Esa noche del domingo 20 de octubre de 2019, el rumor de un supuesto fraude electoral se desperdigó como reguero de pólvora por toda Bolivia. Ese rumor tenía una fuente: Carlos Mesa, candidato opositor que ante el corte intempestivo de la Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) —esos datos eran solamente referenciales, sin ninguna vinculación legal— desconocía esos resultados extraoficiales y convocaba a la ciudadanía a “defender el voto” ante el “fraude descomunal” que el gobierno de Evo Morales había montado. Acto seguido, ese llamado desembocó en la quema de varios tribunales electorales.

Aquella ciudadanía que se volcó a las calles dizque en resguardo de su voto y, por lo tanto, en “defensa de la democracia”, ya estaba predispuesta a actuar ante un posible fraude. Semanas antes de los comicios nacionales, la narrativa del fraude se posicionó en la agenda de los medios del establishment, donde se presagiaba a los cuatro vientos: el fraude electoral. Ciertamente, al unísono de los políticos opositores al gobierno de Evo Morales, estos medios estaban avivando la atmósfera predisponiendo, especialmente a los sectores medios urbanos, a la acción movilizada frente a una eventualidad de fraude; posteriormente, durante 21 días se desarrolló esa cruzada “en nombre de la democracia” que, paradójicamente, decantó en un golpe de Estado. El guion se cumplía a rajatabla.

Ese es un ejemplo del accionar de aquellos medios conservadores que buscan desestabilizar a los gobiernos progresistas. “Así se conspira el Estado profundo contra la democracia”, frase que está en el último libro de Pablo Iglesias titulado Medios y cloacas, en el cual analiza y desmenuza la putrefacción del sistema mediático en España, pero es fácilmente extrapolado a otras latitudes, especialmente donde hay gobiernos populares en América Latina.

Obviamente, los mass media del establishment hoy son parte insoslayable de esa estructura conspirativa, inclusive de las derechas más recalcitrantes que apelando a las fake news pretenden derribar gobiernos democráticos o contribuir a proscribir a líderes del progresismo (vgr. Cristina Fernández). Entonces, se convierten en cloacas mediáticas que operan no solo como medios de guerra, sino como testaferros políticos que, además, con un desparpajo se escudan en la idea de la “libertad de prensa”, donde dicen que son el sostén de la democracia, pero, en última instancia, defienden sus intereses empresariales y familiares.

Estas empresas periodísticas en sus páginas se llenan de un discurso neoliberal recalcitrante, pero cuando sus intereses son afectados por la dinámica del mercado, acuden, irónicamente, al Estado para que les salve de sus quiebres y sus columnistas vociferan para que todos paguen sus impuestos; pero cuando el Estado les pide a estas empresas por sus deudas impositivas, utilizan sus páginas para denunciar que son víctimas de un asedio tributario y, por lo tanto, con una ligereza que asusta, dicen que es un complot contra la libertad de prensa.

Hoy piden publicidad estatal para que en “nombre de la democracia” sigan operando como agentes opositores difundiendo fake news. Son los mismos que en noviembre de 2019, haciendo eco al discurso golpista, dijeron en sus titulares: las masacres, tanto de Sacaba como de Senkata, eran “enfrentamiento”, “las víctimas se habían disparado entre ellas” o “querían hacer explotar los almacenes hidrocarburíferos”. Son los mismos de la tramoya discursiva: existió sucesión constitucional enmarcada en la Carta Magna, solo para justificar el golpe de Estado. Puro cinismo periodístico.

Yuri Tórrez es sociólogo.

Fuente: La Razón