Como muletilla y hasta usado de estribillo repetitivo, cansón llevado al hastío, la frase de persecución política fue el arma que los opositores manejaron para remarcar que es el gobierno quien efectúa una sañuda persecución a líderes políticos y cívicos quienes ejecutaron con la bendición de la Iglesia católica, el golpe de estado del año 2019.

La oposición considera que por los hechos que se dieron durante el gobierno de Añez y las acciones que desarrolló el ministro de la muerte, Arturo Murillo, quien, esposas en mano, amenazaba a ‘masistas’ con cazarlos y meterlos a la cárcel, el gobierno actual desarrolla una supuesta persecución de quienes finalmente fueron actores del golpe.

Es más, consideran que es un acto de venganza por lo que se condujeron a la cárcel a solo algunas exautoridades de ese gobierno de facto, cuando a estas alturas ya debían estar detrás de las rejas, sin duda cabe, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Fernando López, Arturo Murillo y otros.

La artera maniobra de la narrativa “fraude monumental”, pasó a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las fuerzas políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora.

Corroborado por el informe del GIEI, se desmintió que nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López y que seguramente ahora se arrepiente.

La corporación mediática opositora junto a sus ‘analistas’ atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digitales antimasistas y anticomunistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, presentadores de programas televisivos, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, jamás dirán una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación”.

Esas corporaciones mediáticas, sus analistas tampoco dirán con lujo de detalles como lo hicieron en sus anuarios, que el gobierno de facto sí efectuó una persecución feroz a líderes vinculados al MAS e incluso, tenía toda la intención de eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir a “masistas” en Montero o en Yapacaní, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto.

Los medios aliados al golpismo hacen gala de la palabra Derechos Humanos cuando se refieren a la pobre Jeanine Áñez, que cada vez que tiene audiencia, hace show de parálisis en sus piernas para que la lleven en silla de ruedas y para que sus medios, muestren al mundo que es “atropellada vilmente sus derechos humanos”.

Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos fundada por Julio Tumiri, (primer presidente de la APDHB) que con esas acciones de la “monja” estaría arrepentido que la hayan elegido como “defensora de los derechos humanos” y de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado CONADE.

Con esa carnada se inauguraron Derechos Humanos VIP versus Derechos Humanos plebeyos de los que no se dijo una sola palabra desde escenarios paraestatales del gobierno transitorio como el CONADE en los que se defendió abiertamente a la Resistencia Juvenil Cochala con la participación de la republicana española Amparo Carvajal, que más parece hoy una vieja militante de la dictadura franquista.

La nueva coartada ya está en marcha y para ello, ya no andarán con el bullangero griterío de ‘persecución política’, porque ya nadie les da bola, ya que sus argumentos no convencen ni a la misma oposición, ahora tras sus fracasados intentos de desarrollar cabildos, andan con la idea de eliminar el padrón electoral y cambiar a los vocales del TSE, que para ellos son todos ‘masistas’.

Pero como no se pusieron de acuerdo para llevar adelante sus cabildos, que ya no son masivos, ni tienen la convocatoria como hace dos años, los cívicos de Santa Cruz y Potosí dicen una cosa y el CONADE de Manuel Morales dice otra cosa, por la suspensión del cabildo del 15 de enero y, como se vino la explosión del coronavirus sobretodo en Santa Cruz, tendrán que esperar unos meses para ensayar otra vez sus convocatorias a través de la siempre destemplada vocería ejercida por su mandamás Rómulo Calvo.

Estamos frente a un proceso que podría tornarse más peligroso y perverso que un golpe de Estado, si el gobierno no hace ajustes profundos a su gabinete, pero más allá de fortalecer a esa estructura en el gabinete político, es contar con una línea política para apurar los procesos judiciales a los responsables del golpe y de todas las atrocidades de ese pasado horroroso.

Pero también no descuidar la tarea de romper el cerco mediático por todo lo que esas corporaciones de medios privados aliadas al golpismo continúan en su labor de promover la confrontación violenta con sus periodistas y voceros cuyos discursos en los medios, están encaminados a generar un ambiente conflictivo proclive a los opositores.

Dejar cómo se incuba el huevo de la serpiente sin tomar decisiones y acciones, es una traición a los procesos vividos y resistidos desde la Asamblea Constituyente y la Constitución producto de ella; las duras batallas en las tomas institucionales de 2008, hasta aquellas expresiones racistas que culminaron con el golpe de 2019.

Tiene que terminar la permisividad y las componendas con los poderes económicos que están condicionando la acción de la justicia y del mismo gobierno, es pues hora de defender el Estado Plurinacional.

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe