Sin rubor alguno se anuncia la privatización de Mallku Khota. Coincidencia extraña. Comunarios del Ayllu Sullk’a Jilaticani, quienes hace 10 años pidieron la expulsión de la empresa canadiense South American Silver, la Federación de Mineros, que aplaudió la nacionalización y los ejecutivos de la Comibol que, alborozados, asumieron el reto. Claro que no son las mismas personas, pero ¿no hay una política institucional? ¿Los preceptos constitucionales han cambiado?

El 1 de agosto de 2012 se dictó el DS 3108, por el cual se revierten las concesiones a favor de la Comibol, encargada de llevar adelante las tareas de prospección, exploración y explotación de la mina; inmediatamente asumió la responsabilidad de contratar a 120 trabajadores que dependían de la transnacional. Desde esa fecha la Comibol ha erogado más de $us 5 millones en sueldos, que están nivelados al mínimo nacional; las labores han sido de la construcción de caminos, campamentos y labores de exploración. Actualmente no hay una valoración del yacimiento, menos un proyecto definido. Por otro lado, la South American Silver, en un juicio, logró una compensación de $us 19 millones, arguyendo que tenía concluido el proyecto a diseño final; tampoco se conoce oficialmente de este proyecto, que estaría listo para su ejecución.

En este periodo la tendencia ha sido mostrar que la Comibol es incapaz de emprender actividades productivas. Sin acceso al sistema financiero, limitada en la contratación de personal calificado —no pueden ganar más que el Presidente— obligado a contratos temporales de obreros y técnicos, con gastos programados cada mes, cuando los procesos son largos, sin un cuerpo técnico con capacidad de diseñar proyectos de gran envergadura, sin un sistema de compras ágil y oportuna, han convencido a propios y extraños que la Comibol es incapaz, la misma conclusión neoliberal que se impuso con el 21060. La burocracia se solaza buscando ingresos de las rentas del yacimiento —vía contratos— antes que asumir el riesgo de la inversión. Logró su acometida.

Esta lógica niega que las instituciones están hechas según los objetivos que se plantean y olvida que el modelo económico productivo requiere transformar el andamiaje heredado para responder a los nuevos tiempos. Hace falta pues, una empresa diseñada con una dirección estratégica y un cuerpo ejecutivo eficiente para llevar las tareas encomendadas, que demuestre eficiencia y transparencia, un conjunto de normas que permitan un accionar oportuno y pertinente en cada momento de la actividad productiva, una labor empresarial que deseche otras actividades al margen de la producción, cumpliendo el horizonte político de la liberación nacional.

No es que se ignora este principio, al contrario, el proceso de cambio ha elaborado normas para la transformación de las empresas estatales a partir de los objetivos constitucionales: la Ley de Minería y la Ley de Empresas Públicas, que han sido descalificadas antes de ponerlas en práctica, estrategia efectiva para evitar que las cosas no cambien. Así el problema fundamental de la minería es la informalidad de sus actividades y la inexistencia de una empresa estatal que incida en el modelo productivo, social y comunitario, cuyo objetivo es la agregación de valor de las materias primas con la fundición y su transformación en productos de consumo, la industrialización.

El caso de Mallku Khota no es el único, se conoce por la prensa también el de Canutillos, comprometida con la canadiense Alcira, Amayapampa con la china Phoenix Mining, colas y arenas Catavi con Gondwanaland S.A. Los contratos citados tienen como rasgo común que no fueron adjudicados en un proceso de licitación internacional, sino fueron inducidos por los futuros adjudicatarios. La modalidad es del alquiler de la mina, con una participación mínima —peores que los contratos neoliberales— y se excluye a la Comibol de las funciones de fiscalización y participación. Este engendro — por lo monstruoso— no ha podido superar el filtro del Ministerio de Minería, ni menos de CONAPES, para convertirse en ley, la seguridad jurídica exigida por los privados. Sin embargo, han comenzado las operaciones y las ofertas de acciones en la bolsa se popularizan.

En analogía, la Comibol ha hecho inversiones en estos yacimientos. En Amayapampa por cinco años se mantuvo una planilla de 200 trabajadores, es una mina de oro evaluada y de gran rendimiento; en Canutillos se realizaron labores de exploración con grandes resultados, en Colas Arenas Catavi se evaluó el yacimiento y se elaboró un proyecto que da como resultado un costo de producción de $us 4 por libra fina de estaño, cuando en el mercado vale $us 11.

Como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, el saqueo del país continúa.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.