El dicho popular “limpiarse la boca antes de haber comido” denota la actitud de desear antes que actuar. Es la posición tomada por el Comité Cívico de Potosí, la comunidad de Coroma y la propia Gobernación que —en competencia— formulan, cada una, su propuesta de ley para aumentar la regalía por la extracción del litio.

La regalía es una compensación por la extracción de un recurso natural no renovable; en nuestra legislación beneficia al departamento y los municipios donde se ubica el yacimiento a ser explotado. Viene de una vieja práctica para captar recursos: antes fue el gravamen que cobraba la corona española a los encomenderos para beneficio propio, luego fue el impuesto que pagaban al Estado los que pedían una concesión; al crearse las empresas públicas productivas YPFB y Comibol, los beneficiarios fueron las regiones. En el periodo neoliberal se suprimió la regalía y se creó el Impuesto Complementario, como parte del Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Es un derecho justo, pero insuficiente para resolver el problema del atraso de los departamentos.

El departamento de Potosí recibió $us 134 millones en 2021, es el departamento con mayor índice per cápita por este ingreso, sin embargo, la Gobernación, como antes las prefecturas, no tiene la visión de los problemas del atraso y la pobreza, su labor se concentra en obras decorativas. Al no existir un plan de desarrollo departamental, los recursos son botín de las presiones locales. Es loable —y necesario— que las regiones se preocupen de su desarrollo, que busquen ser los protagonistas, de eso se trata cuando hablamos de democracia participativa, pero quién representa legítima y legalmente a las regiones son los gobiernos departamentales. Por lo tanto, hay que fortalecerlos y no ignorarlos, disminuirlos y hasta sustituirlos, son estos los que deben planificar el desarrollo integral de todo el departamento.

Históricamente fue Santa Cruz el que peleó por el 11% de regalía departamental por la explotación del petróleo. Un análisis de su impacto muestra que la acumulación original del capital para el desarrollo cruceño no surgió de estos recursos sino de la política del Estado central con base en el plan Bohan, que viabilizó el MNR con su política de diversificación y vertebración. La regalía solo permitió la creación de una élite burocrática. De hecho, para el potenciamiento de la industria petrolera, fue la Comibol que transfirió recursos para la expansión de los oleoductos al mercado nacional, abriendo un mercado para la provisión de productos como el arroz, azúcar, carne y aceite, con precios monopólicos. Fue el plan de colonización desde el Estado que trasladó mano de obra altiplánica para dominar zonas “malignas” e incorporarlas al sistema productivo agrícola. ¿Qué se hizo con las regalías?

La magia de los recursos naturales no está en su explotación sino en su transformación. La creación de nuevas fuentes de trabajo en la fundición e industrialización tiene un enorme impacto regional; la transformación agrega valor al producto, de tres a 10 veces, según el destino final. Por eso las regiones deben pelear por la industrialización. En el caso del gas se ha avanzado con la fábrica de urea y amoniaco y su cadena es amplia. El próximo paso tendría que ser los polímeros, plásticos, recipiente esencial para las baterías.

En el caso del litio su transformación en baterías implica la creación de 30 emprendimientos productivos, donde la participación del litio es menor al 1%. La mayoría de estos establecimientos debieran ubicarse en Potosí para la dotación de cobalto, cobre, etc.

Para ser viable, un proyecto tiene que considerar muchos aspectos, ya que uno de ellos puede inviabilizar la propuesta, por eso los promotores de la ley debieran conocer a profundidad el proyecto madre de la transformación del litio —si es que desean su realización— y no solo hacer bandera de una aspiración regional.

Son muchos los intereses que quieren inviabilizar el manejo del litio en manos bolivianas: desde los países industrializados que solo quieren que nos quedemos como proveedores de materias primas, para lucrar ellos con los beneficios de la industrialización; los intereses políticos que descalifican los avances logrados para presentarse como salvadores; los intereses empresariales que buscan meter su cuchara para sacar su tajada; los intereses burocráticos que desde la función pública buscan su parte.

Con muchas dificultades, hace más de 10 años, el país ha iniciado la aventura de encarar la explotación e industrialización del litio, se ha avanzado en un proyecto aprobado por el Estado, aunque su ejecución ha sufrido de una serie de zancadillas, de propios y extraños. Su ejecución inicial, con la producción de 15.000 TM de carbonato de litio al año, habría significado un ingreso para el país de $us 1.500 millones. Basta de cuestionamientos.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero