La prensa nacional da cuenta de un bochornoso incidente policial en la ciudad de Sucre: un grupo paramilitar de la tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista fue detenido in fraganti, portando drogas y armas que, de acuerdo al reporte oficial, tendrían por objeto sembrar caos y anarquía en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, so pretexto de defender la democracia.

Sorprende el accionar represivo del gobierno de facto; probablemente porque la flagrancia era tal, no les quedó otra que actuar. Porque, desde los más altos niveles –y nos referimos puntualmente al ministro de Gobierno Arturo Murillo– la actitud y las instructivas no eran de simple hacerse de la vista gorda, sino de apoyo concreto a estos grupos violentos que fueron artífices de ataques a las pacíficas manifestaciones que se dieron y se dan a lo largo y ancho del país, y que buscan recuperar la democracia y que se respeten los derechos elementales de los ciudadanos.

Los grupos terroristas –en particular, la ya mentada banda fascista y la autodenominada Defensa Juvenil Cochala– han centrado su accionar intimidatorio contra los movimientos sociales y sus dirigentes, promoviendo acciones violentas y de amedrentamiento. Todavía queda en la retina del pueblo aquel vandálico ataque a una mujer indefensa, alcaldesa de una población cochabambina, que fue objeto de vejámenes más allá de sus convicciones ideológicas y/o preferencias políticas. Amén de la referencia en la prensa, no se supo de ninguna actuación de oficio contra los autores que, por el contrario, pasearon su impúdica conducta como un hecho heroico, festejado por los golpistas e ignorado por quienes tienen la función por parte del Estado, de velar por derechos elementales de la mujer.

La presencia de un grupo terrorista de esas características en Sucre no es casual, ni única. Sus integrantes se mueven al amparo de la protección oficial, que no sólo les facilita la logística necesaria para la comisión de sus delitos, sino que los ampara en los estrados judiciales, dando carta de ciudadanía a la impunidad. ¿De dónde obtuvieron las granadas que portaban al momento de su detención? Sólo la Policía nacional tiene acceso a este tipo de material bélico; no resulta difícil imaginar que de esos arsenales sale el apertrechamiento de estas bandas de delincuentes.

Con absoluta seguridad, una vez más, el velo del olvido será echado encima de estos hechos y de sus autores, en franca señal de que gozan del patrocinio oficial. Bolivia se ve estremecida diariamente con un nuevo escándalo que salpica a la derecha en su conjunto y no sólo a sus actuales gobernantes golpistas. Pese a las denuncias de cierta prensa que aún mantiene el honor del oficio periodístico, la identificación de los culpables y su respectiva sanción, caen en el pozo profundo del Alzheimer oficialista. Narco jet que partió de un aeropuerto internacional, respiradores españoles y chinos que no funcionan y se compran con sobreprecio, pago de millonarias indemnizaciones a los amigotes y compinches del golpe en ENTEL, negociados sin nombre en YPFB, clonación de matrículas para aeronaves que sirven al narcotráfico, y un larguísimo prontuario difícil de ser resumido en un espacio periodístico, pintan de cuerpo entero no sólo a la gestión actual, sino al verdadero peligro que se cierne sobre el país, si el 18 de octubre se consolida el gran fraude electoral que constitucionalizaría el crimen organizado en el aparato del Estado.

Porque no es el castigo, sino el premio y la impunidad, lo que ofrece el actual gobierno de la autoproclamada y candidata Jeaninne Añez a estas gavillas de la derecha. Unos días atrás, un connotado dirigente de esos “pititas” violentos de Cochabamba, sin más mérito que el de su vocación violenta, ha sido posesionado como ejecutivo de la Aduana Nacional; un botín que se le entrega por sus invalorables servicios pateando a gente humilde en las calles. Y si queda alguna duda, aquella afrenta a la humanidad que significó la tortura y humillación pública de dirigentes campesinos aquel aciago 24 de mayo de 2008 en Sucre y que diera lugar a recordar la fecha como un hito en la lucha contra todo tipo de discriminación, ha sido objeto de prescripción por la inmunda justicia manipulada por esta derecha retrógrada.

¡A drogarse, violentos, para actuar impunemente contra el pueblo! Su gobierno y sus candidatos se los agradecen. El pueblo, paciente, espera al 18 de octubre para darles certificado de defunción.