En su Art.21, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la ONU en 1948 indica expresamente: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente”. La Constitución Política del Estado boliviano consagra ese derecho en su Art.26.

Hace pocos días nuestro país llevó a cabo un proceso de elecciones generales que estuvo caracterizado por la altísima participación, disciplina y excelente disposición de la ciudadanía, que refrendó con ese ejercicio su voluntad mayoritaria de que el gobierno surja de las urnas. Sucesos lamentables, como la grosera militarización de la jornada, no opacaron ni disminuyeron la disposición del pueblo boliviano para optar por autoridades legítimas de gobierno mediante el voto.

Sin embargo, y antes aún de conocerse de forma oficial los resultados definitivos, grupos de personas han comenzado a cuestionarlos, activando una potente campaña de noticias falsas, y organizando actos públicos y concentraciones donde se han vuelto a enarbolar consignas racistas y discriminatorias. Se trata de movimientos y grupos que apuestan por la desestabilización y el caos,intentando imponer sus puntos de vista por encima de la voluntad de las mayorías.

Al cabo de un año caracterizado por una crisis multiforme, en buena parte agravada por el desgobierno de facto, lo último que necesita el país es la acción antidemocrática, violenta y disociadora de agrupaciones que se arrogan la posesión de la verdad, negando derechos fundamentales que puedan garantizar precisamente la salida a las diversas crisis.

Plataforma por los DDHH Santa Cruz / Bolivia

21 de octubre de 2020