La estrategia política definida por las derechas desde que fueron desplazadas del Estado por la voluntad soberana del pueblo en 2005 hasta el presente, se ha concentrado en planificar y desarrollar acciones de desestabilización al Gobierno democrático.

Las derechas no lograron hasta ahora constituirse en oposición política en el sentido republicano de la democracia representativa que norma la organización y elección de los poderes constituidos, nuestra democracia privilegia a las organizaciones políticas como sujetos para disputar la titularidad del Ejecutivo y su presencia en la Asamblea Legislativa, es decir, son la institucionalidad de la democracia representativa. Pero contrariamente a esta afirmación, las derechas lograron como máxima ser solo sigla electoral, participar en elecciones y luego diluirse como organización poselecciones, para cubrir este vacío crónico se autodefinen por defecto como oposición porque no representan una visión alternativa de gobierno, sino solo porque no son parte del oficialismo.

Este déficit no es una simple formalidad, es un hecho estructural, porque determina la política por los suburbios de la democracia y las derechas empiezan a ser el lumpen del sistema político, naturalizan en su yo colectivo prácticas antidemocráticas propias de la ultraderecha.

La desestabilización es el método utilizado recurrentemente contra gobiernos de izquierda y progresistas en el continente durante décadas, que derivó en golpes de Estado, por ello no es un tema aislado o reciente, sino la normalidad aceptada públicamente por las principales autoridades del Departamento de Estado de los EEUU.

De facto —2006— las derechas se vieron forzadas a constituir un comando político que debía tener imagen, autoridad y ser centro de cohesión, el eje se articuló en un trípode cívico, mediático y político (prefectura). Un liderazgo empresarial de ultraderecha —Branko Marinkovic— subsumió, al amparo del comité cívico, a todas las derechas dispersas e impuso la estrategia de la desestabilización. En este primer momento (2006-2009) tenían el control de siete de las nueve prefecturas, mayoría en la Cámara de Senadores, organizaron y desplegaron grupos parapoliciales de amedrentamiento y presión constante, recurrieron a la utilización del regionalismo no pro camba, sino anticolla, es decir un regionalismo identitario a partir de visibilizar al enemigo racialmente; impulsaron, con la complicidad señorial blancoide sucrense so pretexto de la capitalía, el enfrentamiento entre dos departamentos para hacer fracasar la Constituyente; simultáneamente, por el control político que tienen en las prefecturas, impusieron a las cortes electorales departamentales de la media luna referendos anti e inconstitucionales sobre la autonomía; utilizando su mayoría en el Senado, aprobaron el referéndum revocatorio contra el Presidente, el bloqueo de caminos, la voladura de ductos y el golpe cívico prefectural que fue precedida por la masacre de El Porvenir en septiembre de 2009.

El triunfo que obtuvieron en el 21F no fue considerado por las derechas como posibilidad de triunfo en 2019, por ello que la estrategia partió por invalidar el evento democrático descalificando a los miembros del tribunal electoral, anular el triunfo del presidente y candidato indígena posesionando en el ideal urbano el “fraude” con la complicidad deliberada de los medios de comunicación. Es el tiempo en que la desestabilización se transforma en conspiración y deriva en el golpe.

En 2020, las derechas viven múltiples derrotas: pésima gestión del gobierno de facto; Áñez, una caricatura electoral —tuvo que renunciar—; Mesa y Camacho, catástrofe electoral, lo que lograron con la violencia y el golpe lo perdieron por la sentencia democrática del pueblo.

La imagen que grafica a las derechas urbanas —ante su derrota democrática— es la manifestación grotesca antidemocrática de implorar orando de rodillas ante los cuarteles para pedir que los militares impidan que jure en la presidencia lo que el pueblo eligió soberanamente.

Ahora recurren a la misma estrategia de la desestabilización, utilizan al Censo como consigna de chauvinismo regionalista para forzar el paro a través de la violencia discursiva, simbólica, social, política y racial como acto desesperado para autovalidarse como titulares y no como líderes del establishment de la cruceñidad, motivando el enfrentamiento como manifestación política propia de las desestabilizaciones en todo tiempo contra el gobierno democrático indígena, popular y de izquierda.

Utilizan la fraseología: democracia, libertad, derechos humanos, como justificativo discursivo, sus actos son el testimonio antidemocrático, conspirativo y violento que sintetizan su esencia: la desestabilización.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda