Con una deferencia que no se manifestó al momento de recibir a los representantes de los movimientos sociales, el presidente del Tribunal Nacional Electoral ha sostenido una larga reunión con la plana mayor del cada vez más tristemente célebre Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿El motivo? Atender sus democráticas razones para postergar de manera indefinida las elecciones nacionales; es decir, promover el prorroguismo del actual régimen, desde una posición “apolítica” pero “cívica”.

El argumento esgrimido por los dirigentes de esta entidad que asume la representación del pueblo cruceño, es que el órgano electoral “no daría las garantías sanitarias suficientes para que el 18 de octubre la gente asista a votar sin el riesgo de un contagio masivo por COVID-19”. Pueril pretexto con el que pretenden arrogarse también la potestad, competencias y atribuciones de otras entidades del Estado Plurinacional, que deberían pronunciarse al respecto. Algo, por supuesto, que resulta extremadamente sencillo, sobre todo por la experiencia que ya se ha dado en otros países como Francia o República Dominicana, por citar dos casos recientes.

En esos países, se han llevado sendos eventos electorales de manera ordenada y tomando las debidas precauciones. Una adecuada campaña de concientización ha facilitado que la ciudadanía acuda a las urnas guardando la distancia social recomendada, utilizando barbijos y contando en los recintos electorales con los respectivos profilácticos que ya se usan a la hora de hacer trámites bancarios o de ir al supermercado a hacer una compra. Y es que el aislamiento al que se quiere condenar al pueblo trabajador no es la cura de la pandemia; apenas, si, una ya cuestionada forma de prevenirla.

Pues no. Para el Comité Cívico, erigido hoy en guardián de la democracia y de la salud, eso no los convence y, por tanto, manifiestan abiertamente su decisión de oponerse a los comicios. Claro está, qué mejor gobierno que éste, que se encarga de encarcelar y perseguir a los que ellos ya han señalado, sin más prueba que la que imaginan sus escasas neuronas, como “bestias” indignas de vivir en este suelo, cuya propiedad también se atribuyen graciosamente. De esa forma, hacen propias las propuestas del otrora dirigente cívico, devenido hoy en candidato, Fernando Camacho, que ha manifestado también públicamente que saldrá a las calles con sus matones si es que alguien se atreve a abrir recintos en Santa Cruz.

Entendible actitud, pero no justificable, dada su escasa y cada vez más esmirriada preferencia electoral, que desciende de manera dramática, compitiendo en la velocidad de la caída con la autoproclamada y también candidata Jeaninne Añez. Es decir, se trata en rigor del grito desesperado de los perdedores, que piden al árbitro suspender el partido porque la goleada que se les avecina no tiene posibilidad alguna de ser remontada. ¡Son los perdedores los que no quieren elecciones!

Si tal oposición habría nacido de los “salvajes” y sus representantes, con toda seguridad habríamos vuelto a escuchar las bravuconadas del ministro de Gobierno, que habría amenazado con cárcel inmediata a los sediciosos que se oponen a la ley de convocatoria que fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, precisamente como un salvavidas sospechosamente oportuno para un gobierno que veía aterrado como los bloqueos de caminos se masificaban y la protesta popular iba en aumento. Apelando a dicha norma, las autoridades del régimen deberían acusar ya a los cínicos cívicos de sedición y desobediencia a la ley; además de apología de la violencia.

Nada de ello ocurre. Por el contrario, pasean sus paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista y de la Resistencia Juvenil Cochala por las calles, con absoluta impunidad. Grupos irregulares que deberían estar al margen de la ley, en la cárcel, como determina la legislación antiterrorista vigente en el país. Deberían compartir celdas con los dirigentes cívicos por violar la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, hasta lo que se sabe, todavía vigente en nuestro Estado Plurinacional.

Nada de ello ocurre. Impunidad total para los delincuentes y compinches del gobierno. Palo, persecución y cárcel para los que se atreven a movilizarse en defensa del derecho a elegir libremente a sus gobernantes. Les quedan menos exactamente dos meses para honrar la fecha de elecciones. ¿Se someterán al dictado democrático?