Si hay un factor que impele a las mentes autoritarias y retrógradas a cometer todo tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos, ése es la impunidad. Sabedores de que el tiempo todo lo borra, que las urgencias del día a día almacenan en el fondo de la memoria el recuerdo de las atrocidades cometidas, actúan con el convencimiento de que nadie ni nunca, pedirá rendición de cuentas.

Lo sabía muy bien la dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez, que no deja de ser ya un triste recuerdo de la historia patria. Entre sus primeros actos, destaca el retorno de personajes que se encontraban con procesos judiciales de los que habían huido, poniendo fronteras de por medio. A los pocos que quedaban, entre ellos el entonces prefecto de Pando que tiene sobre su conciencia el asesinato de decenas de campesinos, hecho comprobado incluso por misiones internacionales que vinieron exclusivamente a hacer una investigación imparcial, se les dio el beneficio del sobreseimiento. Es decir, aquí no pasó nada; todo fue un invento de los masistas para encarcelar a sus opositores. ¿Muertos? No, señor, ninguno. Y los sobrevivientes de El Porvenir quedan con el sabor amargo de que su lucha por justicia queda en nada; que los culpables vuelven a gozar de su dinero mal habido y de su poder, para continuar con la explotación de sus semejantes.

Recientemente, la prensa nacional da cuenta que los ex ministros de la dictadura, el de Gobierno y el de Defensa, se han puesto a buen recaudo, huyendo cual ratas del país, para evitar que el peso de la justicia caiga sobre ellos. Sus bravatas de que jamás abandonarían el territorio nacional, pues nada dicen temer, se han transformado en ágiles pasaportes para no dar la cara. Sin duda, en este afán, han contado con la complicidad de la Policía Nacional, que ha actuado abiertamente alineada con los golpistas de noviembre y en consonancia de aquellos intereses.

No fue sólo la fuerza policial la que actuó con impunidad, cometiendo toda clase de abusos contra una población indefensa y contra seres humanos a los que no se les respetó el más mínimo derecho, como el caso de una ex funcionaria cercana al presidente depuesto, cuya detención indebida, abusiva y negadora de todo acceso a servicios de salud y cuidado determinaron la pérdida de su bebé en pleno centro penitenciario.

La mal llamada Justicia, fue cooptada por el ministro de gobierno, que usó el aparato judicial para armar una serie de procesos legales orientados a amedrentar y neutralizar toda voz disidente. La famosa law fare made in USA se reestrenó en Bolivia con toda su crueldad. La honra de numerosos ciudadanos fue pisoteada, como es el caso de la presidente y los vocales del Órgano Electoral Plurinacional, enjuiciados por supuesto delito de fraude electoral; de periodistas como Facundo Molares, el argentino detenido sin más ni más; de Carlos de la Rocha en Cochabamba o de aquel jovencito que, gracias a la “eficiencia” policial, devino en delincuente cibernético por publicar en redes sociales su opinión.

De a poco, se va descorriendo el telón que una prensa auto amordazada contribuyó a cerrar, para que nada se supiera. Entonces, van saliendo uno a uno los casos que configuran un escenario fatídico de violación de derechos humanos individuales y colectivos, cuyo parangón puede hacerse con la dictadura de Luis Garcia Mesa, cuyo ministro del interior aconsejaba a los opositores a andar con el testamento bajo el brazo.

Ante la magnitud de estos hechos, que han afectado prácticamente a todas las esferas de la realidad nacional, urge que el gobierno democrático abra una oficina especial para que la ciudadanía aporte con pruebas y testimonios, al esclarecimiento de estos delitos, a la identificación de los culpables y su sometimiento al debido proceso, para establecer responsabilidades y, en su caso, las sanciones de ley.

Una suerte de Comisión de la Verdad debe ser encarada a la brevedad posible, para conocer precisamente la verdad de lo ocurrido, junto a los dolorosos impactos no sólo en las familias de los muertos y asesinados por balas de uniformados, sino de otros delitos de igual o mayor gravedad. Sólo la movilización del pueblo organizado garantizará que la impunidad no vuelva a ser patrimonio de delincuentes de cuello no tan blanco.