La mañana de este sábado 13 de marzo se ha alegrado con la buena nueva de la detención preventiva de la autoproclamada y ex-presidenta Jeaninne Añez, protagonista circunstancial de una aventura golpista inspirada y diseñada en Washington y ejecutada por los operadores políticos de diversos países con gobiernos de derecha. Como ya es sabido, el golpe de Estado encontró pretexto en la falsa apreciación de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que fue prontamente convertida primero en fraude por la oposición y luego, de fraude monumental, por Carlos Mesa.

Los entretelones ya se saben: representantes de gobiernos extranjeros, la alta curia de la Iglesia Católica y dirigentes de la oposición de derecha, en reunión casi secreta, dieron fiel cumplimiento a las órdenes imperiales: deponer a como dé lugar al gobierno democrático de Evo Morales y sustituirlo por otro de facto, aparentando una única misión perentoria: convocar a nuevas elecciones. Que para ello había que masacrar a sangre fría a indefensos manifestantes que demandaban respeto a la democracia, no importaba para nada.

El tiempo se ocupó de demostrar que el pretexto pasaba a segundo plano. Jeaninne Añez, secundada por una oposición que en sus inicios incluía a Carlos Mesa, a Luis Fernando Camacho, Tuto Quroga, Samuel Doria Medina, Luis Revilla y otra cáfila de mercenarios de la política, dio prontas señales de que el suyo no era gobierno de transición ni mucho menos. Inmediatamente al golpe, sustituyó buena parte del servicio exterior del país, para alinear la diplomacia boliviana detrás de los intereses norteamericanos en la región y en el mundo, en una desvergonzada entrega de la soberanía nacional. Luego, sus medidas económicas pretendieron pasar por alto la Constitución Política del Estado, desmontando una a una las empresas estratégicas del país, acompañando tal accionar con una bien templada campaña mediática que pretendía hacer creer al mundo entero la vieja cantaleta liberal: el Estado es mal administrador y, por tanto, hay que achicarlo. Y así lo intentó; ejemplos abundan, desde el caso de la línea aérea bandera BOA, cuya administración fue graciosamente entregada a la competencia privada; hasta las iniciativas de industrialización del litio, que se frustraban como parte del plan de entrega de esta riqueza estratégica a manos extranjeras. Ahora, por ese último motivo, el gobierno británico se encuentra en serias dificultades para explicar su injerencia en los asuntos internos de Bolivia.

La instrumentalización de la Justicia fue otra de las piezas maestras de dicha estrategia: había que eliminar del mapa político boliviano al MAS IPSP, tal como se había hecho exitosamente en Brasil al proscribir a Lula Da Silva; en Ecuador con las condenas vergonzosas y sin pruebas a Rafael Correa y un largo etcétera latinoamericano. Se persiguió a cientos compatriotas, a muchos de ellos se encarceló a simple acusación del tristemente célebre ministro Murillo, hoy prófugo de la Justicia. La larga lista de negociados y corruptelas que enriquecieron a familiares directos de la presidenta de facto llena de vergüenza ajena; baste recordar que el marinovio de la hija de Añez ejerció como autoridad absoluta en la lucha contra la pandemia del Covid 19, sin más méritos que los que de seguro alardeaba ante su familia política. Autor intelectual de la compra de respiradores inútiles y con sobreprecio, fue designado embajador científico de Bolivia; es decir, se le pagó vacaciones en el exterior, sin que nadie pudiera decir ni chis ni mus.

La larga lista de irregularidades y delitos que tienen como responsable directa a Jeaninne Añez merece ser atendida por la Justicia, cuya cara tiene la oportunidad histórica de ser lavada después de haber sido utilizada por los golpistas para fines innobles. El apresamiento de la ex dictadora es, de por sí, una buena señal de que se va por buen camino. Hoy, las organizaciones de derechos humanos, las de familiares de las víctimas fatales de la asonada y, fundamentalmente, los movimientos sociales, deben ser celosos guardianes del cumplimiento de un juicio justo que termine con la debida sanción a las y los culpables de esta noche negra de nuestra historia.

Juicio justo que de luces para dar con todos los autores del zarpazo, desde aquellos intelectuales que se cobijan en inmunidad diplomática, pasando por los grupos empresariales que financiaron la aventura y por los paramilitares; hasta los militares y “motines” corruptos que vendieron su alma al diablo por treinta monedas de plata. Sólo así, podrá honrarse debidamente la memoria de nuestros mártires y héroes de la democracia.