Desde la ruptura constitucional del 2019, una gran cantidad de instituciones que otrora tuvieran un rol de ser mediadores que contaban con  respeto, reconocimiento y sobre todo validez para ejercer dicho rol, han quedado descartadas por convertirse en actores políticos que apoyaron a que se consolide el Golpe de Estado del 2019 y que en la actualidad podrían ser funcionales a la tarea de desestabilización que con un matiz político en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz grupos elitistas llevan adelante.

La línea a manejar será el uso del Censo como  operación de “falsa bandera” para desestabilizar el país, esto tiene su fundamento en que la Gobernación es la única institución que está en contra de que se realice el 2024,  impulsando una campaña de perjuicio a la economía, imponiendo un paro a todo un departamento, del cual, del total de sus 54 municipios, únicamente 7 responden a la sigla del señor Camacho (CREEMOS) y  los demás municipios se dividen entre el MAS, Demócratas y otros partidos u organizaciones políticas pequeñas.  

Esto significa que apenas el 13% de municipios responderían al líder de su partido en esta cruzada, (los demás partidos opositores al MAS toca analizar cuál será su línea en cuanto a esta temática), pero algo es cierto, que amparados en esta medida de presión que ha demostrado que no tiene sustento técnico y que tiene un fin político, a mediano plazo pasa de convertirse en consigna transitoria para transformarse en una demanda de ”respeto a los derechos humanos”, me explico, al ser paros violentos, impidiendo la libre circulación y perjudicando la economía de la persona que viven del día a día, dentro de poco creará peleas entre esas dos clases sociales vigentes (esto es inevitable y ya lo estamos viendo) en dicho departamento, e incluso jalando a mediano plazo a esa clase media ascendente al conflicto al ver sus ingresos afectados, creando violencia y que obligará a la policía dependiente del Gobierno Nacional a tomar acciones y eso es lo que desea Camacho, intervención, buscando un muerto “cívico-camba-patriota-religioso”, para iniciar una demanda de respeto a “derechos humanos” movilizando a los interlocutores que él desea que participen para poder llevar a su lado a esa masa conservadora religiosa que tiene el departamento y no únicamente a ellos, puesto que para no desacreditarse los demás municipios opositores a nivel nacional de capitales de departamento que aceptaron censo el 2024  se sumaran a esta pseudo petición por derechos humanos, creando movilizaciones de la sociedad civil que desde hace años maneja ese falso discurso de “autoritarismo”, que será amplificado por medios de comunicación que responden a élites, porque como hemos visto un muerto en el paro del sector de la población que desea trabajar poco o nada importa a los medios de comunicación que responden a élites, como ejemplo recordemos los enfrentamientos del 2011 en Cochabamba, el caso Christian Urresti contra los campesinos asesinados y la cobertura otorgada.

Se deben impulsar interlocutores que contrarresten la balanza en cuanto a representatividad y sobre todo validez, ya que en un Estado Laico la Iglesia Católica ha jugado rol político a favor de élites, por cuanto debe tenerse una balanza entre lo que la Iglesia desea “meter su nariz” y otros “organismos” que puedan equilibrar los actos de dicha institución que de por sí ya está desprestigiada.

Ya la lucha no será por “Censo 2023”, cambiará la consigna cuando Camacho consiga un “muerto Cívico”, pasará a ser una “lucha por Derechos Humanos” que apoyarán municipios opositores de Cochabamba- Cercado y La Paz; lucha por derechos humanos que no tuvieron los compañeros de Huayllani, Senkata, Montero, Pedregal y que jamás fue difundida por medios de comunicación y menos defendida por los jerarcas de la Iglesia Católica.