La Conferencia Episcopal de Bolivia anuncia su próxima reunión con una agenda que prioriza el análisis político económico del país, además, de la incorporación de la pregunta: “¿Qué religión profesa?”, en el censo de población y vivienda.

La jerarquía de la Iglesia Católica boliviana ha demostrado, desde hace tiempo, su desprecio por la actual Constitución Política del Estado, no se da por enterada que el Estado Plurinacional es un Estado laico; este despreció llegó a su momento más alto cuando esta jerarquía conspiró para dar un golpe de Estado, que dejó una economía destrozada y un país saqueado.

Lo extraño es que en esta reunión y su agenda no se encuentra, como punto de análisis, el abuso sexual por parte de curas, en distintos ámbitos de su administración, casos tan comprobados que, ayer nomás un medio de comunicación daba cuenta de la detención de un cura de 52 años que violaba a una menor desde los nueve años.

Entonces ¿Cómo es posible que una jerarquía, analice, opine, y pretenda dar lecciones de moral al gobierno, apoyado con homilías todos los domingos, que hablan de moralidad, honestidad, integridad, toda una paradoja, que en el caso de Bolivia se remonta a las épocas coloniales, cuando la iglesia católica bendecía asesinatos, torturas y etnocidios.

Decíamos, ¿cómo es posible? porque esta iglesia desde su “oficialización” como religión del Estado (léase del Imperio Romano), a finales del siglo IV, no ha parado de ser un poder fáctico allá donde se lo permiten.

Bolivia, desde su fundación a tenido como actores en la política, economía y el conocimiento de sacerdotes, los colegios católicos regados en todo el país van formando la conciencia de su poder, para no dejar espacios sociales sin intervenir, ha “formado” Diáconos una especie de para-curas, de gran influencia en zonas rurales y finalmente tienen sus ONGs de apoyo al statu quo social.

En ese gran mar de poder que es la Iglesia Católica, por supuesto que existen las excepciones, un oblato como Gregorio Iriarte, un Jesuita como Luis Espinal o Xavier Albó y muchos otros y otras religiosas, que junto a mineros y campesinos dieron testimonio de vida; lejos de las conspiraciones y placeres del poder terrenal.

Es innegable la religiosidad del pueblo boliviano, basado en la espiritualidad heredada de las culturas originarias, que facilitaron las tareas de indoctrinamiento de la religión católica y de las iglesias evangélicas y protestantes. En anteriores textos hemos remarcado que los primeros cristianos están lejos de esta iglesia jerárquica y ansiosa de poder.

Volviendo al tema de los abusos sexuales cometidos por curas, que no son hechos “aislados”, nunca se ha conocido de la expulsión de alguna orden religiosa, por el contrario se ocultan los “traspasos” a otras parroquias, a otros países sin rendir cuentas a la justicia como todos los mortales, entonces esta iglesia golpista en lugar de opinar y dar lecciones de gobierno, debe ocuparse de los pederastas que cobija, del daño que ocasionan y de la doble moral que como cuerpo institucional tiene.

En la relación Estado-Sociedad, las actuales autoridades colaboran para mantener esa situación ambigua, al momento de defender o poner en práctica el Estado laico. Inauguran obras con misas o bendiciones, auspician fiestas religiosas como Urkupiña, el Gran Poder, hasta la policía tiene su “virgen” que no les protege de la corrupción y el delito.

Estos hechos son la evidencia que parte de lo escrito en la Constitución Política del Estado es letra muerta; por lo que es legítimo desconfiar del propio gobierno que no define si está con los obreros, pueblos originarios, sectores populares o con los racistas, empresarios depredadores y con la injusticia que camina junto a la jerarquía de una iglesia farisaica.

*Camilo Katari, es escritor e historiador potosino