El informe publicado la semana pasada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) continúa provocando un remezón en la política boliviana; poniendo al descubierto la endeblez de la argumentación de la derecha por soslayar no sólo su participación en la violación de derechos humanos individuales y colectivos durante la dramática ruptura democrática, sino también insistiendo tozudamente en su discursiva de si fraude electoral no golpe de Estado. Pero más tozudos parecen ser los hechos. Día que pasa, se acumulan pruebas de aquel golpe que no fue, ni por asomo, expresión del “cansancio del pueblo boliviano con la dictadura de Evo Morales”, como sostienen todavía algunos porfiados opositores.

La confesión de partes en la planificación, asesoramiento, financiamiento e injerencia directa en el conflicto interno de Bolivia, ha puesto en evidencia que una internacional del crimen sigue vigente. Es la misma que, en las épocas dictatoriales, el imperialismo norteamericano orquestó bajo el tristemente célebre nombre de Plan Cóndor, cuyo principal función fue apuntalar a las dóciles dictaduras militares que facilitaron la enajenación de los recursos naturales y la explotación de los trabajadores en los países gobernados por los Pinochet, Banzer, Videla, Bordaberry, Garrastazú Médici, Stroessner y otros uniformados que comandaron tales acciones.

Siguiendo similares instructivas de Washington, diversos gobiernos de derecha de la región no vacilaron en intervenir de distintas formas en el golpe de Estado de noviembre de 2019. Desde el aporte logístico directo con armas y municiones, que involucra a los gobiernos de Macri en Argentina y del Judas de América, Lenin Moreno en Ecuador; hasta los conciliábulos repugnantes propiciados por diplomáticos de la Unión Europea, la alta jerarquía de la Iglesia Católica y operadores políticos de la embajada norteamericana, lo cierto es que el derrocamiento del gobierno de Evo Morales fue la culminación de una cuidadosa planificación que incluyó la eventualidad de masacres y otras medidas represivas. Lo importante, en aquel momento, fue asegurar la derrota del movimiento popular e implementar, procurando guardar ciertas formalidades constitucionales, el golpe de Estado que pusiera punto final al Proceso de Cambio inaugurado en el 2006.

Aunque no lo dice abiertamente, el informe del GIEI describe claramente toda esa metodología, poniendo en evidencia las flagrantes violaciones de los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad. Las evidencias resultan abrumadoras; tanto, que la derecha —que no tiene un pelo de tonta en estos casos— se ha visto acorralada y obligada a cambiar la táctica sobre la marcha. De a poco, el discurso que negaba todos los hechos denunciados y los atribuía a la imaginación y a una orquestada campaña de la izquierda, ha ido virando hacia la teoría ya ensayada de los “dos monstruos”. En la década del ´70, para justificar la desaparición forzada de miles de personas en Argentina, se intentó posicionar en el imaginario colectivo un conflicto entre dos monstruos: el de la extrema izquierda que obligó a la extrema derecha a “defenderse” y, en esa circunstancia, se produjeron “algunos excesos” y nada más.

Hoy, la derecha en Bolivia se propone poner en el mismo fiel de la balanza a Jeaninne Añez —sin duda, una ficha circunstancial en aquel plan del Departamento de Estado para Bolivia— y a Evo Morales, con la finalidad de instalar también en el ideario colectivo la creencia de que eso sería equitativo y justo; pues ambos habrían cometido delitos que deberían ser juzgados. La concesión no es gratuita, por supuesto. Conserva el objetivo político estratégico inicial del imperio, de neutralizar y destruir al Instrumento Político del país, por la vía de la decapitación de su liderazgo histórico. Requiere, para tal fin, promover una reforma judicial bajo el pretexto de lograr la independencia de la Justicia, de manera que ésta pueda actuar sin presiones. Discusión y debate en el que ya se encuentran metidos casi todos los actores políticos del país.

Entre tanto, hay que conservar la compostura, promoviendo una campaña de sensibilidad de la opinión pública, para hacer olvidar o atenuar los terribles crímenes cometidos, que contabilizan casi cuarenta asesinatos, producto de masacres y ejecuciones sumarias; amén de otras fechorías como la sañuda persecución de funcionarios que resultaron un peligro para los planes del imperio. Para ello, es necesario contar con una víctima que cause impacto. Y la elegida no es otra que Jeaninne Añez, cuya detención hay que asociarla mediante el aparato mediático a una pobre y desvalida mujer que es víctima del revanchismo masista. Pero, una vez más, la táctica hace aguas porque, como lo denuncian sus mismas compañeras de detención en la cárcel de Miraflores, la dama goza de prebendas y privilegios que no sólo negó a los opositores cuando ejercía la presidencia por autoproclamación, sino que reflejan el sincero deseo de las autoridades por respetar el debido proceso. Intento de suicidio, declaraciones de que “me quiero morir” y otros elementos dramáticos han resultado, hasta ahora, insuficientes para alborotar a la ciudadanía, a pesar de la desesperación de la señora Amparo Carvajal y otros personajillos que, en algún momento de la historia, formaron parte de la lucha por la democracia y la vigencia de los derechos humanos.

El show, obviamente, debe ser acompañado por una adecuada campaña internacional. Para impulsarla, se ha elegido a quien ha hecho suficientes méritos como operador político de la embajada norteamericana, don Jorge Tuto Quiroga. Cierto es que no cuaja nunca como candidato en la preferencia electoral; pero no se le puede desconocer su experiencia al servicio del imperio en estos menesteres. La cada vez más devaluada OEA será escenario de esos intentos, junto a las gestiones con la Unión Europea —dicho sea de paso, abiertamente alineada con la política exterior norteamericana en América Latina— y con algunos otros actores que cada vez tienen menos peso específico en la región. Piñera en Chile, Lasso en Ecuador, Iván Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil, por citar a los siempre listos del imperio, tienen demasiados problemas internos y están terriblemente desgastados para ser considerados aliados de lujo. Pero, seguro, de algo servirán y don Tuto no vacilará en sacarse fotos al lado de esos personajes “democráticos” del continente.

La campaña busca, en definitiva, abrir algún resquicio que impida el juicio a Jeaninne Añez. De su capacidad de resistencia no se tiene plena seguridad; se teme —y con justa razón— que, en algún momento, la autoproclamada presidenta de facto convenga con la familia que no vale la pena cargar sola con el fardo y que sería justo demandar de los aliados de la aventura golpista —Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, kalimanes y motines, comiteístas y empresarios, altos jerarcas de sotana…— no sólo su solidaridad, sino compartir la misma suerte aunque no la misma celda, que el odio a Evo Morales no da para tanta promiscuidad. En ese empeño, caja de resonancia recurrente será la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde mal que mal, la brigada parlamentaria opositora tiene alguna chance de pataleo.

Y, de darse el quebramiento de doña Jeaninne, sin duda, las sabrosas confesiones a varias voces de cómo se fraguó el golpe de Estado salpicarán, también, a no pocos cómplices —por comisión o por omisión— que todavía se escudan detrás de la figura y el liderazgo de Evo Morales. Como dicen los comentaristas deportivos, esto recién empieza…