No ha sido la “dictadura masista” la que ha puesto entre rejas a Arturo Murillo, el hombre fuerte del gobierno de facto de la autoproclamada Jeaninne Añez. Ha sido nada más ni nada menos que la justicia norteamericana, la que ha puesto el punto sobre la íes. La repartición judicial correspondiente acusa al ex ministro de soborno, lavado de dinero y otros delitos no menores, derivados de la compra fraudulenta de material químico para los “motines” encargados de reprimir al pueblo.

Ironías del destino, en su momento de gloria, Murillo tuvo la desfachatez de nombrar a su hermana como cónsul boliviana en el país del norte. Ningún mérito profesional y/o experiencia previa avalaban tal designación; como él mismo lo dijo, se trataba de recompensar de alguna manera los sufrimientos que habría padecido la dama a manos de desalmados masistas que, en el trópico cochabambino, le hacían la vida imposible y dificultaban sus actividades de empresaria hotelera. Bravucón, como siempre, respondió de mala manera al periodista que quiso indagar a cuánto ascendían los emolumentos que percibiría la dichosa hermana.

Cuando el golpismo se vino abajo por la masiva votación del pueblo boliviano, aquel que declarara en reiteradas ocasiones que jamás abandonaría el país y se quedaría a dar la cara, pues a nada ni a nadie temía, optó por salir de escapada rumbo a Estados Unidos. Pensó, seguramente, que el imperio gratificaría sus buenos servicios con la impunidad absoluta, con la protección debida como ocurre con Gonzalo Sánchez de Losada. Pero, claro, él no es Goni, no tiene ciudadanía norteamericana y es, en definitiva, un fusible al que se lo puede quemar, llegado el momento.

Los detalles de la acusación dejan perplejos a los propios bolivianos y a su consabida Justicia lerda y poco segura. El modus operandi queda al descubierto no sólo en el caso del negociado de los gases lacrimógenos que se compraron a precio de oro; sino que permite rastrear otros que se realizaron durante el gobierno de facto, como el caso de los respiradores y/o la contratación de consultorías, muchas de ellas todavía envueltas en el manto de silencio e impunidad. Pedir un sobreprecio de casi el doble del valor de la mercancía; presionar para el pronto desembolso de recursos a un país que se encontraba en la debacle de su sistema de salud pública, colapsada por el Covid 19; desviar luego esos recursos mal habidos hacia las seguras bóvedas de los bancos norteamericanos, formó parte del delito que, con certeza, requirió de la participación de muchísimos más funcionarios cómplices de los que actualmente aparecen en la lista de detenidos por las autoridades norteamericanas.

Aquellos delitos contaron, sin el menor asumo de duda, con la complicidad de la ex Primera Mandataria, hoy también presa en el país en el marco de un proceso legal sobre diversas irregularidades y delitos cometidos. Resulta imposible imaginar que Jeaninne Añez desconociera los “negocios” en los que se encontraba metido su brazo derecho. Más de un asesor o comedido conocedor de aquel trabajito, debió haber alertado a la autoproclamada de la comisión de tales irregularidades. Pero ella nada hizo; tal como ocurrió con su ex ministro de Salud, de quién nunca se supo que fuera acosado por la Justicia boliviana durante el gobierno de facto, a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas hecha pública.

El arresto de Murillo en Estados Unidos no es un simple procedimiento legal –sin dejar de serlo, por supuesto– sino que implica una acusación a todo un régimen de facto que, aprovechando y abusando del poder, llevó a cabo una  serie de delitos económicos contra el Estado, por no redundar en aquellos contra los derechos humanos y de lesa humanidad, que merecerán seguro un capítulo aparte.

Involucrados todos los ministros del régimen y otras ex autoridades menores, el dictamen de detención de Murillo es un certificado de confesión de partes; porque el gobierno de Jeaninne Añez fue obra de la conspiración norteamericana, cuya administración nunca se tragó el mal ejemplo para Latinoamérica y sus políticas hegemónicas que representaba el gobierno de Evo Morales.

¿Qué dirá ante esta situación el inefable Secretario General de la OEA? ¿Y las organizaciones “defensoras” de los derechos humanos, que se rasgaron las vestiduras ante la detención de Jeaninne Añez? ¿Y las damas de buena familia que intentaron movilizarse para mostrar su “solidaridad” con la detenida? ¿Alegarán que la mano negra del masismo se ha infiltrado en las altas esferas de la administración de justicia de Estados Unidos? ¿Leeremos a algún comedido y experto periodista interpretando el hecho como una clara conjura del chavismo comunismo de Nicolás Maduro y los cubanos? ¿Y nuestros Carlitos Mesa, el k´encha Doria Medina, los comités cívicos…?

Pobrecita nuestra escuálida oposición, a la que de a poco se le caen los argumentos que la oxigenaron temporalmente a base de mentiras y falsedades. A no desmayar en la búsqueda de la verdad, que nuestros muertos no descansen hasta que se haga completa justicia.