Nuevamente una operación conjunta de Juntos por el Cambio, la CIA, el MOSSAD, el Poder Judicial y los grandes medios de comunicación, lesiona la democracia y la institucionalidad en nuestro país.

La bochornosa detención de la tripulación del avión de EMTRASUR y la retención de la aeronave dejan en descubierto la gravedad institucional a que nos someten EEUU, Israel y sus socios autóctonos.

El acatamiento por parte de jueces argentinos a disposiciones políticas emitidas desde Washington significa una grave lesión a la soberanía nacional. Aceptar las decisiones políticas y legales de EEUU, de carácter absolutamente extraterritorial, marcan la sumisión de uno de los poderes de la República a un país extranjero y con ello debilitan al gobierno nacional.

Los soeces argumentos esgrimidos sobre el presunto transporte de cargamento prohibido o ilegal, o la denuncia de una ONG sobre la “posible comisión de un delito de cargamento ilegal” o las denuncias de Juntos por el Cambio sobre que este avión y su tripulación podrían representar una amenaza terrorista para Argentina, muestran descaradamente la vigencia de los mecanismos complejos de lawfare que afianzaron el expresidente Mauricio Macri y su gobierno.

Ninguno de los tripulantes – 14 venezolanos y 4 iraníes – tienen pedido de captura internacional, según lo informado por Interpol. Sólo pesa sobre ellos una clara persecución política por sus nacionalidades.

El juez federal de Lomas de Zamora, Dr. Villena, luego de rechazar el Hábeas Corpus a favor de la tripulación, toma la decisión de realizar una nueva inspección del avión y de la caja negra del mismo (sólo se efectúan en casos de accidentes de aviación). Estas medidas son abusivas, ya que no existe delito, causa, ni irregularidad alguna que las justifique. Es grave, también, que la DAIA y la AMIA se hayan presentado como querellantes y que hayan sido admitidas por el juez, aún cuando no existe acusación ni proceso penal alguno contra los tripulantes.

Sin embargo, estos mismos jueces y medios de comunicación no actúan investigando y denunciando la fuga de capitales y el endeudamiento fraudulento del gobierno de Cambiemos, ni tampoco el contrabando y lavado que se materializa en los puertos privados de nuestra Patria, mucho menos lo que año tras año se transporta por las vías fluviales (especialmente en el Río Paraná). Nada de esto ocupa a uno de los poderes de la República.

Exigimos la inmediata devolución de los documentos secuestrados ilegítimamente. Demandamos la liberación del avión venezolano con toda su tripulación. Denunciamos la acción del Poder Judicial, los medios hegemónicos de comunicación y de Juntos por el Cambio, que aliados con Washington, el MOSSAD y la CIA ponen en riesgo la estabilidad institucional, violando flagrantemente la autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos y el derecho internacional.

La República Bolivariana de Venezuela y su gobierno, presidido por Nicolás Maduro Moros, son aliados estratégicos para la integración emancipadora de la Patria Grande. Por lo tanto, expresamos nuestra solidaridad con Venezuela, su pueblo y su gobierno, ante este ataque perpetrado en su contra, organizado desde Washington y ejecutado en Argentina.

Rosario, 18 de junio de 2022