriotas acusados de sedición y terrorismo, sin opción a la justicia.

Todas esas verdaderas razones han sido desoídas por los complotados consensuadores de la nueva ley, en contra del movimiento popular. Pretenden, de esa forma, aislarlos y ponerlos en la picota del escarnio como promotores de violencia sin justificativo, toda vez que ya se pusieron de acuerdo, casi todos. Olvidan –para ser generosos con ellos– al menos a la mitad de la otra Bolivia, la profunda, la que no se rinde, la que sueña.

Ley de efecto inmediato: las instalaciones de las Bartolinas y de la COB ya han sufrido sendos atentados terroristas. El Pacto de Unidad y la COB han sintetizado este dramático final que no es final, sino empezar, en una sola palabra: traición.