En cualquier parte del mundo un Censo de Población y Vivienda, permite recabar los datos demográficos, sociales y económicos como base para evaluar los avances obtenidos en el periodo intercensal y proyectar las tendencias base de la planificación en el largo plazo, por tanto, requiere contar con condiciones técnicas apropiadas para su implementación ¿Cómo es posible entonces que un tema de este alcance se constituya argumento de la crisis política que experimenta hoy Bolivia?

La discusión respecto a la fecha del censo contó con una amplia participación de la representación territorial del país mediante los gobiernos municipales, las autonomías indígenas, las gobernaciones de cada departamento y universidades, expresiones democráticas y técnicas que en sucesivas reuniones efectuadas desde el mes de julio evaluaron los avances y limitaciones para la ejecución de un censo, acordando que la fecha de su implementación debe responder a la generación de condiciones técnicas adecuadas. Sólo la gobernación de Santa Cruz, bajo la dirección de Fernando Camacho eludió su participación en estas instancias y manifestó su desacuerdo.

La convocatoria a paro indefinido en Santa Cruz bajo el discurso de postergación de la recepción de recursos provenientes de los ingresos tributarios ha sido reconocida por el gobierno con una propuesta de redistribución anticipada, sin respuestas positivas de los movilizados. El paro se caracteriza por una afectación e imposición violenta de su acatamiento a las masas populares y una amplia flexibilidad a los grupos empresariales para quienes la continuidad de sus actividades productivas y comerciales está garantizada, no por el Estado, sino por sí mismos mediante su representación en el llamado Comité Cívico de Santa Cruz (cabeza institucional del conflicto), de cuya hegemonía se han asegurado en sus mecanismos de representación interna.

La demanda respecto a la fecha del censo, no es más que la excusa para una asonada en la que se halla empeñada la oligarquía cuyo sector más retrógrado logra coyunturalmente imponerse respecto de otros más moderados a su interior.

Las condiciones de la crisis económica que afecta al sistema capitalista, agudizadas por la pandemia, han llegado a los grupos oligárquicos del país que conscientes de una reducción de su tasa de ganancia, buscan desesperadamente hacerse del poder político para frenar los procesos de redistribución del ingreso que el Estado bajo el gobierno del presidente Arce ahora y de Evo Morales en el pasado, vienen implementando en el proceso de cambio a favor de las mayorías populares; más aún en este periodo en el que el destino de uno de los recursos naturales con mayor prospectividad para el país se encuentra en desarrollo: el Litio. La apropiación de la renta pública y el saqueo de los recursos naturales ha sido la práctica que históricamente ha constituido y fortalecido a la oligarquía boliviana caracterizada por su carácter parasitario.

En el corto plazo, su objetivo es el debilitamiento de la economía nacional con la menor afectación posible a sus intereses. Las presiones artificiales al incremento de precios y desabastecimiento de productos de la canasta familiar, vía acatamiento forzado del paro por parte de los productores, busca generar un imaginario de desesperanza en la población y condiciones para la asonada en marcha. Hasta el momento, no lograron propagar físicamente el conflicto al resto del país, sin embargo, es pública la rearticulación de los grupos retrógrados que protagonizaron el golpe de estado del 2019 en torno a la movilización oligárquica y el despliegue de una amplia campaña mediática de control y generación de un sentido común colectivo afín a sus objetivos.

Denunciamos que estos grupos oligárquicos buscan el derrocamiento del gobierno vía el desgaste que permita un acortamiento de mandato del presidente Arce o la asunción directa del poder político por la fuerza de un nuevo golpe de estado. Este es el momento en el que las fuerzas populares deben extremar esfuerzos para una respuesta unitaria que permita parar la aventura desestabilizadora a fin de precautelar los avances obtenidos durante los años de gobierno popular a la cabeza del MAS. Los Intereses individuales y cortoplacistas de niveles dirigenciales solo debilitan la respuesta popular articulada. El devenir del conflicto no es sólo del gobierno en un ámbito técnico, por lo que debe actuar articulado intrínsecamente el movimiento popular, a las organizaciones sociales que son el sustento del proyecto político del proceso de cambio.

¡¡¡Patria o Muerte, Venceremos!!!
La Paz, 9 de noviembre de 2022.