Después de la derrota que sufrieron los ejes oligárquicos en Santa Cruz  con su petición de Censo,  quienes en esta ocasión no tuvieron capacidad de articularse a nivel nacional, ya que mostraron a todo el país  que solo responden a los intereses de unos cuantos y de sus élites, se dieron cuenta de que sin recursos proveniente de Ítems Fantasmas,  evasión de impuestos al tener empresas “offshore” para las ollas comunes, sus “paros” son total fracaso, es posterior a esto que comienza una campaña de blanqueamiento  de  todos los delitos, que estos delincuentes impulsaron en poco tiempo y que ahora lo llaman “persecución política”.

Esta campaña de blanquear los delitos cometidos durante los días de conflicto en Santa Cruz muestra la línea discursiva que partirá desde medios privados como “El Deber” señalando como “persecución política” a los actos delictivos que van desde daño económico al Estado, sedición, hasta asesinato. Todas estas acciones serán movilizadas conjuntamente por todos los medios de comunicación privados y opositores, que responden a intereses privados, quienes muy posiblemente tengan relaciones comerciales con las élites de Santa Cruz, que son quienes impulsaron en conjunto con el Gobernador y comité cívico los delitos previamente señalados.

¿Qué se debe hacer a partir de esta situación? Debe realizarse una campaña de comunicación nacional exponiendo que lo que sucedió en Santa Cruz fue violación de derechos humanos por parte del Comité Cívico y el Gobernador de dicho departamento, debe mostrarse que se perdieron vidas, debe mostrarse que hubo autores materiales e intelectuales del terror que se vivió en ese departamento y que propiamente lo que sucedió allá debe ser sancionado, ya que nadie puede impulsar la división del territorio nacional por el capricho de unos cuantos, que históricamente han considerado que Santa Cruz sigue siendo su rancho y la población sus pongos.

Debe evaluarse la relación comercial con medios de comunicación que estén impulsando el “blanqueamiento” de los delitos del Comité Cívico y del Gobernador, que lo camuflan como “persecución política”. Debe el Gobierno Nacional adueñarse de la reforma de la justicia e impulsar mecanismos más eficientes para dar sanciones por todos los delitos señalados, exponiendo ante la población nacional que estas acciones no pueden quedar impunes.

Por la dinámica de lo sucedido en Santa Cruz se podría incluso hablar de crímenes de Lesa Humanidad, ya que estos se definen como delitos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, los cuales fueron cometidos y ejecutados por grupos irregulares por instrucciones del Comité Cívico y el Gobernador de Santa Cruz, estos delitos por su constitución son imprescriptibles y entre algunos de los cuales fueron detectados desde hace mucho tiempo (desde el periodo de separatismo con la ‘media luna’, hasta este último conflicto) están:  asesinato, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género y esto se comprobó en las agresiones de la Unión Juvenil al pueblo ayoreo, a militantes del MAS y a organizaciones sociales, de las cuales fueron incendiadas y destruidas sus sedes, estos son algunos casos detectados de manera sencilla por parte de mi persona, que no es abogado, seguramente hay muchos más hechos impulsados por autores intelectuales que están en el anonimato, los cuales deben ser sancionados y que si los procesos de sanciones de estos crímenes los hubiéramos iniciado desde el 2009 cuando se dio el movimiento separatista capaz habríamos tenido sentencias en el 2019 previo al golpe, dando un claro ejemplo a los movimientos violentos.