¿Quiénes se creen que son los curas para definir la suerte y la vida de una niña que fue repetidamente violada y quedó embarazada con tan sólo 11 años? ¿Piensan que su actitud deja de ser criminal porque son varones con sotana y una cruz en la mano? ¿Dónde está la Fiscalía que debería actuar de oficio cuando se comete un delito? ¿Y dónde está el Ministerio de Justicia para decir algo en defensa de la sociedad y en este caso, de la niña, haciendo cumplir la Constitución Política del Estado y el Código de la Niñez y la Adolescencia?.

Confieso que me ha tocado ver incidentes horribles a lo largo de mi vida, situaciones que me hicieron reaccionar a veces con iracundia, pero me dejó pasmada esto de ver a unos curas y monjas irrumpir en el maternológico Percy Boland (hospital del público) en Santa Cruz, para impedir que la familia de una niña pueda ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo buscando preservar así la vida en riesgo de la menor abusada.

Mi estupor se volvió indignación al enterarme que la “Oficina de Defensa de la niñez” de Santa Cruz avaló la injerencia religiosa, una injerencia que como es costumbre se valió de la presión moral absolutamente ilegal hacia la niña y a su afligida madre. La iglesia a lo largo de su historia siempre ha convertido el cuerpo de la mujer en algo ajeno a su libre voluntad, y lo ha hecho acudiendo al prejuicio moral y la condena social. En esto no se diferencian en nada el catolicismo y el evangelismo del islamismo, ya que en los tres sus fundamentos relegan a la mujer a un rol secundario dentro de sus propias estructuras de fe.

¡Cuánta hipocresía! pensé al acordarme de esas voces católicas pronunciándose contra el criminal régimen que asesina mujeres en Afganistán, pero que ahora esas mismas voces se callan sobre esta abusiva injerencia que en los hechos obliga a una niña de tan sólo 11 años a continuar el embarazo forzado, que es calificado por las convenciones internacionales como una forma de tortura infantil.

Y aquí debo referirme al señor ministro Iván Lima, cuyo Ministerio lleva nada menos que el nombre “de Justicia” y que no ha dicho una sola palabra (repito: ¡una sola palabra!) sobre este atentado contra los derechos fundamentales de la niñez. Debo decir que esperé hasta hoy, viernes 29 de septiembre a mediodía, a que el señor Lima diera la cara, pero no lo hizo. Tuvieron que aparecer dos mujeres: una de manera inmediata y oportuna, la Defensora del Pueblo Nadia Cruz, para poner las cosas en su lugar y denunciar públicamente el atropello; la otra de manera algo tardía y ya cuando las cosas tomaron proporción de escándalo, la ministra de la presidencia Marianela Prada, para llenar el vacío gubernamental que dejó su colega ministro.

Aquí aparece muy claramente el daño que le hace al gobierno de Arce la presencia en su gabinete de Lima, que en vez de pensar en colaborar con el gobierno del que forma parte priorizó su devoción al Opus Dei, una prelatura ultraconservadora de la iglesia católica, opuesta a la “ideología de género” y que está en contra del avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Desde el movimiento de las mujeres organizadas seguiremos repudiando a un hombre que en vez de actuar abiertamente por el respeto a la ley haciendo cumplir la sentencia constitucional 0206/2014, guardó un silencio que no puede calificarse de otra forma que de cómplice. Lima, llevado por su obsecuencia religiosa y sus vínculos con la jerarquía católica, ha dejado en ridículo a un ministerio y en entredicho al gobierno. Ojalá el presidente Luis Arce sepa con quién está trabajando y el daño que le está haciendo.

En cuanto a Nadia Cruz, va todo mi respeto y admiración, por actuar sin ninguna dubitación y sin ataduras confesionales, aunque ella misma es creyente católica, pero sabe que primero está su obligación para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas. Ojalá hubieran más mujeres como ella en la Fiscalía y en el Gabinete.