El Tribunal Constitucional Plurinacional ha ordenado que los jueces apartados de sus funciones por liberar a violadores retornen a sus cargos. Un Viceministro, en una “Escuela de Formación política”, insulta de la manera más soez a la Alcaldesa de la ciudad de El Alto.

Esa expresión de una autoridad nacional, no creemos que sea como él trata de justificarse como “malinterpretado por los medios”, es la demostración de quien maneja el poder utilizando adjetivos, denigrantes como llamarla “loca” a una autoridad que ganó con más del 80 por ciento en esa ciudad.

Lo señalado líneas arriba, no son ciertamente datos para incluir en el “Año de la Despatriarcalización” que ha quedado en una muy buena intención, pero desmentida por un servidor público del gobierno.

No es ningún descubrimiento constatar, una vez más, el carácter colonial-patriarcal del Estado boliviano. En el transcurso de pocos días una ex dirigente cívico del Municipio de Warnes hizo gala pública de su racismo, la violencia generada por los racistas de la “juventud cruceñísta”, ha destrozado el rostro de una persona que se debate en un estado de coma y otro ciudadano con iguales daños, por la golpiza brutal que recibieron cuando fueron obligados a someterse al capricho de un gobernador, con serios problemas psicológicos.

Todos estos hechos, configuran un atentado a los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, y no hemos percibido ninguna reacción del gobierno que tiene la obligación de proteger esos derechos constitucionales.

Hace tiempo que los preceptos del “Vivir Bien” han sido encajonados en algún lugar de difícil acceso, la debilidad política y la dubitante acción de un Ministro de gobierno, le restan la credibilidad a un gobierno que predica y no practica.

Los alardes patriarcales no son nuevos en la política boliviana, siempre fueron la base del discurso conservador y también, como queda demostrado, de la “izquierda” boliviana, la colonialidad no hace diferencia se encuentra instalada en todas las neuronas de bolivianos y bolivianas. Bien sabemos que los procesos descolonizadores tienen periodos muy largos, que en el caso boliviano no ha comenzado.

Los intentos de una Reforma Educativa, descolonizadora, han sido vanos. El espíritu colonial de la burocracia del Estado, está siendo desnudada cada semana por una activista anarquista-feminista (según su propia definición) empero la vida en Bolivia transcurre en el marco de una aparente “tranquilidad” que encubre las raíces violentas que ha dejado el patriarcado.

Es muy común en Bolivia, escuchar del “machismo”, producto del alcohol, lo que permitió durante siglos, la violencia contra la mujer, naturalizando esta violencia denominada como “sentimental”.

Por otra parte, cuando se habla de “avances” en los derechos de la mujer para una vida libre de violencia, se hace referencia a las leyes, que no se aplican o que finalmente son quebradas por jueces corruptos, que retornan a sus cargos, gracias a la fragilidad del armazón judicial que permite el uso de triquiñuelas legales para justificar conductas abyectas en el sistema de justicia.

El denominado “socialismo comunitario”, que se supone es el basamento ideológico del gobierno, parece que no tuvo una propuesta para una real transformación del Estado y sus instituciones como el denominado poder judicial.

El golpe de noviembre de 2019 también ha demostrado que no se realizaron los cambios pertinentes en las instituciones protectoras del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas.

Esperamos que a partir de esta contradicción entre el decir y el hacer, respecto al respeto de los derechos de las mujeres y poner fin al acoso político, también sea una reflexión global del proceso interrumpido en 2019.

Los estrategas políticos conocen las consecuencias de un error táctico y el Viceministro se autoidentifica con esta ocupación y, como dijo el señor Maquiavelo: “No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas”.

*Camilo Katari, es escritor e historiador potosino