“Sólo cumplía órdenes” es la frase muy conocida de quienes ordenaron y dirigieron tropas para reprimir al pueblo, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, fueron testigos de este tipo de respuestas luego de las dictaduras de los años 70.

Las FFAA “no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares” señala el artículo 245 de la CPE, y en este cuerpo de la “ley mayor” del Estado se puede leer también que: “Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución serán objeto de proceso penal por atentar contra los derechos” (Art.139 inciso II), por eso extraña, la reacción del Alto Mando Militar que salió a declarar que fue “desconcertante” la detención del Comandante que dirigió la represión en Sacaba (Cochabamba – Bolivia) en la que murieron 20 personas. Esta declaración ha tenido su efecto y cientos de personas pertenecientes a los grupos paramilitares, junto a familiares y militantes del golpe de Estado, se agolparon en las puertas del Juzgado en la ciudad de Sacaba, declarando la inocencia del militar.

Sabemos que los militares estudian estrategia, saben de planificación y los escenarios posibles, eso fue lo que pasó en estos días; las declaraciones del Alto Mando Militar estaban encaminadas a preparar los ánimos para la reacción de los actores del golpe de Estado y nuevamente demostrar que están “vivitos y coleando” con su dosis de violencia y coerción psicológica.

No se ha desmontado la maquinaria golpista, que ha tenido largos años de organización y es más, existen denuncias, que señalan que los golpistas se encuentran en las mismas reparticiones del gobierno, nombres y fotografías circulan en las redes sociales como respaldo de estas denuncias y oficialmente no se conoce una respuesta.

En la historia boliviana, los “pequeños” descuidos han creado grandes problemas, por ejemplo descuidar la ocupación del territorio del Acre, dejar que los terceros, en una elección, sean gobierno, permitir que la religión intervenga abiertamente en política partidaria, “borrón y cuenta nueva” no es una forma de gobierno que tenga coherencia con su propuesta de cambiar el Estado.

La fragilidad de un “estado de derecho” se encuentra a la vista, cuando vemos que se permiten acciones violentas como el maltrato a una Alcaldesa, cuando se utiliza violencia física con representantes nacionales por el sólo hecho de vestir con polleras andinas.

La conciliación, entendida como acuerdo, no significa impunidad ni tampoco es capitulación, la persistencia de discursos golpistas, o mantener a “topos” en los ministerios debe tener una respuesta del gobierno, que dé certeza de memoria, verdad y justicia.

Mientras el coronel, tenga quien le escriba carteles, alegando su inocencia, el peligro de otro golpe de Estado estará siempre presente.