En el departamento de Santa Cruz el grupo económico ligado a la tenencia de la tierra, pretende desintegrar la unidad territorial de Bolivia basado en los discursos históricos del darwinismo social y actualizado con la propuesta de un gobierno federal.

Los enfrentamientos y los muertos, que desde los años 70 se han acumulado en el país, tienen como origen y protagonistas a los grupos ligados a la agroindustria como acumulación primaria y diversificada después en el comercio y la banca; es este sector que encontró un discurso político importado por las familias migrantes de la Europa del Este y que lograron cohesionar un grupo de poder hegemónico, desplazando a las tradicionales familias dedicadas a la agroindustria de la primera ola promovida por el MNR.

El proyecto desarrollado por este grupo hegemónico de poder, no es otro que el desmembramiento del departamento de Santa Cruz, para disponer, en su provecho exclusivo, de los recursos naturales. Ya lo demostraron participando en el gobierno de facto de Añez y la rapiña que pretendieron consolidar dotándose de tierras al margen del ordenamiento legal.

Un suceso de la vida cotidiana, como el conducir en estado de ebriedad, ha demostrado al país, la arrogancia y el complejo de superioridad que tiene esta élite gobernante en Santa Cruz. Ignorar las leyes, a sus representantes, como la Policía, es ya una costumbre en Santa Cruz, no podemos olvidar la paliza propinada a un Comandante Departamental, en plena vigencia democrática, esta actitud es la imagen que han logrado introducir en la subjetividad de una parte de la población cruceña, especialmente joven, nucleada en grupos de choque.

La democracia, para esta élite, es solamente un medio para avanzar en su proyecto político y, cuando ésta no les da perspectivas, comienzan las conspiraciones como ya está ocurriendo y utilizando a los pueblos originarios para que sean su carne de cañón.

Lo que ocurre en Santa Cruz no es un movimiento político, es un proyecto separatista y las organizaciones, políticas, sociales y cívicas que apoyan este proyecto son claramente traidores a la patria, como señala la Constitución Política del Estado.

No se trata entonces de hacer defensa del actual gobierno, cuando se señala el proyecto subyacente, en las palabras de dirigentes cívicos, que atribuyéndose una representación apócrifa, pretenden demostrar su “civismo” destruyendo las bases mismas del Estado Boliviano.

En esta aventura separatista existen intereses de grupos económicos ligados a las empresas transnacionales, que operan en Brasil, Argentina, Chile, Europa y por supuesto EEUU. Estas son las fuentes de financiamiento para una sostenida campaña mediática, destinada a desprestigiar el proceso democrático y desestabilizar al gobierno.

La pasividad del gobierno preocupa, en este escenario, tal parece que no tiene un equipo político que actúe en consecuencia, manteniendo una especie de incertidumbre en la población que no encuentra el norte político, que se extravió en noviembre del 2019.

Una rápida mirada a las asonadas golpistas, nos señalan que estas siempre operaron de forma abierta y una vez que comienzan no se detienen en su objetivo temporal, Banzer operó en 1970 para dar el golpe en 1971 y García Meza desde el año 1979, para dar el golpe en 1980.

En la actual disputa del poder y con una frágil democracia inmersa en la emergencia económica y de salud, no se puede mantener una política liberal del “dejar hacer y dejar pasar”, las consecuencias ya las conocemos y las masacres recientes de Senkata y Sacaba son la memoria corta.

En esta larga historia de pugna de poder, el desafío concreto es mantener la unidad territorial, que corresponde a un mismo ecosistema y cuya administración no puede ser privatizada.

El pueblo ha demostrado su capacidad durante la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, ahora tenemos en puertas la guerra por el territorio y no se doblegará ante los salteadores de la tierra y el territorio.

*Camilo Katari, es escritor e historiador potosino