En los últimos días, han salido a luz revelaciones que dan cuenta de la participación activa de los gobiernos de derecha de la región en el golpe de Estado que quebró la democracia en Bolivia en noviembre de 2019. Y desde Roma nos llega la grata noticia de la confirmación de las sentencias a cadena perpetua a varios militares involucrados en el siniestro Plan Cóndor, que creíamos extinto con la formal desaparición de las dictaduras militares.

Sin embargo, las andanzas del gobierno de Estados Unidos no han parado un solo instante. Así, desde el momento en que se supo el resultado electoral que dio el triunfo histórico a Evo Morales en las elecciones del 2005, la embajada norteamericana empezó la conspiración para echarlo del poder a la brevedad posible. En otras latitudes del continente, como en el caso de Colombia, no tiene pudor alguno y bases militares de por medio, ejerce el terror y la violencia desde hace décadas.

Pero el caso boliviano reviste una gravedad mayor. Se supone que los gobiernos democráticos de diversos países, independientemente de su orientación política, deberían al menos guardar un respeto a la formalidad democrática, vale decir, coexistir con aquellos con los que mantiene diferencias ideológicas y a pesar de su alineamiento, en estos casos, con la política exterior norteamericana. Es el caso de Ecuador, Chile, la Argentina de Macri, el Brasil de Bolsonaro. Todo indica que nada de ello ha ocurrido; por el contrario, los gobiernos de esos países han implementado dócilmente el libreto made in USA, para intervenir directamente en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia.

La primera campanada de alerta sobre tan delicado tema vino desde Ecuador. El Judas de América, como se lo conoce al ex presidente Lenin Moreno, envió pertrechos de uso letal a los golpistas bolivianos, para masacrar a compatriotas que se opusieron a la asonada y defendieron la democracia. Hoy se sabe que el mismo papel jugó el gobierno argentino de Mauricio Macri, proporcionando armamento, asesoría y recursos a los golpistas de noviembre. Injerencia directa en la política interna. ¿Dice algo al respecto la tristemente célebre OEA y su secretario general Luis Almagro? La teoría del fraude electoral, ¿es suficiente motivo para apoyar facciones armadas en otro país? ¿Hay alguna carta democrática que no sólo condene, sino que sancione estos hechos? ¿Qué dicen a todo esto nuestros patrióticos opositores, con Carlitos Mesa a la cabeza? ¿Se acogen al derecho al silencio?

Lo cierto es que estas acciones ponen en evidencia algo mucho más grave que un desliz diplomático. Y es que el Plan Cóndor, implementado por el gobierno de Estados Unidos en América Latina, con anuencia y complicidad directa de las dictaduras militares de la década del ´70, sigue vigente. Sólo han cambiado las charreteras por el saco y corbata de los nuevos títeres que obedecen ciegamente las instrucciones del amo del norte. Si en aquella década infame se ordenaba a escuadrones de la muerte el asesinato de opositores, hoy se encarga el trabajo sucio a los militares y “motines” que se insubordinaron y cometieron, entre otros delitos, traición a la patria. Porque traición a la patria es ponerse a las órdenes de gobiernos extranjeros para masacrar a su propio pueblo.

¿Quiénes fueron los operadores de este trasiego de armas? No fueron fantasmas ni drones, fueron individuos con nombre y apellido, con grado militar y con responsabilidades al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía. Hubo personajes que coordinaron las operaciones, que recibieron el material –queda en algún caso, el testimonio escrito de un general que no dejó de ser gorila, agradeciendo con nota oficial la ayuda bélica–, que lo entregaron a las fuerzas represoras no solo uniformadas, sino a los grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y a la Defensa Juvenil Cochala, por mencionar a las más célebres bandas de delincuentes armados cuyos jefes pasean su impunidad por las calles.

¿Qué rol jugo la Cancillería en todo este entuerto? La señora Longaric deberá responder a estas interrogantes que hoy son una afrenta para la soberanía nacional. Y que no se diga que la pobrecita señora Añez no estaba enterada. Y que don Fernando Camacho, por muy gobernador que sea, no se haga al opa, porque con certeza y confesión propia, su padre fue uno de los que “cerró” con los militares, seguramente conociendo de antemano que habría este tipo de colaboración de los gobiernos de derecha del continente.

Lo terrible y lo irrecuperable en este drama son las víctimas fatales que cayeron asesinadas por este armamento mercenario; la economía destrozada y las arcas del Estado vaciadas por estos delincuentes que se hicieron del poder con armamento extranjero. Y que tampoco se diga que esos gobernantes comedidos no sabían para qué lo requerían los golpistas. Familiares de esas víctimas no solo de Sacaba y Senkata demandan justicia y reparación; justicia que debe alcanzar a todos los golpistas, caiga quien caiga, e inclusive a los gobernantes de aquellos países que se prestaron a obedecer al Departamento de Estado, sin importarles fronteras ni soberanías. Así como la Justicia de Italia ha condenado a los militares asesinos del Plan Cóndor en estos días, debe aplicarse la justica de los pueblos contra esos canallas de saco y corbata, aunque anden en silla de ruedas.

Y el pueblo nuestro, tiene el deber insoslayable de continuar en su búsqueda de justicia, poniendo en la cárcel a todos y cada uno de los involucrados en las masacres y asesinatos selectivos; debe también evitar, con su conciencia, movilización y organización, que vuelvan los asesores norteamericanos y; por sobre todo, no dejarse engatusar con esos otros cómplices por omisión y por apología del delito, que son los medios de comunicación, que callaron, calla y mienten pensando que sobre las espaldas del pueblo se puede sembrar nabos.

Porque la soberanía y la defensa de la patria es, ante todo, la vida misma.