El pasado año, un grupo interdisciplinario de expertos independientes en derechos humanos, conocido como el GIEI, dio a conocer un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis que rodeó las elecciones de 2019 en Bolivia.

El documento de 468 páginas establece claramente que las fuerzas de seguridad del Estado boliviano perpetraron «masacres» tras el golpe de Estado que llevó al poder a Jeanine Áñez en 2019. El informe incluye una serie de recomendaciones sobre el trato a las víctimas, pide que los responsables de las violaciones de los derechos humanos rindan cuentas, y denuncia la prevalencia del racismo generalizado, tanto en el Estado como en la sociedad boliviana.

El informe del GIEI ha sido bien recibido por la comunidad internacional. Fue acogido con satisfacción por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó su conclusión que «en el Estado Plurinacional de Bolivia se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas sistemáticas, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, durante la crisis postelectoral de 2019».

En concordancia a este importante informe, cuando se celebra otro aniversario de la declaración Universal de los DD.HH. es importante hablar sobre las violaciones a los derechos humanos en estos dos últimos años, marcadamente sobre las masacres y violaciones a los DD.HH. el 2019.

Hablar de derechos humanos es apuntar al propósito de defender a los seres humanos que sufren los atropellos contra su dignidad por parte de quienes hacen uso de la fuerza. Sin embargo, en Bolivia en los últimos años, notamos que la institución defensora de los derechos humanos, muestra poco o nada de credibilidad por la manera que dirige sus acciones.

Haciendo un poco de historia la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, APDHB, diremos que surgió en la clandestinidad más absoluta en tiempos de la dictadura de Hugo Banzer en noviembre de 1976. Uno de los promotores para su creación fue el P. Julio Tumiri, más tarde estuvieron Luis Espinal y Gregorio Iriarte.

Las características de la nueva organización para la defensa de los derechos humanos tenía estos componentes: Debería ser una Asamblea, es decir, una organización donde las decisiones deberían tomarse con la participación y el consenso de la mayoría del grupo, lejos de una directiva elitista.

En el proceso de la vida de quienes estuvieron al frente de la promoción de Derechos humanos, la mayor representatividad fueron dirigentes sindicales y de organizaciones populares como: mineros, fabriles, campesinos, magisterio, juntas vecinales. La participación de los partidos políticos fue mínima pero muy importante en todo lo relacionado con la información de personas perseguidas o detenidas.

El trabajo de la defensa de los derechos humanos y su promoción, no ha sido simple, los operadores que a título de activistas de los derechos humanos de éste último tiempo, han encontrado en esa institución, en algunos casos un espacio que le sirva como escalera para puestos de poder político, otros, con fines económicos.

Los que realizaron un trabajo militante y comprometido en la causa de los derechos humanos ya no están con nosotros, la figura de Luis Espinal, junto a los que desafiaron las dictaduras o regímenes que conculcaron esos derechos, esos sí merecen el reconocimiento del pueblo y permanecerán en la memoria colectiva.

A más de uno seguramente, llamó la atención la postura que asume la expresidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, quien en un cuadro de aparente dramatismo, busca llamar la atención para adherirse a otro de mayor sensibilidad por la espectacularidad del drama, hizo la expresidenta de facto al tratar de quitarse la vida hace unos meses.

Sin tratar de escandalizar ni tampoco minimizar esos hechos, nos hicimos una serie de preguntas por el accionar que cumple esa autoridad llamada a defender los derechos humanos. ¿Por qué en esa misma dimensión, la expresidenta de la APDHB no tomó posición de los que fueron atropellados sus derechos cuando centenares de personas detenidas en el gobierno de facto, no solo que estuvieron detenidas injustamente, sino que sufrieron torturas y vejámenes?

Y aún más, ¿dijo algo la señora Carvajal de los 37 muertos y de los centenares de heridos y desaparecidos en ese régimen que violó los derechos humanos en las masacres de Senkata y Sacaba, tal como lo confirma el Informe reciente del GIEI?

La institución llamada a defender, proteger y denunciar las situaciones de vulneración de DD.HH. cada día, nos demuestra una pobreza en su accionar, mucho más cuando se trata de tomar una posición clara adherida a sus principios ideológicos y políticos en casos que han significado duros atropellos a la dignidad de las personas como los que vimos en el gobierno de facto.

La realidad nos confirma hoy y demuestra que, desde su primera autoridad (¡¡quién diría!!) parece que defiende a los agresores de semejantes violaciones a los DD.HH., por su presencia en el penal de Obrajes junto a los allegados al golpe de 2019.

Toda revolución ética y moral, trastoca la realidad material y simbólica del Estado y la sociedad. Pero tal parece que algunos operadores a título de defender los DD.HH. están acostumbrados a aquella trilogía que marcó el tiempo de la dictadura hace 50 años: “Orden, Paz y Trabajo” en el sangriento golpe del septenio los principios de la dictadura banzerista.

Es muy poco lo que se observa en este tipo de instituciones como la APDHB en lo que a recuperación de la memoria colectiva se refiere para fines de sustento a la hora de hacer una correcta interpretación de los hechos vividos en el pasado producto de la conculcación de los DD.HH, tanto en tiempos de dictadura, de gobiernos neoliberales o como los que hemos vivido hace casi dos años.

Esperemos que a la hora de iniciar los juicios de responsabilidades a los culpables de los hechos violentos y violatorios de DD.HH. de 2019, no se pongan de lado de los agresores porque el pueblo, esta vez no se los perdonará!

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe