Sucre ha sido conocida como “capital del racismo” por los sucesos del año 2008, cuando ninguna organización ni autoridad pudo frenar los actos racistas contra representantes de pueblos originarios, desde ese momento la ciudad de Sucre tuvo manifestaciones racistas como el cuestionamiento a las imágenes de Zarate Willka en los billetes de 50 bolivianos.

Hoy la población de Sucre asiste a nuevos hechos violentos, pero por parte de grupos paramilitares que cuentan con la complicidad de la policía boliviana, para nadie es desconocido que el grupo paramilitar organizado en Cochabamba es el grupo de choque activo que tiene el núcleo golpista para generar hechos violentos, alentado por el propio gobierno a la cabeza de su ministro Arturo Murillo.

Los grupos paramilitares, son la vieja herencia de los regímenes de terror que tuvieron su máxima expresión en el denominado “Plan Cóndor”, la larga lista de desaparecidos (más de 30.000 en la Argentina) torturados, encarcelados y asesinatos como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, o los dirigentes políticos de la calle Harrington en la ciudad de La Paz (Bolivia) son las huellas de esta práctica que disfraza a fuerzas regulares como civiles para cometer los atentados más violentos contra los derechos humanos.

La existencia de estos grupos paramilitares en Bolivia, es la confirmación de la existencia de un terrorismo de Estado derivado de un golpe de Estado, que a estas alturas ya es innegable, como es innegable que el “fraude monumental” es solamente una mentira que le sirvió a Carlos Mesa para convocar al Golpe de Estado de noviembre de 2019.

La violencia como sistema de gobierno en Bolivia data desde los orígenes de sus primeros días como Estado-nación. Las pugnas regionales de poder utilizaron la violencia para hacerse del gobierno y consolidar su dominio material e intelectual, las masacres mineras y campesinas son la obra de estos dueños del poder económico en Bolivia.

Dejar que los grupos paramilitares se trasladen de un lugar a otro, que quiebren el ordenamiento jurídico, que cuenten con protección gubernamental no es garantía para las elecciones prometidas para este 18 de octubre, los ciudadanos que tienen un espíritu democrático y pacífico como práctica de la política, no pueden aceptar este método violento de un grupo de orientación fascistoide que recorre las calles de Bolivia como símbolo de intimidación y violencia material.

Las fuerzas del orden llamadas a proteger a la sociedad, hoy protegen a estos grupos paramilitares, dejando a los ciudadanos y ciudadanas sumidos en la angustia y el terrorismo psicológico.
A nadie le interesa averiguar el financiamiento de estos grupos, ni los lazos que tiene con los organismos de represión estatal, la sociedad está naturalizando la violencia como un componente de la vida cotidiana, que una vez instalada dura mucho tiempo, en España duró cerca de 40 años, en el Paraguay de igual manera y en Chile cerca de medio siglo.

Esta naturalización de la violencia posterga la posibilidad de construir un Estado fuerte y con garantías. El pueblo tiene en sus manos el freno a este terrorismo estatal y ojalá sea en el tiempo oportuno. Mientras tanto, estamos siempre alertas para mostrarle al mundo que jamás aceptaremos otra vez nos impongan la violencia como recurso para sus caprichos.

*Camilo Katari, es escritor e historiador potosino