Las elecciones generales del próximo 18 de octubre en Bolivia atraviesan por un momento extremadamente difícil y sensible. Las sistemáticas declaraciones de amenaza y odio que formulan los funcionarios del gobierno de facto de Jeanine Áñez, nos obligan a estar alertas. No hay día en que no esté presente en los voceros del gobierno la convocatoria, abierta y encubierta, al despliegue de la violencia estatal y paramilitar contra los movimientos sociales, la dirigencia y militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Luis Arce y David Choquehuanca.

En la actualidad son pocos los países de la región donde la proximidad de las elecciones generales está marcada, como en Bolivia, por la amenaza del uso de la fuerza y por la indisimulada presión hacia el Ministerio Público para detener a dirigentes sindicales y políticos. Incluso en países con viejos conflictos internos armados se han declarado treguas para momentos como estos.

Esto no sucede en Bolivia, donde el Ministro de Gobierno, quien detenta realmente el poder, tras su regreso de una reunión en el Departamento de Estado y con el Secretario General de la OEA, se ha dedicado sospechosamente a amedrentar y amenazar a los movimientos sociales y el MAS al revelar que fue a comprar armas a los EE.UU. para “defender la democracia ante cualquier precio” o decir de que se entregará el gobierno al que gane las elecciones generales, “menos al MAS”, lo que constituye una proscripción salvaje y un preanuncio de un nuevo golpe de Estado ante la victoria del MAS en las urnas.

También preocupan las noticias de periódicos y agencias reconocidas por su seriedad en el tratamiento informativo de planes para desencadenar violencia antes, durante y después de los comicios, cuya autoría le sería asignada al MAS con los únicos fines de anular las elecciones y desatar una implacable persecución a las mayorías populares.

El retorno de la democracia está seriamente amenazado y estamos en condiciones de asegurar que cualquier hecho grave cometido por las fuerzas policiales, militares o paramilitares, será total responsabilidad del gobierno de facto, de la OEA y la UE, y de los medios de comunicación hegemónicos que manipulan y ocultan los grandes abusos que se cometen.

Desde la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) hacemos un llamado a las fuerzas democráticas del mundo y en particular de América Latina y el Caribe, para hacer un seguimiento diario de los sucesos de Bolivia, denunciar las intenciones dictatoriales del gobierno de facto y realizar una convocatoria a que nada interrumpa el regreso de Bolivia a la democracia, que es la aspiración de la inmensa mayoría de los bolivianos y las bolivianas.

La Paz, 8 de octubre de 2020