La historia oficial que conocemos es la historia escrita por historiadores influidos por sus ideas –por lo general, expresivas de los intereses oligárquicos– y claramente expresivas de las visiones y los deseos de los vencedores. Así, la historia de nuestro Abya Yala es la historia de las masacres de nuestros pueblos, premiadas con ascensos militares y prebendas para los ejecutores de los crímenes.

Esa historia oficial quiso ser escrita para falsear la historia real, por los ejecutores del golpe de Estado de noviembre del año pasado. Para ello, había que tener un pretexto de suficiente peso como para que pudiera calar en sectores proclives a la derecha; entonces se recurrió a la argucia de sostener, a través de los medios masivos de comunicación previamente aceitados, la versión de fraude electoral, basada en la abierta injerencia de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que ya estaba debidamente aleccionada por el Departamento de Estado yanqui, sobre lo que tenía que decir y lo que tenía que callar.

Su segundo intento fue auto convencerse y tratar de convencer a la opinión pública nacional e internacional, que lo que había sucedido en el país había sido una normal sucesión constitucional, habida cuenta de la renuncia del presidente democráticamente electo. Claro está, había que callar el hecho de que esa renuncia se produjo después de consumado el zarpazo; había que ocultar que la elección de la autoproclamada presidenta fue hecha en realidad entre gallos y medianoche, en reunión en la que participaron representantes diplomáticos de países extranjeros gobernados por afines de la derecha y fieles servidores de Washington; había que disfrazar el discurso de plegamiento de los militares y policías al acto sedicioso con una elegante “sugerencia” de los altos mandos al primer mandatario para que presentase su renuncia al cargo.

Los muertos, que siempre los pone el pueblo, no eran víctimas de las razias de militares, policías y grupos paramilitares debidamente entrenados en tácticas de violencia callejera; eran las bajas causadas por los propios masistas cuya estrategia consistía en matar a su propia gente, para echarle la culpa a un gobierno de angelitos, que jamás de los jamases habría cometido semejantes atrocidades… bueno, al menos eso sostenía y se presume que debe seguir sosteniendo el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo, hoy prófugo de la justicia.

Pero los diversos testimonios, las masacres cometidas a ojos vista, los alardes de los grupos paramilitares que asumían su papel como si fueran héroes de la patria y las propias confesiones de los muy bocones dirigentes del golpe, evitaron que la historia se falseara y fuera nuevamente escrita con la letra de los eventuales y pírricos vencedores. Les salió todo mal, inclusive el cuento del “monumental” fraude que, dizque, le había escamoteado la victoria a Carlos Mesa, hoy devenido en devaluado opositor, derrotado por casi el doble de votos por los supuestos perpetradores del fraude. Las “pruebas” exhibidas por la OEA se cayeron a pedazos por la voluntad del pueblo, que volvió a repetir la misma votación en las mesas observadas por esa misión internacional en los comicios de 2019.

Pero esa historia oficial todavía quiere ser escrita con esas tintas teñidas de sangre del pueblo. Respetando todos sus derechos, la autoproclamada presidenta ha declarado ante una comisión internacional que visitó el país para tomar testimonios de lo acaecido en el terreno. Muy suelta de cuerpo, ha afirmado con la soberbia e ignorancia que la caracteriza, que la violencia con sus consecuentes masacrados a mansalva, se debió a una maquiavélica estrategia aplicada por el MAS: “Esa estrategia planifica y ejecuta violencia sistemática con el objetivo de mantener a Evo Morales en el gobierno, luego de su renuncia y de escapar del país” –así lo dice– y que la misma se orientaba a “generar más violencia para derrocar al sistema constitucional que entra después de Morales”. Mentira tras mentira.

La señora, que ahora puede acogerse al derecho al debido proceso que ella le negó a cientos de ciudadanos y ciudadanas que fueron a dar a la cárcel con el sambenito de sedición y terrorismo, termina pidiendo: “Espero una investigación imparcial y profesional responsable para llegar a la verdad de los hechos”.

Esta vez, no será defraudada.

PS. A propósito, ¿qué será de sus valientes ministros?