«Me siento contenta, pues siento que los niños van a recuperar los derechos que se les estaba vulnerando del acceso a la educación, ahora se ha determinado este plazo de 10 días para que se tomen las acciones con los niños, eso esperamos». La frase pertenece a la diputada Lidia Patty y fue expresada luego de que se conociera una resolución favorable de una instancia judicial para abrogar la resolución gubernamental que daba por clausurado el año escolar.

El 31 de julio de este año, el gobierno de facto decidió cerrar toda actividad escolar, alegando endebles razones técnicas pero, en el fondo, reconociendo que con esa medida, se neutralizaba a un sector organizado y crítico. Eran momentos conflictivos; una marcha multitudinaria había precedido en la ciudad de El Alto a un cabildo de diversos movimientos sociales convocados para defender la tercera fecha pactada para la realización de las elecciones. Su nueva postergación fue considerada una burla que oculta el afán prorroguista de la autoproclamada presidenta y candidata Jeaninne Añez. Para evitar que la protesta se extendiera hasta el magisterio y a los estudiantes de secundaria, el gobierno de facto optó por la clausura del año escolar. Exactamente igual que durante las épocas de las dictaduras militares, cuando se apelaba al expediente del cierre para mermar los contingentes populares adversos. Mezquina razón que perjudicaba y perjudica a cientos de miles de estudiantes, condenados a la holganza obligatoria por mero cálculo represivo.

La Sala Constitucional Primera de La Paz ha atendido el reclamo formal y legal que se le ha presentado, en nombre de esos cientos de miles y de otro tanto de padres de familia, que ven azorados cómo se les niega a sus hijos e hijas el derecho a la educación; consagrada, por lo demás, como el más alto deber del Estado. Le ha dado un plazo de diez días a las autoridades sectoriales para enmendar el entuerto, poniendo énfasis en la necesidad de una acción conjunta de toda la comunidad educativa: padres de familia, maestros urbanos y rurales, además de los propios damnificados por la irresponsabilidad de ministros que creen que el país es su hacienda particular en la que pueden hacer lo que se les ocurre, en flagrante violación a la Constitución Política del Estado.

En ese plazo, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, ex candidato que recibiera como parte del botín de los golpistas esa cartera de Estado, debería tener el decoro de renunciar; al igual que el ministro de Defensa, que fungiera de vocero de la decisión. De esa forma, la comunidad educativa interpretaría la salida de ambos personajes, como una sincera acción del gobierno de facto por enmendar el error, asumiendo autocríticamente que ambos burócratas metieron las de andar, el uno por omisión y el otro por comedido. Triste historia de Cárdenas, cuyos orígenes aymaras daban pie a imaginar que pensaba con cabeza propia y que pondría alguito positivo al gabinete de sinvergüenzas que forma parte de la banda delincuencial que nos gobierna.

La renuncia debería ser acompañada por una convocatoria a todos los actores que tienen que ver con el tema, para inicialmente rendir cuentas no sólo de lo actuado, sino de la forma en que se ha administrado la infraestructura, el personal y el equipamiento en educación. Miles de computadoras, por ejemplo, fueron sistemáticamente entregadas por el gobierno de Evo Morales, particularmente a comunidades educativas del campo, para que educandos y educandas tuvieran acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación para mejorar sus condiciones de aprendizaje. No sólo fueron “canchitas” las que se construyeron, como acostumbra desinformar en forma peyorativa el devaluado gobierno de facto, sino numerosas obras de infraestructura que le fueron cambiando la cara a los servicios públicos educativos del país. Con base en esa información, transparente y real, es posible planificar entre todos, las mejores formas de revertir la abyecta medida y compensar a los estudiantes con opciones de educación inmediatas.

Algún crédito hay que darle a los testaferros del imperialismo; y es que son conscientes de que un pueblo educado es un pueblo libre. Deberían actuar en consecuencia de sus íntimas convicciones…